Blanca Piña Gudiño
La Secundaria Popular “Carrillo Puerto” es un proyecto autogestivo, el cual, en 1976, tras una asamblea de padres de familia de 480 jóvenes adolescentes que no contaban con un espacio para continuar su educación, decidieron iniciar este espacio educativo que perdura hasta la fecha.
Durante 47 años de existencia, esta institución educativa ha funcionado como una escuela de carácter social, autogestiva, que no cobra cooperaciones o cuotas de inscripción, ni exige útiles onerosos o uniformes, ni aplica exámenes de admisión, ya que todas estas políticas, en esencia, representan mecanismos de exclusión educativa.
La Popular atiende a adolescentes de entre 12 y 16 años, provenientes de colonias marginadas de la ciudad, de orígenes humildes y populares, a jóvenes expulsados o rechazados de Secundarias Federales o Técnicas públicas. Para el ciclo escolar de 2023-2024, están inscritos 170 adolescentes, 15 de ellos presentan perfiles psicopedagógicos especiales. De esta forma, la Popular cumple a cabalidad con el carácter de la educación inclusiva, establecido en el artículo 3ro Constitucional en la reforma educativa que impulsamos en 2019.
El carácter autogestivo de la misma surge porque las y los maestros, así como el personal administrativo, realizan esa gran labor social de forma voluntaria, sin percibir un salario, los cuales cuentan con licenciatura, maestría o doctorado, en su mayoría egresados de la Universidad Michoacana y de la ENS-UNAM.
A pesar de esta gran labor social y de su destacada trayectoria, en el año de 2021 la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, interpuso una demanda para exigir el desalojo de la Secundaria Popular, intentando despojarla de sus históricas instalaciones, las cuales ocupan desde hace 47 años. Esta demanda en primera instancia falló a favor de la Secundaria Popular, pero en segunda instancia, la novena sala de lo civil, ordenó el desalojo por medio de la utilización de la fuerza pública, el cual, se intentó ejecutar el pasado 4 enero a pesar de que se encuentran pendientes de resolución distintos recursos jurídicos.
Afortunadamente, el desalojo no se ejecutó y se abrió un espacio para llegar a un acuerdo entre ambas partes, con la mediación de la Secretaria de Educación Pública, a petición del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A 47 años de su fundación, la Secundaria Popular tiene el legítimo derecho de mantener sus históricas instalaciones, ya que el pueblo de Michoacán entregó ese edificio al servicio de la educación, lo cual se ha venido haciendo hasta este momento.
La Secundaria Popular «Carrillo Puerto» no es simplemente una escuela; es un espacio único de transformación educativa y social en nuestro país. Su continuidad no solo preserva un modelo pedagógico alternativo, sino que también es garantía de inclusión, diversidad y equidad en la educación. Al defender su permanencia, estamos asegurando un futuro donde la educación no solo sea formativa, sino también transformadora, una necesidad imperante en el escenario educativo actual.
Finalmente, en la Cuarta Transformación tenemos el firme compromiso de impulsar la creación de escuelas basadas en un enfoque educativo, como el modelo de la Secundaria Popular. En lugar de clausurar instituciones educativas, abogamos por fortalecerlas. A lo largo de décadas, hemos abanderado la defensa del cumplimiento del artículo tercero de la Constitución, con el fin de asegurar el acceso de las y los jóvenes a una educación gratuita e inclusiva, fomentando con ello su desarrollo integral.