Morelia, Mich., 14 de febrero de 2024.- En un tenso encuentro el pasado fin de semana, el líder de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, acusó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de «patear al pueblo y violar las leyes a su conveniencia» en relación con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Pasalagua denunció la intolerancia del mandatario hacia opiniones críticas, destacando la presunta inconstitucionalidad de la ley. Afirmó que a pesar de la negación de 38 amparos, aún hay más de 400 en proceso y 27 suspensiones definitivas contra la legislación.
Los transportistas señalaron que Ramírez Bedolla parece imponer sus intereses personales, comparándolo con la película «La Ley de Herodes». Argumentaron que la ley no puede aplicarse mientras haya casi 500 amparos pendientes, incluso después de que el Juzgado Noveno de Distrito desechó 38 de ellos.
A pesar de las suspensiones y la orden de un juzgado para mantener el statu quo, acusan al gobernador de implementar 36 nuevos cobros de la legislación de 2024 y crear el Instituto del Transporte del Estado. Los transportistas anunciaron su determinación de luchar legalmente para proteger a las familias afectadas.
En un tono contundente, afirmaron que la aprobación de la ley se llevó a cabo en medio de actos de corrupción, señalando irregularidades en la sesión legislativa. Concluyeron advirtiendo que no permitirán que el gobernador deje sin sustento a miles de familias y continúe con proyectos millonarios al margen de la ley.