Sergio Cortés Eslava
Apasionada de la justicia que cree firmemente que cada decisión judicial debe basarse en la verdad, María Alejandra Suárez Morales, con 18 años de carrerea judicial federal, aspira ahora a tener la oportunidad para contribuir a un sistema judicial más justo y equitativo, principalmente para las comunidades indígenas de Michoacán.
Capacidad para logar ese objetivo no le falta: A lo largo de mis 18 años de trayectoria, ha adquirido un profundo conocimiento de los procesos y normativas que rigen cada una de estas áreas, lo que le permite analizar con rigor y detalle cada caso para desarrollar propuestas de resolución precisas y bien fundamentadas.
Segura, afirma que la justicia es el motor que impulsa su trabajo: “Creo firmemente que cada decisión judicial debe basarse en la verdad y en un análisis exhaustivo de los hechos y el derecho aplicable, para garantizar que se protejan los derechos de todas las partes involucradas. Para mí, elaborar un proyecto de sentencia no es solo un ejercicio técnico, sino una oportunidad para contribuir a un sistema judicial más justo y equitativo.
Licenciada Alejandra Suárez, unos días de que arranquen las campañas del Poder Judicial, es necesario también voltear los ojos a lo que ocurrirá en las elecciones ejidales ¿Cuál es el panorama que presenta Michoacán en este sentido?
“precisamente el 28 de febrero leí una noticia que me sorprendió mucho, pero sobre todo, generó un reto para mí porque me enteré que en al menos diez comunidades indígenas de Michoacán, no se instalarán casillas para elección extraordinaria del Poder Judicial federal y local 2025; pese a que en esta elección no hay participación de los partidos políticos, esas comunidades indígenas de Michoacán, han decidido mantener su postura de no permitir la instalación de casillas en sus territorios el próximo primero de junio.
“La noticia me pareció de suma importancia, porque como es bien sabido, Michoacán es uno de los estados con más alta presencia de comunidades indígenas del país; de ahí que el hecho de que al menos diez comunidades hayan decido no participar, genera un reto en las personas que pretenden ser juzgadores en ese Estado”, apuntó Suárez Morales.
La Maestra en Derecho Procesal Constitucional, señaló en este sentido, que es preciso que exista un acercamiento con las personas que pertenecen a las comunidades indígenas para generar una atmósfera de confianza en la que se les dé la certeza que serán escuchados cuando se acerquen a la justicia, pero sobre todo, que recibirán respuesta efectivas a sus pretensiones y que los juzgadores además de aplicar sus conocimientos jurídicos, serán empáticos y sensibles con sus inquietudes y su dolor.
Suárez Morales agregó que la referida noticia lejos de ser preocupante, debe ser un reto para las personas juzgadoras que serán pioneros en esta nueva y renovada etapa del Poder Judicial de la Federación, para ser agentes de cambio, aprender de los errores pasados y brindar confianza y seguridad a los justiciables, especialmente a grupos vulnerables como son las comunidades indígenas.
También afirma que el panorama que aprecia en las elecciones ejidales en Michoacán, es óptimo, ya que pondrá a prueba a las personas juzgadoras, para lograr derribar la barrera que al parecer existe en la actualidad con las comunidades indígenas, lo que solo será posible con acercamiento, empatía y humanismo por parte de los juzgadores.
Además, ello cobra singular relevancia, considerando las elecciones a nivel ejidal, pues aunque en Michoacán muchas o la mayoría de las comunidades indígenas se rigen por un autogobierno, dichas elecciones son materia de escrutinio judicial; “por ello, insisto, generar confianza en esas comunidades tiene como beneficio que tengan la seguridad que sus elecciones ejidales también se verificarán con apego al marco legal”.
La experta en Derecho también habló del papel que las mujeres desempeñan en la vida rural y en la producción agrícola de México, pero reconoce que su participación en la estructura de gobernanza ejidal ha sido limitada debido a una combinación de factores históricos, legales, culturales y socioeconómicos:
Explica: “En principio, es importante precisar que la Ley de Reforma Agraria de 1915 y posteriormente la Ley Agraria de 1992, privilegiaron el acceso de los hombres a la propiedad de la tierra. Durante décadas, el reparto agrario favoreció a los varones como titulares de derechos ejidales, dejando a muchas mujeres fuera de los órganos de representación.
“Aunque la reforma de 1992 permitió que las mujeres fueran ejidatarias, aún persisten obstáculos en el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra.
“Por otro lado, en muchas comunidades rurales prevalece la idea de que los asuntos ejidales son competencia de los hombres, mientras que las mujeres deben ocuparse de tareas domésticas y de apoyo en la producción agrícola.
“Muchas mujeres trabajan la tierra, pero no como titulares de derechos agrarios, sino como esposas, hijas o madres de ejidatarios, lo que les resta poder en la toma de decisiones, en tanto que en algunos casos, cuando un ejidatario fallece, sus derechos pasan a los hijos varones antes que a las mujeres, limitando su acceso formal a la tierra.
“Asimismo, estimo muy importante tomar en cuenta la falta de autonomía económica de las mujeres, que provoca el acceso desigual a la educación en zonas rurales, lo que ha sido un factor clave en la baja participación de las mujeres en órganos ejidales. Muchas no cuentan con la capacitación necesaria para asumir estos cargos.
“Además, si bien existen programas gubernamentales que buscan fomentar la participación de las mujeres en la vida ejidal, estos han sido insuficientes o no se han implementado de manera efectiva, máxime que hasta antes de la citada reforma no existían medidas de paridad de género en las elecciones ejidales, lo que perpetuaba la exclusión de las mujeres en la gobernanza agraria.
También reconoce que aún existen barreras legales, sociales y culturales en el sector ejidal al momento de participar en un proceso electoral, aunque acepta que ha habido avances en materia de equidad de género y reconocimiento de derechos.
Sin embargo, acota que si bien la Ley Agraria ya permite que las mujeres sean ejidatarias; lo cierto es que muchas todavía no tienen reconocimiento formal como titulares de tierras, lo que restringe su derecho a participar en decisiones clave.
De igual modo, consideró que una traba importante es que los ejidos tienen facultades para establecer sus propias normas internas, lo que en algunos casos ha llevado a prácticas que limitan la participación de ciertos grupos, como las mujeres o los jóvenes.
En este contexto, la Maestra en Derecho consideró que es fundamental la paridad de género en las elecciones ejidales para garantizar que las mujeres tengan acceso a la toma de decisiones en los órganos de representación y gobierno de los ejidos.
“Durante décadas, las mujeres fueron excluidas de la propiedad ejidal y de la representación en los órganos de gobierno agrario; es fundamental considerar que las mujeres desempeñan un papel crucial en la producción agrícola y en la vida comunitaria, pero su trabajo ha sido invisibilizado. Garantizar su representación en los órganos ejidales permite que sus intereses, necesidades y aportes sean reconocidos en la toma de decisiones”, precisa la Maestra Alejandra Suárez Morales.
Indica que el derecho a la participación política, es un principio fundamental en cualquier sistema democrático. La paridad en las elecciones ejidales garantiza que las mujeres puedan ejercer este derecho sin obstáculos estructurales o discriminación.
Por ello, la paridad de género no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia para fortalecer el desarrollo de los ejidos. Si bien es un paso necesario, también deben implementarse mecanismos complementarios, como capacitación, acceso a recursos y cambios culturales, para garantizar que la participación femenina sea efectiva y no solo una medida simbólica, señaló.
Y abunda sobre el tema: “La igualdad en las elecciones ejidales en México representaría un cambio profundo en la estructura de gobernanza agraria, asegurando que todos los ejidatarios y ejidatarias tengan las mismas oportunidades de participación y toma de decisiones”.
“En un sistema de elecciones ejidales igualitario, las decisiones sobre el uso de la tierra, la administración de recursos y los proyectos de desarrollo reflejarían las necesidades de toda la comunidad, no solo de un sector. Esto permitiría que las mujeres, jóvenes y otros grupos tradicionalmente excluidos puedan influir en el futuro de su comunidad.
“Se ha demostrado que cuando las mujeres participan en la toma de decisiones, se generan políticas más inclusivas, sostenibles y enfocadas en el bienestar comunitario. La igualdad en las elecciones ejidales podría impulsar mejoras en la administración de los recursos, la educación, la salud y el desarrollo económico de las comunidades rurales.
“Por tanto, lograr la igualdad en las elecciones ejidales, no solo significaría abrir espacios para que las mujeres y otros grupos marginados participen, sino también fortalecer la democracia rural, mejorar la toma de decisiones y generar un desarrollo más justo y sostenible para las comunidades agrarias en México”, concluyó la Maestra en Derecho Procesal Constitucional, que ahora aspira a un sistema judicial más justo y equitativo para las comunidades indígenas de Michoacán.