Marco Aguilar
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la conducta de ciertos funcionarios públicos no sólo alimenta el desencanto, sino que evidencia la captura del aparato estatal por intereses personales. Tal es el caso de la actual Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) del Gobierno del Estado de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, cuya actuación reciente merece una revisión crítica seria, documentada y profundamente fundada.
Desde la ejecución del proyecto del Nuevo Mercado de Pátzcuaro hasta la anunciada intervención en la Plaza Gertrudis Bocanegra, la funcionaria ha desplegado una estrategia sistemática de promoción personalizada que contraviene los principios rectores del servicio público. Se ha adjudicado, en múltiples espacios mediáticos y redes sociales, el liderazgo absoluto de obras que deberían responder a una planeación participativa, interinstitucional y transparente. Esta narrativa de «autora de la transformación urbana» ha sido acompañada de gastos en publicidad institucional desproporcionados y de una presencia reiterada en medios locales como figura central de la acción gubernamental.
Tal comportamiento no es sólo una falta ética, sino una presunta violación legal. El artículo 134 de la Constitución Mexicana prohíbe expresamente la utilización de recursos públicos para promocionar la imagen de servidores públicos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) también tipifica estos actos como faltas administrativas graves e incluso como posibles actos anticipados de campaña. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reiterado que la propaganda institucional debe ser objetiva, impersonal y estrictamente informativa.
Más allá del marco legal, estamos frente a un caso de corrupción simbólica: el vaciamiento de los fines del Estado para poner sus herramientas al servicio de un proyecto personal. Este tipo de prácticas privatizan la función pública, distorsionan la democracia y debilitan la confianza social en las instituciones. Cuando un funcionario se presenta como el «autor» único de una obra financiada con recursos del pueblo, sin rendición de cuentas ni procesos de consulta, se está naturalizando el patrimonialismo y el oportunismo político.
Evidencias documentales recogidas en capturas de pantalla, videos de redes oficiales y promocionales, así como inserciones pagadas en medios, confirman que nos encontramos ante una estrategia orquestada de visibilización con fines electoreros. Es inaceptable que desde el poder público se financie, directa o indirectamente, la construcción de una imagen política personal sobre el erario.
Propuestas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas:
1. Auditoría inmediata a los recursos ejercidos por la SEDUM en publicidad y difusión de obras públicas.
2. Revisión ciudadana participativa de los proyectos urbanos, especialmente en espacios sensibles como la Plaza Gertrudis Bocanegra.
3. Reforma a los mecanismos de control interno, que impidan el uso propagandístico del poder público.
4. Vigilancia ciudadana activa durante procesos preelectorales para detectar y denunciar actos anticipados de campaña.
Llamado a las autoridades:
Se exhorta al Instituto Electoral de Michoacán, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Contraloría del Estado a actuar con firmeza conforme a derecho, a fin de impedir que la impunidad institucional siga amparando el oportunismo político. La ley no puede ser rehén de intereses personales ni de cálculos electorales.
Este texto no sólo es una denuncia, sino una declaración de principios: la función pública es un mandato ciudadano, no una plataforma de poder personal. Urge rescatar el sentido ético, jurídico y social del ejercicio gubernamental. El futuro de nuestra democracia depende de ello.
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