Michoacán 22 de enero de 2026.- Los hechos ocurridos en Michoacán, en los que fueron asesinadas dos personas intérpretes en Lengua de Señas Mexicana y una niña, constituyen un crimen de extrema gravedad que no puede ni debe ser minimizado. Se trata de una violación grave a los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, contundente y a la altura de la responsabilidad del Estado.
El asesinato de una menor de edad activa de manera directa el principio del interés superior de la niñez y obliga a todas las autoridades a actuar con el más alto estándar de diligencia. De igual forma, la privación de la vida de personas cuya labor está directamente vinculada con la garantía de derechos de la comunidad sorda coloca a este caso en un plano de especial relevancia desde una perspectiva de derechos humanos.
Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, me sumo a la exigencia social para que las autoridades competentes conduzcan investigaciones serias, exhaustivas, imparciales y con enfoque de derechos humanos, que permitan el pleno esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las personas responsables y la imposición de las sanciones correspondientes. La impunidad en un caso de esta magnitud sería inaceptable.
Es indispensable que se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas relacionadas con la labor social y comunitaria de las víctimas, y que se garantice el derecho de las familias a la verdad, a la justicia y a una reparación integral del daño.
Expreso mi solidaridad con las familias, con la comunidad sorda y con quienes defienden todos los días el derecho a la inclusión y a la accesibilidad. Desde el ámbito de mis atribuciones, daré seguimiento puntual a este caso y a la actuación de las autoridades, porque en un Estado democrático de derecho, la violencia y la impunidad no pueden normalizarse.