Marco Aguilar
Hoy martes 17 de junio de 2025, en entrevista con medios de comunicación, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado de Michoacán, Gladyz Butanda, fue cuestionada sobre las filtraciones y problemas ocasionados por las lluvias en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, una obra recientemente inaugurada y ya visiblemente deficiente. La funcionaria respondió con una mezcla de justificaciones técnicas, transferencia de culpas y frases que, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, revelan una preocupante irresponsabilidad institucional.
Transcribo parte sustancial de sus declaraciones:
“El mercado municipal de Pátzcuaro tiene un límite de niveles, ¿cuál es ese límite? El del hotel. Así lo marca el INAH, no podemos construir más allá de lo existente. Esto nos arroja que es un mercado de dos niveles. ¿Qué es el tercer nivel? Es una terraza. ¿Qué pasa en las terrazas cuando llueve? Es una terraza, no es un nivel construido. Entonces, ¿hay retos? Sí, porque es una terraza. Entonces en tiempos de lluvias se tienen que poner.
Nosotros entregamos al Ayuntamiento todo un catálogo de sombrillas, de mobiliario, que ya ellos tienen que hacer directamente con los comerciantes. Entonces, realmente no hay una falla ‘de agua’ en cuanto a fugas, grietas. No. Es que simplemente es una terraza, y cuando hay lluvias tan fuertes, pues obviamente el agua llega hasta el área donde estarían los comensales.
El proyecto así estaba diseñado. Es una terraza. Lamentablemente, si el INAH nos hubiera dejado hacer otro nivel, construimos otro nivel; si el INAH nos hubiera dejado poner aleros más largos, pues los hubiéramos colocado. Pero hasta ahí es donde nos dejó construir el INAH.”
Esta respuesta —pronunciada con total normalidad— admite, sin decirlo de forma directa, que el mercado fue entregado incompleto y con deficiencias funcionales conocidas. No es un tema menor. Se trata de una obra pública cuya inversión millonaria terminó derivando en techos sin impermeabilización, terrazas expuestas a la lluvia y filtraciones que ya afectan los niveles inferiores. El concreto de las losas superiores, por si fuera poco, fue dejado sin recubrimiento, lo que contribuye al paso de humedad, deteriora la estructura y compromete su durabilidad.
El uso de lonas y sombrillas como solución temporal, además de precarizar el espacio, traslada la responsabilidad del Estado a los propios comerciantes, quienes deben improvisar coberturas para poder trabajar en condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad. Lonas atadas a barandales mal diseñados, en un entorno húmedo, no sólo constituyen una falla técnica: son también un riesgo humano, sanitario y operativo.
Pero quizá lo más preocupante de estas declaraciones es la manera en que se intenta culpar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por las limitaciones del proyecto. Es cierto que el INAH condiciona el número de niveles y el impacto visual de las obras dentro de zonas patrimoniales. Lo que no hace el INAH —porque no es su función— es diseñar ni construir. Quien proyecta una obra con restricciones normativas debe encontrar soluciones funcionales dentro de esos márgenes. Lo que hace la secretaria Butanda es deslindarse por completo, como si el fracaso técnico fuera culpa de otro. El INAH no prohíbe impermeabilizar. Tampoco impide que una terraza esté bien drenada o protegida. Esto, simplemente, es mala arquitectura.
Esta lógica institucional —la de justificar lo inaceptable— se ha vuelto la norma en muchas obras públicas. El mercado de Pátzcuaro fue presentado como un símbolo de modernización, pero en realidad es un ejemplo doloroso de simulación. No se trata de lluvias imprevistas ni de una tormenta atípica: la obra nunca estuvo preparada para operar dignamente durante la temporada más importante del año en términos de humedad y riesgo estructural. Hoy es claro que el proyecto fue concebido sin entender el clima, sin validar su habitabilidad y sin prever los impactos reales sobre los usuarios.
Desde un punto de vista ético, esta obra debería ser auditada con rigor. Y desde un enfoque legal, la declaración pública de Gladyz Butanda es motivo suficiente para iniciar una revisión administrativa. La funcionaria ha reconocido que se entregó un proyecto sabiendo que no funcionaría adecuadamente bajo la lluvia. Eso, en cualquier país con Estado de Derecho, se llama responsabilidad pública. Lo que no puede seguir sucediendo es que estas omisiones pasen impunes, y que quienes pagan el costo sean, como siempre, los ciudadanos.
No se trata de un detalle menor ni de un error aislado: se trata de la normalización del fracaso institucional y de la precarización del espacio público. Y eso, tarde o temprano, tendrá consecuencias.