Jorge Hidalgo Lugo
El arranque del año ha sido complicado en muchos rubros, sobre todo en materia de seguridad pública que lo perfila a ser uno de los más cruentos en materia de homicidios dolosos, de acuerdo a la tendencia que suma en los primeros días, un total de mil 20 personas ejecutadas por el crimen organizado, estadística macabra por lo que se le considerada a este inicio del 2023, como el más violento del presidencialismo imperial que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de los “otros datos” que suele utilizar para tratar de ocultar su estado fallido, se tiene el registro basado en la estadística oficial, con un total de 144 mil 210 ejecutados en los 4 años y 45 días que lleva al frente del país quien pareciera no tener mayor preocupación que a su término, vaya a dejar una estela de sangre sin parangón en la historia del país.
Tan sólo en el año que recién concluyó, los ejecutados en el obradorismo sumaron 30 mil 748 y pudiera pensarse que esto forma parte del absurdo cotidiano que se sufre en el territorio nacional o bien, que debemos conformarnos que no sea mayor toda vez que la estrategia de “abrazos y no balazos”, dio manga ancha a los grupos criminales para hacer de la suyas con total y comprobada impunidad.
Por eso no debe sorprender que sean Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora, Morelos y Sinaloa, las entidades que ocupen el liderato en la sangrienta cosecha, seguidos por Michoacán y Guerrero, porque todas estas entidades federativas tienen como factor común, ser gobernadas por Morena y cuyos procesos electorales estuvieron empañados, precisamente por la abierta y descarada colaboración del crimen organizado en favor de sus respectivos candidatos, hoy gerentes generosos de Palacio Nacional en otras tantas demarcaciones.
En contraparte, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes y Coahuila, que son encabezados por gobiernos del PAN y PRI marchan en lo más bajo de la patética tabla del ejecutómetro nacional.
¿Entonces, qué hace la diferencia?
La respuesta debe buscarse en las componendas que autoridades y narco aliados realizan y siguen realizando en perjuicio de la población que mal gobiernan, toda vez que la incidencia no baja a pesar que ante las cifras que se suman de manera abrumadora, debemos agregar otros daños colaterales como el desplazamiento que sigue siendo un flagelo sin atender por ningún nivel de gobierno y los casos de Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, por citar sólo tres de Michoacán, están al alcance de cualquiera que se interese en incursionar sobre la materia.
Con estos antecedentes no deja de sorprender que desde las catacumbas de Palacio Nacional se dedique un amplio y espectacular espacio en busca de engañar y, sobre todo, tratar de convencer a los fanáticos, prófugos del ácido fólico, que el anterior, fue el año “menos violento” en la administración del opresor de Macuspana, con sólo 30 mil 968 ejecutados.
Esto en vez que la numeralia fuera diferente y se pudiera presumir que no es un tema preocupante para la estabilidad social y política de México, como quedó en evidencia en la reciente visita de Estado de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Esta guerra de cifras que tiene la finalidad de confundir y sembrar dudas a quienes siguen viviendo bajo el narco terror de cobrar cuotas a migrantes, extorsiones, derechos de piso, secuestros y protección, entre otros, obliga a retomar lo que apenas en noviembre pasado se difundió en diversos medios informativos donde se consignaba que al menos siete de cada 10 homicidios dolosos registrados en México, tuvieron lugar en algunos de los estados más violentos, entre ellos Baja California, Michoacán, Sonora, Guerrero y Zacatecas.
En esa ocasión se manejó que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los 10 Estados más violentos del país, se registraron 15 mil 722 de los 23 mil 351 homicidios dolosos, esto es 67% por ciento de los ocurridos entre enero y septiembre de 2022.
Focos de alerta que incluso provocaron una inusual gira del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por diversos Congresos del país en busca de la aprobación para que se militarizara la seguridad pública y que incluso lo hicieran estigmatizar sin recato alguno a Jalisco, Guanajuato y Michoacán, considerándolos como “paraísos de la delincuencia”.
Con ese antecedente y lo que ahora tratan de minimizar desde el patíbulo mañanero es que vamos mejorando, pero los números que suelen ser crueles y jamás mienten, golpean el rostro a la tiranía de la mediocridad pues son mil 03 personas ejecutadas en los primeros 13 días de enero, lo que representa un incremento de 13 por ciento en comparación a 888 del mismo periodo del año recién concluido.
En términos llanos se aprecia que del 1 al 13 de enero de este año, al menos 77 personas fueron víctima de homicidio doloso ¡cada 24 horas! en el México de los cuatroteros.
Y en esta ocasión Guanajuato inició el año en primer lugar en asesinatos en números absolutos con 101 en esos 13 primeros días del año, seguido del Estado de México con 86; Chihuahua, 75; Baja California, 73; Michoacán, 73; Jalisco, 67; Zacatecas, 57; Guerrero, 52; Nuevo León, 49; Morelos, 44; Veracruz, 44.
Así, un arranque de ejecuciones en este año que recién inicia que pudiera ser el más desastroso y sangriento de cuantos se tengan memoria, es minimizado de golpe y porrazo en la mañanera por Rosa Isela Rodríguez, en su calidad de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
En cambio tuvo un dejo de “honestidá” intelectual al citar que en ese año que podría catalogarse entonces como bondadoso regalo de los narco aliados al gobierno que representa, se obtuvieron las siguientes cifras “a la baja” y sólo 48.6 por ciento de los ejecutados se concentraron en Guanajuato, Baja California, México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.
Pero ante esta engañifa, lo que no puede ocultarse es que hasta ese 13 de enero de este año, por ejemplo, Michoacán seguía en el ranking de las entidades federativas con mayor número de asesinatos y con el nada honroso quinto lugar, como lo detalla la estadística.
Así las cosas, nada bien pinta este arranque del año y sólo resta esperar la reacción que las bandas criminales tendrán a lo largo y ancho del país, ante el reacomodo de fuerzas que se prevé, está en marcha a raíz de la detención de Ovidio Guzmán y el rompimiento en el pacto de aliados entre el Cartel de Sinaloa y el gobierno obradoristas, con sus 21 compinches morenistas en otras tantas entidades del país gobernadas por Morena.
Vale…