J. Salatiel Arroyo Zamora
Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU), terrorismo implica la intimidación o coerción de
la población o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Es la dominación por el terror, la
sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y la actuación criminal de bandas
organizadas, que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear
alarma social.
Desde hace casi dos décadas, los michoacanos hemos estado experimentando esa sensación de
sobresalto permanente, al que la inmensa mayoría se ha ido acostumbrando, pero no por ello
dejan de estar presentes. Al contrario, los actos terroristas se intensifican, convirtiéndose en parte
de la rutina, en actividad primaría de financiamiento de organizaciones delictivas, causa principal
de inhibición de inversiones y evasión de capitales.
En todo el territorio nacional se ha vuelto habitual que grupos criminales, en las disputas de
territorios, manden mensajes intimidantes a sus adversarios, ejecutando tácticas cargadas de
extrema violencia. Mensajes que también son enviados a las poblaciones, que luego son
esquilmadas con el cobro de cuotas. Bajo la amenaza de ser inmolados si no contribuyen con la
aportación respectiva.
La situación se agrava cuando en determinado territorio hay más de un grupo, pues la ciudadanía
tiene que sufragar triple tributación: al estado mexicano para que le proteja y a los grupos para
que no le causen daño. El problema es que la doble aportación puede incomodar a uno de los
grupos, o a ambos, que, con ese pretexto, atentarían contra el patrimonio e integridad del
contribuyente y su familia.
El pasado fin de semana tres bares de Morelia, ubicados en la zona comercial de mayor plusvalía
de la capital del estado y por ello, presumiblemente la más segura, fueron incendiados. Acción que
generó todo tipo de reacciones y especulaciones, respecto a las causas: Qué si los propietarios o
administradores andarían en “malos pasos”, que tal vez se trata de lugares con inversión
financiera de origen dudoso, que probablemente se incendiaron para cobrar el seguro… entre
otras imputaciones, que normalmente tienen el propósito de distraer la atención del público para
ocultar o minimizar la gravedad de la situación, criminalizando a las víctimas.
Pero a las pocas horas del suceso se difundieron videos de como sujetos armados sacaban a las
personas de los bares para rociar gasolina y lanzar bombas molotov para incinerar los
establecimientos.
Ante las evidencias, la Fiscalía General del Estado declaró que se trataba de actos terroristas, pues
informó la existencia de varios elementos o supuestos que configuran el delito de terrorismo,
conducta contemplada y sancionada en el Código Penal Federal, por lo que se haría un desglose a
la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la reacción del gobierno del estado fue de insultos y agresiones, pero en contra de las
víctimas y a la inteligencia de los pobladores. Jamás en perjuicio de los transgresores de la ley.
Además del reparto de culpas con el ayuntamiento de Morelia, municipio donde ocurrieron los
hechos, que son de competencia federal la persecución de dichos delitos.
Primero, a manera de reproche, el gobernador exhortó a los propietarios de los bares incinerados
acudir a denunciar los hechos. Lo que jamás sucederá, y nadie en su sano juicio se atrevería a
solicitar algo así, sabiendo que estaría induciendo a un daño mayor a los afectados y sus familias.
Resulta obvio que los agresores enviaron un mensaje, en un país, estado y municipio donde las
garantías elementales del ser humano han sido canceladas, el estado de derecho está pulverizado,
la gobernabilidad institucional no existe y la “ley”, la aplican los grupos armados que dominan los
territorios y mantienen a su servicio a todas las corporaciones de seguridad. Bajo esas
circunstancias, sólo un suicida se atrevería a denunciar, sabiendo que funcionarios y criminales son
lo mismo, y estaría entregando su vida y la de su familia a los delincuentes, de fuera y dentro del
gobierno.
Mientras el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, negó se tratase de actos terroristas,
acusando de informaciones alarmistas y desproporcionadas, exhortando a no desinformar.
Posteriormente iniciaron acciones ofensivas en contra del gobierno municipal de Morelia, en tanto
el responsable de la prevención de los delitos en el estado, continúa permitiendo se presione al
personal de la SSP para que difundan su imagen de manera positiva, haciendo cometarios
aduladores y dando link a sus publicaciones en Facebook.
Pero, nadie parece darse cuenta que se está presionando, desde el interior del gobierno del
estado (por negligencia o dolo), la prematura salida de Alfredo Ramírez Bedolla del ejecutivo
estatal. Sus colaboradores, responsables de las áreas más sensibles de la administración pública en
materia de seguridad, actúan como si desconocieran el carácter iracundo, revanchista y sus
repentinos cambios extremos de estado de ánimo del presidente de México, que jamás asume
culpas y con tal de mantener incólumes sus falacias e hipótesis, es capaz de sacrificar a cualquier
seguidor, subordinado y aliado.
Ya son varias tragedias que demuestran la ingobernabilidad institucional en Michoacán, el imperio
de la anarquía y la ausencia absoluta del estado de derecho, como consecuencia de la ineptitud
gubernamental y complicidad de funcionarios con cabecillas criminales: Todavía no se cumple un
año que un grupo armado asesinó a 20 personas en un palenque en Zinapécuaro; pero antes, el 27
de febrero, alrededor de 17 personas fueron formadas y “fusiladas” por pistoleros en San José de
Gracia, municipio de Marcos Castellanos; y a principios del 2023, el 22 de enero, un comando
armado irrumpió en un palenque en el municipio de Jungapeo, acribillando a los asistentes,
desconociéndose con certeza el número de víctimas mortales.
Entre otros eventos trágicos, suscitados durante el tiempo que lleva la presente administración
estatal que, aunque ha tomado el control del consejo político de su partido y la dirección estatal
del mismo, la base social de dicho instituto político no ha terminado por aceptar el liderazgo del
gobernador, menos se entregarán a su dominio cuando han descubierto que los mejores cargos en
el gabinete fueron repartidos a los caciques del PRI, ex perredistas oportunistas y a muchos
arribistas, quedándose Ramírez Bedolla sin base social que respalde sus políticas públicas,
mientras la distancia entre la retórica de su gobierno y la realidad que padecen los michoacanos,
se vuelve cada vez más extensa.
Tal vez el gobernador lo ignore, pero su posición como mandatario estaría en riesgo, si estuviera
en otros tiempos: con “gobiernos del pasado”, seguramente ya lo hubieran llamado a rendir
cuentas, bajo el apercibimiento de corregir y reivindicarse o asumir las consecuencias del 33
Constitucional, sin ser extranjero.
Posiblemente en palacio nacional se analice alguna salida política al desastre en materia de
seguridad que se agrava en Michoacán, que es especialmente delicado por la forma en la que
Alfredo Ramírez Bedolla obtuvo la gubernatura, apoyado por grupos armados, que en municipios
de tierra caliente coaccionaron a los funcionarios electorales y ciudadanos votantes, registrándose
casillas cuya cantidad de sufragios superó el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral y dónde ni siquiera los representantes de los partidos de oposición votaron por su
candidato.
Por eso, los “poderes fácticos” se cobran los favores, operando de manera libre y abierta por todo
el territorio estatal: en Zamora, Jacona, Uruapan y Morelia, todos los días se suscitan múltiples
ejecuciones…. Zitácuaro, dice el gobierno estatal que es la excepción, pues se trata “del único
municipio en Michoacán que cumple al 100% con el estándar establecido por el Sistema Nacional
de Seguridad Pública… y, como cada vez que a un político o funcionario se le va la lengua, la
realidad le contradice de manera vergonzosa (si tuvieran pudor) y el mismo día de esa declaración,
por la tarde, es el municipio de Zitácuaro (en Aputzio de Juárez), hubo enfrentamientos entre
grupos antagónicos, con un saldo preliminar de dos muertos y alrededor de 11 heridos, entre
estos tres policías: un municipal, un estatal y un federal.
Aunque la cifra real de las víctimas mortales no se conocerá jamás, pues las “autoridades”
acostumbran minimizar esos acontecimientos y los grupos en pugna se llevan los cuerpos de sus
compañeros.
Bueno, ni siquiera Paracho, la tierra del jefe del gabinete de seguridad, el Secretario de Gobierno,
Carlos Torres Piña, se respeta. El Colegio de Abogados de Michoacán, delegación Uruapan, alertó a
sus agremiados (el pasado miércoles), del grave riesgo que representa transitar por el tramo
carretero Uruapan-Paracho, a la altura del poblado de Capacuaro, dónde en los últimos días se
han registrado más de 10 robos de vehículos a mano armada, además se ha comenzado a dañar la
integridad de las personas, ya que la semana pasada hubo una violación sexual. Mientras tanto,
los funcionarios de primer nivel se enfocan en el posicionamiento de la imagen para allanarse el
camino a alguna candidatura y en infantiles controversias con sus presuntos adversarios políticos.
Otra tragedia dolorosa, suscitada durante la presente administración, es el vil y cobarde asesinato
del periodista zitacuarense Armando Linares López, crimen, que igual a la inmensa mayoría de los
motivados desde la tribuna de palacio nacional, continúa impune. A pesar de estar supuestamente
identificados los autores materiales -no así él o los intelectuales-. Tampoco se ha esclarecido el
móvil del crimen. Ni siquiera a la familia se le ha brindado apoyo, a pesar de que Linares López
perdió la vida informando a la sociedad con veracidad y valentía.