Claudia Ramírez
En días recientes, una declaración del presidente municipal de Uruapan ha generado alarma y profunda indignación entre diversos sectores sociales: “hay que abatir al delincuente”, dijo públicamente, sugiriendo que la solución a la inseguridad es eliminar físicamente a quienes cometen delitos. La frase es peligrosa no sólo por su contenido, sino por la investidura de quien la pronuncia. No se trata de una opinión cualquiera. Se trata de un servidor público con responsabilidades legales y éticas, que alienta con sus palabras la normalización de la violencia institucional.
📌 El problema de fondo no es la inseguridad: es la ignorancia sobre cómo combatirla.
La violencia en Michoacán y particularmente en municipios como Uruapan, no es una novedad. Ha crecido, sí. Se ha hecho más visible, también. Pero la solución nunca ha sido ni será la ejecución extrajudicial como política pública.
Lo que plantea el presidente es, en el mejor de los casos, una expresión de frustración ante un Estado rebasado. Y en el peor, una renuncia abierta al Estado de Derecho. Porque cuando un gobernante decide que “es más fácil abatir que arrestar”, está diciendo: no me interesa investigar, no me interesa el debido proceso, no me interesa la justicia. Me interesa la venganza o el show.
⚖️ ¿Qué se está violando cuando se habla de “abatir delincuentes”?
El derecho a la vida, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Mexicana y en el artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La presunción de inocencia, garantizada en el artículo 20 Constitucional.
La legalidad del uso de la fuerza, regulada por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que exige que toda respuesta violenta sea proporcional, necesaria y racional.
El principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a investigar y sancionar dentro de los marcos de la ley.
🎯 Gobernar no es cazar: es construir paz con inteligencia
Ser presidente municipal no da facultades para ordenar o sugerir la muerte de nadie. No es un fiscal, no es un juez, no es un verdugo. Gobernar implica convocar a expertos en seguridad, desarrollar inteligencia, coordinar con los tres niveles de gobierno y con la sociedad civil. Gobernar también implica proteger a los ciudadanos, incluso de sus propios impulsos de venganza.
Porque detrás del “abatir al delincuente” hay un mensaje peligroso: si alguien me parece criminal, lo mato. ¿Y quién decide quién es delincuente? ¿El que roba por hambre? ¿El que consume drogas? ¿El que se viste distinto? ¿El que molesta al poder? Eso no es justicia. Eso es barbarie.
💬 La violencia no se resuelve con más violencia
Lo que se necesita es un modelo de seguridad con enfoque en derechos humanos, que reconstruya el tejido social, que invierta en educación, salud mental, oportunidades laborales y cultura de paz. Y sí, también que castigue con firmeza, pero dentro de la ley.
Como ex policía ministerial y ex funcionaria en comunicación social de la entonces Procuraduría General de Justicia, he sido testigo directa de cómo el control de la información, la coordinación estratégica con medios, y el respeto a la ciudadanía lograban reducir el pánico sin recurrir a métodos represivos o teatrales. Lo que se vive hoy no es más violencia que antes: es más espectáculo del dolor, sin control ni responsabilidad.
🚨 ¿Y ahora qué?
Si lo dicho por el presidente fue un error, debe corregirse públicamente. Si fue una postura deliberada, los organismos de derechos humanos, la CEDH y la CNDH deben pronunciarse, y el Congreso del Estado debería exigir una aclaración o incluso evaluar sanciones administrativas por declaraciones que atentan contra los principios básicos de gobernabilidad democrática.
La seguridad no se improvisa con discursos: se construye con legalidad, inteligencia, humanidad y visión. Y eso, lamentablemente, es lo que más falta en algunos gobiernos locales.