Marco Aguilar
«La violencia puede destruir el poder, pero es completamente incapaz de crearlo». — Hannah Arendt
El 2 de octubre es, en nuestra memoria colectiva, una fecha marcada por la exigencia de verdad y justicia. Es el recuerdo de una herida abierta que, cada año, nos recuerda lo que el Estado no supo ni quiso garantizar en 1968: la protección de la vida y la dignidad de quienes se manifestaban pacíficamente. Sin embargo, esa memoria se ve hoy contaminada por la violencia irracional que aparece en algunas marchas conmemorativas.
Lo ocurrido este año no es nuevo: grupos que, escudados en el anonimato, destruyen fachadas, incendian negocios, intimidan a la prensa y ponen en riesgo a quienes acuden con la legítima intención de recordar y exigir. Lo que debería ser un espacio de expresión pública termina en imágenes de saqueos y enfrentamientos. Así, la causa justa pierde voz y el reclamo ciudadano se disuelve en los titulares de desorden y vandalismo.
La Constitución mexicana reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero deja claro que el uso de violencia rompe esa protección. Quien se infiltra en una marcha para delinquir no es un luchador social, sino un delincuente. Y ahí radica la primera gran responsabilidad: el Estado debe garantizar que la protesta sea segura, pacífica y respetuosa de terceros. Cuando no logra prevenir la violencia ni sancionar a quienes la cometen, muestra un Estado rebasado, incapaz de cumplir con su función más básica: dar seguridad y proteger derechos.
El fondo del problema, sin embargo, no se agota en la policía ni en la organización de un operativo. Lo que vemos en las calles es síntoma de una descomposición social más amplia: la frustración por la impunidad, la desigualdad que margina, la falta de credibilidad en las instituciones. Allí encuentra terreno fértil la violencia: en la ausencia de confianza. Max Weber recordaba que el Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando ese monopolio se diluye en saqueos y destrozos impunes, la autoridad pierde legitimidad y la ciudadanía pierde confianza.
No es aceptable, sin embargo, caer en una falsa neutralidad: la violencia no es “otra forma de protesta”, es la negación misma del poder ciudadano. Arendt lo subrayaba: el poder nace de la acción colectiva y de la palabra en común; la violencia, en cambio, destruye la posibilidad de diálogo y envenena el espacio público. Por eso, quienes creemos en la memoria del 2 de octubre debemos ser claros: no podemos permitir que el recuerdo de la represión se confunda con la justificación del vandalismo.
La responsabilidad está repartida:
* Del lado de la sociedad, los convocantes de marchas deben deslindarse con claridad y aislar a los grupos violentos, no encubrirlos ni callar frente a ellos.
* Del lado del Estado, la autoridad no puede responder con represión indiscriminada ni con simulacros de control. Se necesita una actuación firme, proporcional, transparente, que investigue y sancione a quienes dañan a la sociedad y al patrimonio común.
El crimen del 2 de octubre de 1968 no debe repetirse, nos decimos año con año. Pero mientras la violencia y la desconfianza se repitan, el eco de esa frase queda vacío. La memoria se honra con verdad, con justicia y con la construcción de un espacio público donde la protesta sea posible sin miedo ni destrucción.
Hoy no basta con condenar la violencia de unos encapuchados, ni con lamentar la inacción del Estado: es necesario exigir responsabilidades a ambos. Porque si el poder legítimo nace del pueblo y se ejerce en común, la violencia —ya venga de la represión o del vandalismo— sólo nos arrebata esa posibilidad de ser comunidad.
Y es aquí donde conviene recordar nuevamente a Hannah Arendt: “Donde los hombres actúan juntos en concierto, surge poder; pero allí donde la violencia hace su aparición, el poder desaparece”.