Salatiel Arroyo
Los zitacuarenses nos encontramos en un estado de total indefensión… bueno, en todo el país, pero a nosotros nos interesa particularmente la seguridad del lugar que habitamos… ante la abolición de facto de las garantías elementales, como el derecho a la vida y a las libertades, entre ellas la de expresión y manifestación emancipada de las ideas. Pues, cuando no censura el Estado, nos obliga la prudencia, ya que no son los gobiernos legalmente instituidos, producto de los
procesos democráticos en las urnas, si no las organizaciones delictivas, las que mandan en el país.
Esas células criminales, en ocasiones coludidas con los gobiernos, son las que deciden quien vive o deber morir, sean mujeres, niños, ancianos y discapacitados.
Para el ser humano es más fácil convencerlo con mentiras, que despertarlo con la verdad. Siempre resultará más cómodo y hasta agradable nos endulcen la oreja con falacias y magnificas actuaciones histriónicas, a que nos presenten una realidad despiadada… pero, aunque incomode, la verdad debe prevalecer siempre.
Obviamente, por cuestiones de seguridad, debe exponerse de manera inteligente, sin ofender, porque para sobrevivir en medio del caos que ha provocado el desgobierno, donde impera la inseguridad y violencia, debe el individuo ampararse en la prudencia, fijarse uno con quien estrecha relaciones y teje alianzas, en lugar de andar alardeando y amagando con “amistades” que no lo son.
Luego del atentado a un despacho jurídico (donde también se transmite un noticiero), en el que murió el chofer del abogado titular de bufete en mención, además del asesinato de tres periodistas durante el mes de enero, estoy convencido que más de un compañero comunicador ha pensado en cambiar de actividad laboral, frente al riesgo de perder la vida. Máxime cuando el
trabajo que se realiza no es valorado en su justa dimensión.
Pero además, nosotros mismos nos hemos encargado de degradar el ejercicio periodístico, a incurrir en frivolidades, mentiras, embustes, inventos, calumnias, para agradar a cierto número de lectores o audiencia, al permitir ser utilizados por ellos para denostar a sus adversarios, o vender la conciencia y el criterio a cambio de espacios publicitarios y guardar silencio ante la corrupción.
Algunos nos echan porras, adulan, ya que se les está haciendo el trabajo sucio, pero cuando surgen los conflictos, producto de los excesos “informativos”, nos quedamos solo. Tal vez habrá palabras de aliento y “apoyo moral”, pero nada más. Y cuándo hay resistencia a ser instrumentos del golpeteo mediático o se difunde información que afecte sus intereses, se transforma el reportero o periodista en “chayotero”.
Insisto, no se debe ir por la vida ofendiendo a las personas; el ejercicio periodístico es para informar de manera seria y objetiva, señalar desviaciones en el servicio público con fundamento, criticar a los actores políticos y opinar de cualquier tema, seamos expertos o no, pero de forma respetuosa, fundada y motivada, con el propósito de crear conciencia, reflexionar y rectificar, no de infamar, ofender, calumniar y denigrar.
Los mexicanos -todos-, estamos subsistiendo en condiciones de miedo, paranoia y en ciertos casos de terror. Angustia que crece cuando nos enteramos que compañeros del gremio están siendo asesinados, que se les arrebata la vida incluso estando sujetos a las medidas de protección que brinda el Estado Mexicano y luego de personalmente solicitar auxilio a la máxima autoridad de la
nación.
Durante el mes de enero, tres periodistas fueron asesinados en México. Por ello, cuando (el lunes) se difundió el atentado contra un despacho jurídico en Zitácuaro, desde donde se transmite un programa de noticas por internet, de inmediato se supuso que la víctima mortal del acontecimiento era un reportero o periodista, noticia que trascendió incluso a nivel mundial, motivando la intervención de organismos internacionales de defensa a los derechos humanos y la
libertad de expresión, como el Alto Comisionado de la ONU, cuyos representantes se comunicaron con periodistas de Zitácuaro, para conocer la afectación emocional en el gremio y otros factores de riesgo.
Es lamentable se arrebate la vida a cualquier ser humano y el homicidio del lunes debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, para aplicar la ley, hacer justicia y deslindar responsabilidades, pues el asesinato de Roberto Toledo generó confusión, respecto a que si era o no periodista, lo que es lo menos relevante, pues se trata de un ser humano.
Personalmente conocí a “Don Rober” como trabajador de una línea de transporte público, de la cual su patrón fungía o funge como representante legal de la misma.
Y no, no era periodista, ni reportero. Laboraba en el mantenimiento del despacho donde perdió la vida y ocasionalmente como chofer del titular del bufete de abogados.
En Zitácuaro todos los integrantes del gremio periodístico y reporteril nos conocemos, por eso causó extrañeza que medios de comunicación nacionales e internacionales afirmaran que un comunicador había sido asesinado en esta ciudad. El mismo presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, en conferencia de prensa y frente a los periodistas locales, afirmó que la persona ultimada no era periodista y los compañeros guardaron silencio, nadie opinó lo contrario, pues no se le conocía como compañero del gremio.
Ahora bien, ello no descarta que el atentado haya sido dirigido a los compañeros del medio de comunicación que desde ese lugar se transmite o en contra del despacho o de ambos. Eso es lo que deben investigar las autoridades e indagar los motivos que existieron para intentar hacer creer a la opinión pública que el occiso laboraba como periodista. Incluso se filtraron colaboraciones firmadas por Roberto Toledo, como prueba de que efectivamente colaboraba en un medio de comunicación.
También debe aclararse que no es común que grupos o células delictivas actúen en contra de los periodistas o medios de comunicación por mutuo propio, por iniciativa propia. Cuando así llega a suceder, es porque hay un político, gobernante o funcionario público de por medio, que solicitó “paro” o el grupo armado debe algún favor o se quiere congraciar con el autor intelectual.
De repente son más conscientes los delincuentes que los gobernantes, en el sentido de que un lapicero, libreta, cámara y grabadora no les ocasiona ningún daño, ni las palabras. A los políticos sí les preocupa su “reputación”, son tan farsantes que cuidan esos detalles. Los malosos no, aceptan lo que son y hasta lo presumen, a través de algún corrido y hasta libros escritos en su honor. No
les afecta la publicidad, al contrario, pudiese ser que hasta la busquen ¿De qué se van a preocupar si lo controlan todo? Las únicas pugnas, conflictos y controversias son entre ellos. Siendo una de las mejores formas de “auto blindarse”, permaneciendo ajenos y exigiendo a la autoridad haga lo que le compete.
El reto que tienen las autoridades para esclarecer este hecho apremia, pues de manera anticipada, el 27 de enero, el director de “Monitor Michoacano” denunció públicamente amenazas de muerte, señalando directamente a funcionarios municipales de Zitácuaro como autores de las mismas y cuatro días después, el 31 de enero, Roberto Toledo fue asesinado.
Al respecto, se informó el aseguramiento de dos motocicletas, presumiblemente relacionadas con los hechos delictuosos. Sin pretender ser pesimista, me atrevo a afirmar que será lo único que podrán “asegurar”. Nuevamente, como en todos los casos de impacto social, dejarán que el tiempo transcurra, disminuya la “presión” y quede en el olvido.