Sergio Torres Delgado
Morelia, Mich., 17 de septiembre 2021.- Tentativa de feminicidio, agresiones físicas, hostigamiento psicológico, espionaje, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte, coalición de servidores públicos, así como la fabricación de delitos, es la pesadilla que han vivido en los dos últimos años Alberto Torres y su novia, sin que las autoridades los protejan.
Ni siquiera sirvió el hecho de haber ido a platicar con personal del Fiscal Adrián López Solís, pues el asedio y las amenazas sólo cesaron unos días, para aumentar durante los presentes días, incluso contra la vida del hijo de Alberto. Asimismo, el espionaje se extendió sobre el autor de esta nota-denuncia por ser hermano de Alberto.
Todo inició cuando Alberto se divorció de Gabriela Garfias Mondragón y particularmente, un año después, cuando inició una relación con su actual novia, situación por la que la excónyuge se coludió con Lucero Martínez González, una vieja amiga y dueña de la Guardería “Chiquitos en Acción”, lugar donde Alberto y Gabriela dejaban al hijo procreado por ambos.
Garfias Mondragón y Lucero Martínez comenzaron así una serie de agresiones físicas, amenazas de muerte y hostigamiento contra la pareja, con el apoyo de funcionarios que laboran en distintas áreas del gobierno del Estado y que constituyen una red que, además de encubrirlas, se han coaligado contra las víctimas.
Entre dichos servidores públicos están los agentes del Ministerio Público (MP) y, por ende, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gustavo Daniel Castillo Bello y Gema Vieyra Cruz, así como el esposo de esta, de nombre Gerardo, y otro funcionario de nombre Marcelino, quien además es jefe inmediato del padre de Lucero Martínez. Contra algunos de ellos se han presentado diversas denuncias, por lo que las amenazas de muerte han arreciado para que se retire una de ellas presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
Las represalias no tardaron en alcanzar incluso al hijo procreado por el propio Alberto y Gabriela, quien comenzó a presentar huellas de maltrato al salir de la guardería “Chiquitos en Acción”. Ante el reclamo que Alberto hiciera a Gabriela Garfias y aparentemente ante el temor de ser demandadas por maltrato infantil, Lucero llamó a su amiga Gema Vieyra para que usara sus influencias y enviara la patrulla de la policía municipal número económico PM067, para amedrentar a Alberto e impedirle recoger a su hijo.
Gema Vieyra arrastra dos sanciones internas por irregularidades en el ejercicio de sus funciones, según se puede apreciar en el expediente número 084/2018-DGAI. En tanto, su esposo Gerardo, quien también labora en gobierno, intercepta las comunicaciones de la pareja y de este periodista -teléfonos y computadoras- y, además, usa las cámaras del C5 para luego hacerles saber por dónde caminan y cómo van vestidos. Asimismo, graba conversaciones a través de la activación de los micrófonos de los celulares y los envía para advertir que somos vigilados, como hicieron también con este redactor.
En esta cacería que han desatado contra Alberto y su pareja, han dejado en evidencia que efectivamente existe personal dedicado al espionaje telefónico y cibernético, incluido el uso de las propias cámaras del C5, aspecto que el nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su equipo no puede pasar por alto.
Mediante el hackeo, Gerardo “N” cambia las claves de acceso a la computadora personal de Alberto, interviene redes sociales y se hace pasar por este para enviar mensajes a la pareja de Alberto y viceversa. Sin embargo, ha sido tanta la saña que también emiten mensajes difamatorios a los teléfonos de funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), donde labora Alberto.
El tener sus comunicaciones intervenidas, ha dejado a la pareja prácticamente incomunicada por temor a que conozcan sus actividades, haciéndolos presa fácil de cualquier otra acción criminal extrema ordenada por Gabriela Garfias y Lucero Martínez.
Asimismo, antes de que Alberto las pudiera demandar por maltrato infantil, Lucero Martínez inculpó falsamente a Alberto de haberle hecho rayones al vehículo de ella; para esto, contó con los falsos testimonios de Adriana Chávez y Juliett Ávalos Núñez, la primera una de sus trabajadoras en la guardería y la segunda una de sus clientas, a quien en recompensa dio trabajo luego en dicha estancia.
La victimaria contó también con la complicidad del MP Castillo Bello, quien armó un expediente a modo con múltiples irregularidades y obstaculizó cualquier posibilidad de defensa a Alberto.
La amenaza contra Alberto y su pareja es que “se los va a llevar la chingada”. Amenazados y hostigados, Alberto y su novia han presentado, con varios obstáculos, diversas denuncias penales en contra de las autoras intelectuales y sus cómplices, entre ellos los servidores públicos involucrados, a quienes se hace responsables de lo que pudiera suceder a Alberto, su pareja y a este reportero.