Sergio Cortés Eslava
Morelia, Mich., 16 de marzo de 2023.- Este jueves el Tribunal Colegiado de Apelación del XI Circuito en segunda y última instancia, resolvió confirmar la sentencia definitiva absolutoria en favor de Rodrigo Vallejo Mora, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada y detenido en enero de 2019.
Con esta resolución, solo se confirmó lo que en su momento el propio Vallejo Mora había declarado, que todo se debía a una persecución política en contra de su padre, el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa.
El órgano colegiado recalcó que resultaron infundados e inoperantes los agravios hechos en la apelación presentada por el Ministerio Público de la Federación, lo cual confirmaría que todo el caso fue cien por ciento político”, como en algún momento señaló el propio Vallejo Mora.
El hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, salió libre el 23 de noviembre del año pasado cuando el juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dictó sentencia definitiva absolutoria.
Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación presentó apelación, misma que fue desechada este 15 de marzo por el Tribunal Colegiado de Apelación del XI Circuito, toda vez que los agravios expuestos por la parte recurrente resultaron por un lado «infundados» y por el otro «inoperantes».
De esta forma, Rodrigo Vallejo quedó en libertad absoluta después de 4 años y 2 meses en que fue detenido como parte de una persecución judicial en su contra y después de que se filtrara un video en el cual aparecía en una reunión con el entonces líder delincuencial Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.
Tras esto, la justicia federal libró orden de aprehensión en su contra, justo unos días después de que el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, anunciara su renuncia al PRI.
En su momento, trascendió que el propio Vallejo Mora acusó la existencia de una persecución política contra su padre por parte del gobierno federal que encabezó el priista Enrique Peña Nieto.
De este modo es que finalmente no se acreditó el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, como lo prevén la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal.