J. Salatiel Arroyo Zamora
El día 28 de marzo, en Valle de Bravo, Estado de México, fue detenida una abogada, dedicada a la docencia en el municipio de Jungapeo y aspirante a Juez, en el Distrito de Zitácuaro, en el proceso electoral del Poder Judicial, el próximo primero de junio. Pero la información de su detención trascendió, de manera extraoficial (a través de redes sociales), una semana después. Atribuyéndole ciertos medios locales y estatales -poco serios- estar vinculada al deceso del mundialmente reconocido ambientalista, Homero Gómez González, “El Guardian de la Monarca”. Vulnerando de manera flagrante su derecho a la presunción de inocencia.
Además de culparla y condenarla, en dichos portales, se especuló, y muchos lectores se engancharon en dicha narrativa, dando por verídicos esos datos, que la mujer detenida era la primera en ser aprehendida, de varios políticos y funcionarios coludidos en el asesinato del defensor del medio ambiente. Incluso, ex funcionarios de la administración estatal perredista y políticos silvanistas (hoy morenistas o aliados del gobierno en turno) se pusieron nerviosos… algunos lo siguen estando… por la información que la dama pudiese soltar, alguna real, otra inventada o acomodada por las autoridades del Estado de México, incluso por la FGR. Pero de alto riesgo para los que abusaron del poder.
Lo cierto, es que la ex representante popular y aspirante a Jueza, fue detenida -presuntamente- al ofrecer dinero a mandos policiacos del Estado de México, para que permitieran la operación a determinada organización delictiva con presencia y predominio en esa entidad, particularmente en el sur del Estado, y no por estar vinculada en el caso de Homero Gómez González. Que lo agreguen o inventen para imputárselo, es diferente. Pero las declaraciones de los denunciantes y testigos van en otro sentido.
Se hace la precisión, para que se tenga cuidado con el tipo de lectura que se consume. Pues, a base de rumores sin sustento jurídico, estaban modificando ya la radiografía electoral en la región. Por ejemplo, se afirmó que entre los próximos detenidos estarían Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD. Pero esos medios de difusión ignoran que Ocampo Córdova es intocable. Pasan por alto además la política que aplican los gobiernos de Morena, esa que establece: “Para los amigos justicia y gracias; para los enemigos, la ley a secas”, y el dirigente perredista es amigo, socio y aliado del gobernador Ramírez Bedolla.
Tan estrecha es la relación, que, afirman los enterados, se ha pactado con el dirigente del Sol Azteca entregarle la alcaldía de Zitácuaro: hacerlo candidato del PRD, tal vez en alianza de facto o formal con Morena; si no, nada más por el PRD y repetir el ejercicio que aplicó en Irimbo, donde Morena acordaría con Tavo Ocampo impulsar una candidatura débil, para que el Partido de la Revolución Democrática ganara.
Resultando creíble esa posibilidad, respecto a Zitácuaro, pues el control de los liderazgos de Morena los tiene el gobernador, incrustándolos en la nómina, y a las que pudiesen ser fuertes contendientes les ha repartido posiciones para ellas, sus esposos, hermanos, hermanas e hijos. Y, quien hoy gobierna el municipio ya no podrá reelegirse, ni sus hermanos, según la presidenta Sheinbaum, por aquello del nepotismo electoral.
Así que la opción, desde esa óptica, para los que políticamente creen mandar, sería Tavo Ocampo para Zitácuaro. Al menos que quieran deshacer el compromiso desenterrando el asunto de Homero, así tendría credibilidad la hipótesis de los que afirman que Ocampo Córdova sería afectado con el asunto de la Licenciada de Ocampo. Lo que resulta políticamente imposible, por el momento.
LOS INFRACTORES QUE ASPIRAN CONVERTIRSE EN JUZGADORES
La aprehensión de la ex Sindica de Ocampo y aspirante a Juez, ha puesto en evidencia (de manera irrefutable y por enésima ocasión) la fragilidad de la reforma al Poder Judicial, cuyos integrantes serán electos por una población desinformada (totalmente) del proceso electivo, así como de la conformación estructural y funcional de dicho poder, con una sociedad mayoritariamente proclive al engaño y manipulación, que difícilmente ha acertado en la selección de los más eficientes y honestos gobernantes, en procesos que conoce y esta habituada a ellos.
Pero la legislación ahora permite que el trabajo técnico científico en la administración de justicia lo pueda realizar no el más apto, sino el más popular. No el más preparado y experimentado profesionalmente, si no el que mejor mienta y engañe, igual como se hace en una vulgar campaña política para elegir a un presidente municipal. Abriendo la posibilidad para que cualquier criminal, socio o aliado de ellos, sea quien se encargue de aplicar la justicia.
Es verdad que el poder judicial actual requiere de una transformación profunda, debido a que también ha sido infectado por la corrupción. Aunque la descomposición no ha llegado al nivel del poder ejecutivo, donde la mayoría de funcionarios no se conforman con el salario y casi siempre lucran con el cargo en busca de dinero indebido. No se diga las Fiscalías, corporaciones policiacas y el mismo ejército mexicano, donde la regla es la corrupción. Conducta que también en el poder judicial se da, pero de manera excepcional. Por ello era necesario su transformación, no que fuese desmantelado y subordinado de manera abyecta a los poderes fácticos y partidistas, que, con las administraciones gubernamentales presentes, resulta complicado notar la diferencia.
Precisamente de la Fiscalía fue expulsado otro infractor, que también aspira convertirse en Juez. Se trata de Francisco Herrera Franco, de los “chilangos” traídos por Alfredo Castillo Cervantes a Michoacán, para que se apoderaran de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, donde todavía permanecen muchos de ellos en espacios estratégicos y de control.
Herrera Franco fungió como Fiscal Regional de Zitácuaro, fue acusado por comunidades indígenas de intentar “persuadirlos” para que se incorporaran a determinada organización delictiva. Ante las denuncias constantes de estar al servicio de grupos delincuenciales en la región oriente fue cambiado a la zona de Apatzingán con el mismo cargo, en el cual no se le pudo sostener, al confirmase que los señalamientos eran verídicos.
Pero ello no impidió para que la 4T intente convertirlo en Juez, otorgándole el registro como aspirante a integrar el poder judicial. Lo que no resulta extraño, cuando una Ministra de la Suprema Corte de la Nación fue capaz de plagar su tesis de titulación y otra disfruta del mismo cargo, más por méritos partidistas, nepotismo y tráfico de influencias, que por pulcritud moral.
DECEPCIONANTE VISITA PRESIDENCIAL
Cuando un dignatario visita alguna región del territorio que gobierna, siempre se alberga la esperanza de que llegue acompañado de obras de impacto social y acciones de beneficio colectivo, o al menos de buenas noticias, como esas de que ya se decomisó la fortuna sustraída por ex gobernadores prófugos, sustraídos de la justicia o perseguidos políticos y sus colaboradores y que, algunos de sus antecesores en el gobierno de Michoacán, han sido detenidos y asegurados los bienes patrimoniales despojados, para devolver al pueblo lo robado, como prometió AMLO. También nos gustaría constatar que la transformación es real y que el combate a la inseguridad y violencia no es mera simulación.
Recibiendo noticias de nuestra mandataria nacional que confirmen que ciertos gobernadores, secretarios de seguridad pública y mandos del ejército han sido detenidos o al menos investigados por colaborar con grupos del crimen organizado, facilitando sus actividades delictivas, de dominio y control territorial sobre las autoridades Constitucionalmente instituidas, o han sido omisos en el cumplimiento del deber.
Así mismo nos gustaría saber que todo representante popular (gobernador, Senadores, Diputados, presidentes municipales, Síndicos y regidores), con la representación social de que hacen alarde, se han convertido en colaboradores de la FGR y de la SEGOB, compartiendo con ellos, por voluntad propia o a fuerza de cumplir con su deber moral y obligación jurídica, toda la información que les consta y que es relevante para la seguridad nacional.
Sin embargo, ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vino a Michoacán, se anhelaba escuchar en su discurso, y hacer acompañar de acciones las palabras, que no habrá más extorsiones, levantones, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos, ni muertos por minas y drones, que el crimen organizado se dedicará a los suyo, cultivo y tráfico de droga a EU, y que la población ajena a dichas actividades podrá dedicarse en un ambiente de paz y tranquilidad a la vida productiva, sin riesgo de ningún tipo, donde la aplicación irrestricta de la ley es lo que predomina y se encuentra restablecido el Estado de Derecho.
Pero no fue así. La señora presidenta y científica de profesión nos vino a recordar que seguimos en el subdesarrollo y que ahí debemos permanecer, que la prioridad de su gobierno no es el desarrollo comunitario, ni la implementación de la ciencia y tecnología en la “Transformación”, tampoco la aplicación de energías limpias en los hogares mexicanos: vino a Michoacán a anunciar que su gobierno proporcionará un millón de estufas de leña.
La inesperada promesa de la mandataria nacional causó sorpresa en los michoacanos, que esperaban (de perdida) buenas noticias; indignación entre los ambientalistas, preocupados por la cantidad de árboles que serán derribados para satisfacer la demanda leña; decepción entre algunos partidarios, que no encuentran argumentos para justificar el “desliz” y desconcierto en sus seguidores, que perciben como el gobierno de la república tiene cada vez más dificultades para mantener el rumbo y temen su colapso. Pues los desaciertos de la presidenta son cada vez más frecuentes y graves, como negar el problema de las desapariciones forzadas en el país, ante señalamientos de la ONU…