J. Salatiel Arroyo Zamora
La responsabilidad prioritaria de cualquier mandatario o gobernante es, además del apego irrestricto a la ley en todos sus actos y omisiones, mantener el orden, administrar recursos, proporcionar servicios, promover los derechos y bienestar de los ciudadanos; pero, principalmente proteger a la población que representa. Se trata de tareas difíciles, pues el gobernante debe conservar la autoridad y al mismo tiempo mostrar empatía y comprensión hacia la colectividad, por tal razón el pueblo debe elegir al más capaz y honesto.
Los sucesos que han padecido los michoacanos, particularmente los zitacuarenses, los últimos años, pero especialmente en el transcurso de los días recientes, ratifican las condiciones de indefensión en las que nos encontramos todos, ante los embates de la criminalidad y la irrefutable colusión y complicidad de las autoridades con los grupos del crimen organizado. Por lo que urge, no nada más la dimisión de gobernadores, alcaldes, diputados y Senadores, si no someterlos al imperio de la ley, vinculándolos a proceso judicial.
El pasado viernes (17 de enero), los zitacuarenses padecieron momentos de terror y zozobra, a lo que muchos ya se están acostumbrando. Poco después de las 7 de la noche, se escucharon detonaciones de armas de fuego por diversos rumbos de la ciudad, provocando que miles de estudiantes de secundaria se quedaran atrapados en sus escuelas, padres de familia refugiados en locales comerciales y donde pudieron, tres Oxxos incendiados, calles bloqueadas con vehículos, el asesinato de tres personas inocentes y seis heridas.
Lo anterior, de acuerdos a datos oficiales, proporcionados por instituciones del gobierno del estado. Todo como consecuencia de un supuesto operativo del gobierno federal para detener a cierto cabecilla delincuencial, que resultó más hábil, con mejores tácticas de inteligencia e infiltración, colaboradores o aliados, que los propios mandos castrenses y policiales. Así que, los errores de estrategia del gobierno ocasionaron las desgracias antes descritas y llenaron de luto hogares de Zitácuaro.
Aunque para la clase política se trata sólo de cifras, ocasión para simular pesar y oportunidad para seguir haciendo propaganda, tomarse la foto con alguno de los heridos, establecer días de duelo (o luto) en el calendario cívico, mostrarse afligido ante cámaras y micrófonos, hacer drama, para seguir proyectando una imagen de bondad, generosidad y solidaridad. Lo que se logrará y contribuirá a que el suceso quede a la brevedad en el olvido de la memoria colectiva. No así de las familias de las víctimas mortales y heridos, que tendrán que cargar con la pena permanente algunos y otros con los gastos médicos.
Aunque también ciertas erogaciones de los familiares de las victimas serán sufragadas por el gobierno, para ser utilizadas en la promoción política, como “inversión” a la imagen. Y se pase por alto que no están cumpliendo la responsabilidad fundamental, que es la de proteger la integridad de los gobernados y la aplicación de la ley a los infractores, donde se encuentran incluidos los propios funcionarios públicos, por omisión, negligencia y colusión.
Si con el gobierno de Zitácuaro estamos mal, con el mandato de Alfredo Ramírez Bedolla y su incompetencia en el cumplimiento de sus obligaciones legales y públicas, nos encontramos peor. Además de los hechos violentos de Zitácuaro y el asesinato de un profesor -también ajeno a los conflictos entre grupos delincuenciales- en Tierra Caliente, víctima de la explosión de una mina terrestre, la violencia en el transcurso de la semana cobró la vida de otra docente originaria de Tacamabaro, quien cambió su residencia a Morelia, huyendo de la inseguridad en su tierra natal, siendo asesinada en la capital del estado por dos criminales que la asaltaron para robarle su camioneta.
En Morelia se han intensificado así mismo los ataques a bares, con un saldo de tres trabajadores muertos; incesantes igualmente son los asesinatos en Zamora y Jacona, en el primer municipio una familia fue masacrada, muriendo cuatro integrantes: un joven y tres mujeres, entre ellas una niña menor de dos años. Siguen también las decapitaciones y ejecuciones colectivas en Apatzingán y los homenajes abiertos en las festividades de los pueblos en honor a un cabecilla delincuencial.
Así que, mientras el pueblo sufre, los gobernantes se divierten e inducen a otros a sumarse al circo. El alcalde de Zitácuaro obsesionado con su feria y el gobernador Alfredo Ramírez con su concierto de Chayanne, regalando boletos a los médicos veterinarios que realicen trabajos de esterilización a mascotas, así construye su imagen de animalista.
En tanto, el gobernante de Zitácuaro no tiene otra opción, para la permanencia política, que no sea el espectáculo, la diversión, distracción y el entretenimiento, ante la ausencia de obras y la incapacidad de gestión (que lo orillan a andar cacareando obras estatales y federales como propias, tal es el caso de la vía rápida a Maravatío). Lo que se refleja con la desesperada promoción de la feria, pues la farándula y el “circo” son la única estrategia que le queda.
Con los espectáculos la población se alegra, distrae, pasa por alto la incompetencia gubernamental y olvida las tragedias que acarrean la deficiencia en el tratamiento de los graves problemas que aquejan a los gobernados. Mientras el mandatario queda bien con ciertos sectores de la sociedad, especialmente con los poco pensantes o con limitaciones para la reflexión, que en ocasiones suelen ser mayoría, sobre todo a la hora de votar.
Aun cuando resulta inaceptable que, mientras el municipio se encuentra sumergido en una fuerte crisis de seguridad, las autoridades traten de minimizar sus consecuencias con promesas insultantes a la inteligencia. Mientras en los hogares de algunas familias se lloran las pedidas de vidas y se sufre con los gastos para las atenciones médicas de los heridos. Sin detenerse a pensar -los demás- que cualquiera podemos ser víctima de los “daños colaterales”.
Por lo anterior, es que resulta imperativo que, tanto Alfredo Ramírez Bedolla, como Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, sean separados de sus cargos, ante las reiteradas muestras de ineficacia para brindar protección a la integridad de sus gobernados e incurrir en conductas y omisiones contrarias a la ley. Además de ser sujetos a investigación para deslindar responsabilidades en la comisión de posibles actos delictivos y colusión con grupos criminales.
También deben ser separados de sus cargos y sancionar a los mandos castrenses y policiacos que encabezaron el fracasado operativo de la tarde noche del viernes, por tratarse de un acto simulado (como acostumbran), no realizar trabajos previos de inteligencia o ser omisos en las respectivas medidas preventivas. Sabiendo de antemano que se han vuelto costumbre las reacciones de esa naturaleza, por parte de los grupos delictivos, cuando algún cabecilla es detenido o se le trata de aprehender. En este operativo el fracaso fue rotundo y significativas las consecuencias perniciosas, con tres inocentes muertos y seis heridos. Además de los daños materiales y pánico en la población.
Se debe así mismo inquirir a funcionarios, policías federales, estatales y municipales que tuvieron conocimiento del operativo, para descartar cualquier posibilidad de “fuga” de información o colaboración con los grupos delincuenciales, presumiblemente antagónicos. Por qué, aunque dicho suceso pronto será olvidado (pues somos de memoria corta y dignidad flexible) y las victimas sólo serán una estadística más, esa mala experiencia y ninguna otra de su tipo, no debe repetirse.
Por eso es fundamental que el gobernador Alfredo Ramírez, el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Sindica y Regidores, las diputadas Mary Carmen Bernal Martínez y Emma Rivera Camacho, rindan cuentas ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, en calidad de colaboradores algunos, indiciados otros, pero todos como nuestros representantes populares. Qué, además, informen a los zitacuarenses que están haciendo para que esos sucesos no se vuelvan a repetir.
No todo trabajo político es electoral, ni se reduce al reparto de despensas, laminas, tinacos, regalos de navidad, reuniones de adoctrinamiento o “lavado de cerebros”, ni pachangas. Es, principalmente labor seria a favor de los representados, que se reflejen en mejores condiciones de vida… de verdadero “Bienestar” para todos. Pero, sobre todo, lo que más se anhela, es un ambiente de paz, tranquilidad y SEGURIDAD.
Con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno mexicano está obligado a dejar de simular. El combate al narcotráfico, violencia e inseguridad, donde se emplean tácticas terroristas, debe ser real y comenzar con los verdaderos responsables de su fortaleza, expansión y multiplicación: esos son los funcionarios federales de las áreas de seguridad, gobernadores y presidentes municipales.
Con los primeros funcionarios federales y gobernadores que sean enviados a prisión, los demás le pensarán antes de involucrarse o tener relaciones de “compadrazgo” con cabecillas delincuenciales. Pero se trata de mantener vigilancia permanente sobre todos ellos y al primer indicio de desacato a la ley, aplicárselas. Hacer lo que no hicieron los anteriores, y que, con sus “omisiones”, prepararon el camino a la invasión de Trump en nuestro país.