Marco Aguilar
En Michoacán, el gobierno ha demostrado que puede promover obras públicas sin procesos claros, sin diálogo ciudadano, y ahora también —como en el caso del nuevo mercado de Pátzcuaro— sin conocer ni respetar las leyes federales que lo obligan. La reciente distribución de un «billete conmemorativo» de 500 pesos para celebrar la inauguración del nuevo mercado no sólo trivializa el símbolo del dinero público, sino que podría constituir una falta grave en términos legales.
La pieza, difundida en redes y eventos oficiales, imita con notable fidelidad al billete real de 500 pesos: mismo formato horizontal, gama cromática azul, número de denominación destacado, y una imagen institucional del nuevo edificio en lugar de la figura histórica habitual. Sólo una discreta leyenda en una esquina aclara que se trata de un “billete didáctico sin valor”. Pero la pregunta es inevitable: ¿es esto legal?
¿DÓNDE EMPIEZA LO ILEGAL?
El artículo 234 del Código Penal Federal es tajante:
“Se impondrá prisión de tres a doce años […] al que, sin estar legalmente autorizado, haga uso de billetes o documentos que tengan semejanza con la moneda o con papel moneda nacional […] aun cuando carezcan de valor”.
Esto quiere decir que incluso cuando no se pretende que la pieza tenga valor real, la sola imitación del diseño de un billete está prohibida si no se cuenta con autorización expresa.
El Banco de México, como único emisor autorizado, refuerza esta postura. Sus lineamientos sobre la reproducción de billetes exigen que cualquier réplica:
– Evite toda semejanza visual que pueda inducir a error.
– Presente alteraciones evidentes en escala, color, o composición.
– Reciba autorización previa si va a ser difundida públicamente.
Nada de esto se cumplió aquí. La pieza que circuló no es una sátira, ni una interpretación libre: es una reproducción funcional, publicitaria y engañosa de un billete federal, con la clara intención de vincular una obra local con el poder simbólico del dinero.
LA SIMULACIÓN COMO ESTRATEGIA
Más allá de lo legal, esta acción revela un patrón preocupante: el uso de símbolos oficiales —como el dinero, la historia o el patrimonio— para legitimar proyectos cuya planeación ha estado marcada por la opacidad, la simulación y la ruptura del orden urbano tradicional.
Este “billete sin valor” no es un simple error de diseño. Es un síntoma del modelo de gobierno que se ha instaurado: uno que simula legalidad, promueve obras públicas como espectáculo y disfraza propaganda de política pública. Un Estado que actúa como si la ley fuera un accesorio decorativo y no un límite obligatorio.
¿QUIÉN LO AUTORIZÓ?
La ciudadanía tiene derecho a saber:
– Qué dependencia estatal aprobó el diseño y distribución.
– Cuánto se pagó por su impresión y cuántas unidades se fabricaron.
– Qué empresa lo ejecutó.
– Y si hubo consulta alguna con el Banco de México.
Estos datos son exigibles por la vía de la transparencia y la rendición de cuentas. Si no se entregan, deben ser solicitados. Y si se niegan, debe actuarse.
LA LEY NO ES UN SOUVENIR
En tiempos donde la legitimidad del poder se construye más por lo que se oculta que por lo que se hace visible, este billete sin valor se convierte en un símbolo preciso: una pieza vistosa, pero jurídicamente hueca; institucional, pero legalmente cuestionable; festiva, pero profundamente irresponsable.
Porque cuando el gobierno se permite imitar el dinero nacional como si fuera una ocurrencia creativa, devalúa el peso de la ley tanto como la confianza ciudadana en las instituciones. Y eso, ni simbólica ni realmente, tiene justificación alguna.