Arturo Hernández Gutiérrez
Alfredo Ramírez Bedolla simula desconocimiento, miente o es un ignorante de los temas jurídicos.
Ayer subió a sus redes sociales este mensaje: «El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que elimina el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas al autogobierno y presupuesto directo, solo tiene efecto en el municipio de Tangamandapio, que tendrá que modificar su reglamentación. Continúan salvaguardados los derechos de todas las comunidades de los demás municipios».
Gobernador, sea serio, como lo obliga su investidura y no prosiga lucrando con una noble causa. La resolución de la SCJN crea jurisprudencia en esta materia y la declaratoria de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán aplica no sólo para el territorio estatal, sino también para otros puntos de la República.
Este espacio tiene información de que algunos ayuntamientos michoacanos recurrirán al dictamen inatacable del máximo órgano judicial de México para exigir el desconocimiento de algunas medidas que se tomaron desde el Poder Ejecutivo estatal en relación con los autogobiernos y los presupuestos directos, luego del 30 de marzo de 2021, al publicarse y entrar en vigor la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. Ramírez Bedolla, con el dictamen de la SCJN, está obligado a reformular esa ley y deberá hacerlo consultando – antes y no después- a todos los actores que hay en los municipios y sus tenencias, encargaturas, ejidos, comisariados, pueblos y comunidades originarias. Si insiste en la vía rápida y soslayando a otros sectores que cohabitan con las comunidades indígenas, la SCJN volverá a propinarle un revés.