Tras el operativo del pasado sábado en el municipio de Uruapan, elementos castrenses, Guardia Nacional y Guardia Civil, aseguraron 19 mil 560 cartuchos de diferentes calibres, 767 cargadores, 233 armas largas y cortas, 167 personas, 25 vehículos, 2 granadas de fragmentación y 2 aditamentos lanzagranadas.
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Civil Michoacán, el sábado 13 llevaron a cabo una operación conjunta en la que se aseguraron en flagrancia delictiva, a 167 personas con armas de uso exclusivo del ejército con presencia en esa entidad.
Como resultado de los trabajos de inteligencia, coordinación interinstitucional y planeación operativa para fortalecer el Estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en el estado de Michoacán, personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Michoacán, obtuvieron información que en el poblado de Tiamba, municipio de Uruapan, se encontraban personas civiles armadas, que se transportaban en vehículos de diferentes características.
Con motivo de lo anterior, los integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Michoacán, desplegaron en fuerza hacia citado municipio organizados en dos grupos, lo que permitió mediante una reacción adecuada, bloquear al convoy conformado con 25 vehículos en los cuales se transportaban citadas personas sobre un camino de tercer orden, logrando su detención y aseguramiento, sin necesidad de efectuar un solo disparo, con los siguientes resultados:
- 19,560 cartuchos.
- 767 cargadores.
- 233 armas.
- 167 personas.
- 25 vehículos.
- 2 granadas de fragmentación.
- 2 aditamentos lanzagranadas.
Derivado de la detención de las personas, se registraron 6 bloqueos carreteros, en las Cruces hacia Tiamba, plaza de cobro “Ajuno”, plaza de cobro “Zirahuén”, Col. San Rafael, Teretan y Zumpimito, los cuales fueron retirados sin afectar las actividades rutinarias de la población civil.
Las personas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.