Marco Aguilar
«Cuando la arquitectura olvida a las personas, el resultado no es sólo un mal edificio, sino una traición al espíritu de lo público».
Después de varios meses de observación crítica, análisis normativo y seguimiento al proceso de planeación y construcción del Nuevo Mercado de Pátzcuaro, finalmente tuve acceso al inmueble ya concluido. Esta primera visita confirma muchas de las preocupaciones que, desde un principio, expresé desde el ámbito técnico, jurídico y ético. A continuación, presento una primera valoración, sustentada en mi formación y compromiso con el entorno urbano y social de nuestra ciudad.
Antes que cualquier juicio estructural, debo expresar mi más profundo respeto a las y los comerciantes que, a pesar de las adversidades, continúan su labor con una admirable resiliencia. Su capacidad de adaptación, su energía y su dignidad son, sin duda, el motor real que mantiene vivo este espacio, aún en medio del desconcierto y la frustración.
Sin embargo, esta nueva infraestructura no es resultado de una decisión técnica ni jurídica, sino de una voluntad política caprichosa que desestimó la normatividad vigente desde sus primeras fases. La localización y naturaleza del proyecto contravienen disposiciones claras del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) y del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. En este sentido, el mercado, como propuesta urbana en su emplazamiento actual, nació desde la ilegalidad: una ilegalidad institucional, sostenida desde el poder estatal.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, la arquitecta Gladyz Butanda Macías, asumió la responsabilidad técnica del proyecto. Mi crítica se centrará, a partir de este punto, en los aspectos sustantivos que debería haber garantizado su gestión, y que —evidentemente— no fueron resueltos con la mínima solvencia profesional.
Se ha repetido públicamente que cada local fue diseñado conforme a las necesidades específicas de cada comerciante. Sin embargo, basta un recorrido por el edificio para comprobar lo contrario: muros demolidos por necesidad, espacios que imposibilitan el trabajo cotidiano, inconformidad generalizada entre los locatarios. No se cumplió con el principio básico de adecuación funcional, lo que pone en entredicho cualquier supuesto proceso de diseño participativo o diagnóstico real de necesidades.
Además, se identifican errores graves en la zonificación interna, ineficiencias en la circulación peatonal, pendientes en rampas que contravienen los reglamentos de accesibilidad, y elementos de infraestructura como elevadores y montacargas fuera de servicio desde el primer día. Todo esto apunta no sólo a una ejecución deficiente, sino a una alarmante ausencia de oficio arquitectónico y constructivo. No hay evidencia de investigación contextual, de sensibilidad urbana ni de comprensión técnica elemental. Se trata de una obra que, en términos académicos, no superaría un examen de cuarto semestre.
Lo más doloroso es que estas fallas no se deben a un accidente aislado o a una omisión menor, sino a una cadena de decisiones erradas y voluntaristas que priorizaron intereses políticos por encima del bienestar colectivo. El gobernador del estado optó por una imposición autoritaria, que se sostiene hoy con adulaciones serviles y sin rendición de cuentas.
Ante esta situación, es urgente una evaluación externa, con un equipo de especialistas independientes, que dictamine el desempeño técnico del proyecto y sus responsables. El gobernador debe responder ante la ciudadanía y, si hay un mínimo de autocrítica institucional, proceder a la remoción de quienes fallaron de manera tan evidente.
Desde mi ámbito profesional, señalaré con claridad a los otros corresponsables, particularmente a aquellos que, por formación y compromiso ético, tenían el deber de oponerse y no lo hicieron. Argumentar que “así lo quería el gobernador” no exime de responsabilidad moral ni profesional. Esta actitud servil, que hoy domina entre colegas, deshonra nuestra práctica y compromete gravemente la dignidad de nuestro ejercicio.
Esta visita me dejó profundamente confrontado. Entre la promesa ilusionante que se hizo al comerciante —una transformación digna, justa y funcional— y la dolorosa realidad de un espacio que no cumple ni lo más básico, hay un abismo. Un abismo ético, técnico y humano. Se les ofreció esperanza, y se les entregó una obra que no sólo ignora sus necesidades, sino que desdice todo lo que representa la arquitectura como acto social. Esta experiencia reafirma mi compromiso con la verdad, con la crítica fundada y con la defensa de quienes, desde la trinchera más humilde, sostienen día a día el alma de nuestra ciudad.