Ante la nota difundida por el medio que se autodenomina Revolución Social, me veo en la obligación de fijar una postura clara, firme y responsable, no solo por mi nombre y mi trayectoria pública, sino por respeto a la ley, a las instituciones y a la persona lesionada y su familia.
Primero:
Lamento profundamente la grave situación de salud que atraviesa la persona lesionada y expreso mi solidaridad humana con él y con su familia. Entiendo el dolor, la angustia y la incertidumbre que hoy enfrentan. El sufrimiento ajeno no se minimiza ni se utiliza; se respeta.
Segundo:
Rechazo de manera categórica y absoluta la narrativa falsa, la relatoría fantasiosa y el juicio sumario difundido por Revolución Social, medio que de forma reiterada se asume como juez, fiscal y verdugo, atribuyendo responsabilidades, intenciones y conductas sin prueba alguna y sin resolución de autoridad competente.
En un Estado de Derecho, no son los medios ni los autodenominados “justicieros de la calle” quienes determinan culpabilidades. Para eso existen instituciones, procedimientos legales y autoridades facultadas. Todo lo demás es linchamiento mediático.
Tercero:
Es totalmente falso que haya realizado llamada alguna a la esposa del lesionado para solicitar un supuesto “perdón legal”.
No conozco a su esposa, no he hablado con ella y no he realizado ningún acto al margen de la ley. No negocio en lo oscuro, no presiono a nadie y no hago arreglos fuera de las instituciones. Nunca lo he hecho y no empezaré ahora.
Cuarto:
También es falso que exista encubrimiento, protección o intento de evadir responsabilidades.
Si alguna unidad, operador o concesionario resulta responsable, será la autoridad quien lo determine, y quien tenga responsabilidad deberá responder conforme a derecho. No por presión mediática, no por linchamientos digitales, sino por resolución institucional.
Quinto:
Se pretende involucrar mi nombre y el de otras personas mediante insinuaciones, apodos, supuestos vínculos personales y versiones no verificadas. Esta práctica reiterada constituye difamación, y busca sustituir la investigación legal por la condena pública.
La impunidad no está en exigir que se respete la ley; la impunidad está en manipular la información, fabricar culpables y condenar sin pruebas.
Sexto:
Desconozco al operador que conducía la unidad al momento del incidente y será la investigación correspondiente la que establezca con claridad los hechos, las responsabilidades y las circunstancias. Cualquier versión distinta es especulación interesada.
Finalmente:
Hago un llamado firme y directo a que sea la autoridad quien investigue, esclarezca y determine responsabilidades.
Ni yo ni la organización que represento estamos por encima de la ley, pero tampoco aceptamos ser linchados mediáticamente con mentiras.
Mi postura es clara e inamovible:
que se investigue, que se esclarezca y que se sancione conforme a derecho a quien resulte responsable.
No con difamaciones.
No con montajes.
No con juicios sumarios.
La justicia no se grita ni se improvisa: la justicia se construye con verdad, legalidad y debido proceso.
José Trinidad Martínez Pasalagua