Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2026.- La Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales del Estado de Michoacán (USOSEM ) condena enérgicamente la grave amenaza e intimidación cometida contra uno de nuestros compañeros y su familia.
Los hechos no pueden minimizarse ni presentarse como un incidente común. La irrupción de personas armadas en su domicilio, la exigencia específica de entregar sus teléfonos y revelar sus claves, y el mensaje reiterado para que redujera su participación constituyen elementos que obligan a investigar si la agresión estuvo relacionada con su actividad social y gremial ya que participa en el trabajo de nuestras redes sociales.
La intimidación no sustituirá al diálogo
Esta agresión ocurre en un contexto que no puede ignorarse. La CRTM ha señalado de manera abierta, pacífica y pública —en sus redes sociales, ante los medios de comunicación y mediante mensajes exhibidos en sus propias unidades— las afectaciones derivadas del Morebús y de los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como la tala de árboles, la alteración de vialidades y el impacto económico sobre el transporte concesionado.
No hemos actuado en la clandestinidad ni fuera de la ley. Hemos ejercido nuestro derecho a informar, disentir, organizarnos y exigir cuentas. Si la autoridad decidió cerrar los espacios de diálogo, no puede pretender que también renunciemos a la denuncia pública. Cuando se clausura la interlocución y después aparece una amenaza para que un compañero baje la voz, el Estado tiene la obligación reforzada de protegerlo y esclarecer plenamente los hechos.
Responsabilidad política del Gobierno del Estado
La CRTM sostiene que esta intimidación no puede separarse del clima generado por el propio Gobierno del Estado frente a nuestras denuncias. Por ello, señalamos como responsables políticos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quienes conocieron nuestras inconformidades, cerraron el diálogo y permitieron que las exigencias legítimas del transporte fueran respondidas con descalificación, exclusión y presión.
Los responsabilizamos públicamente de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de cada integrante de la CRTM y de USOSEM y de sus familias. Si después de esta denuncia ocurre cualquier agresión, represalia, hostigamiento o daño contra alguno de nuestros compañeros, esa omisión de protección deberá ser explicada y asumida por las autoridades señaladas. No aceptamos que se pretenda callarnos después de que el propio gobierno canceló la interlocución y se negó a transparentar proyectos que afectan nuestro trabajo y patrimonio.
Proyectos sin información suficiente ni viabilidad demostrada
Nuestra oposición no es a la modernización. Nos oponemos a que se impongan obras y sistemas de transporte sin entregar a los concesionarios los proyectos ejecutivos, estudios de demanda, análisis técnicos, financieros, operativos, ambientales y jurídicos, mapas de afectación, mecanismos de integración y medidas de mitigación. Sin esos elementos no existe un diálogo informado ni puede demostrarse que las decisiones sean viables para la ciudad, los usuarios y quienes actualmente prestan el servicio.
En el caso del Morebús, la incertidumbre ya produce consecuencias reales. Aproximadamente mil unidades que atienden el área poniente de Morelia enfrentan afectaciones por obras, cierres y modificaciones viales. De esa actividad dependen cerca de tres mil familias entre concesionarios, operadores y trabajadores vinculados al servicio y de igual manera ha sido perjudicado el usuario. No son cifras abstractas: son empleos, ingresos y patrimonios que no pueden sacrificarse por decisiones adoptadas sin participación efectiva ni certeza sobre su futuro.
El USOSEM exige que el Gobierno del Estado informe, de forma completa y verificable, el alcance del Morebús; las rutas, unidades, empleos y familias que resultarán afectados; los estudios que justifican el proyecto; su esquema financiero; las medidas de mitigación, compensación e integración; y las garantías para que el costo económico no recaiga en los transportistas ni se deteriore el servicio a los usuarios.
Exigencias inmediatas
1. Que la Fiscalía General del Estado inicie y conduzca una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, preservando todas las líneas de investigación y determinando la posible relación de los hechos con la actividad gremial de la víctima.
2. Que se otorguen medidas de protección eficaces al compañero y a su familia, con evaluación profesional del riesgo y seguimiento permanente.
3. Que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la exsecretaria Gladyz Butanda Macías respondan públicamente por el clima de hostilidad señalado y que el Gobierno del Estado garantice la integridad de quienes participan en la CRTM y USOSEM y de sus familias.
4. Que se reabra una mesa de diálogo pública, seria, técnica y verificable, con entrega previa de los estudios y documentos de los proyectos de movilidad.
5. Que se suspenda cualquier decisión que afecte rutas, concesiones, empleos o patrimonio mientras no exista información completa, participación efectiva y una solución legal para las afectaciones económicas.
Nuestra atribución de responsabilidad política es directa y pública. La determinación de la autoría material e intelectual de la amenaza corresponde a la Fiscalía, que deberá investigar sin descartar la relación de los hechos con nuestras denuncias y con el conflicto provocado por los proyectos de movilidad. Esta precisión no suaviza nuestro señalamiento: impide que la autoridad evada su deber de proteger, investigar y rendir cuentas.
Nuestra lucha continuará por las vías legales, pacíficas e institucionales. No aceptaremos que el miedo sustituya al diálogo, que la opacidad sustituya a la información ni que la imposición sustituya a la participación social.