J. Salatiel Arroyo Zamora
Si en algo se han caracterizado los gobiernos de la “Cuarta Transformación”, es en brindar protección e impedir la aplicación de la ley a cabecillas delincuenciales. Gracias esos “abrazos” para los criminales y balazos para los gobernados (contribuyentes), nuestro país está siendo hostigado y a punto de ser abiertamente invadido por fuerzas armadas extranjeras, bajo el pretexto de venir a nuestra patria a combatir “terroristas”. Y, aunque la mayoría de latinos repudiamos a Trump, en este caso él no es el culpable, solo intenta cumplir compromisos de campaña y probablemente proteger a sus gobernados, lo que no han querido o podido hacer sus homólogos mexicanos.
Hasta pareciera que proteger al crimen organizado, por parte del gobierno mexicano, fue doblemente premeditado; primero, cumplir a los capos del narcotráfico los apoyos financieros aportados en las campañas de la 4T; y, facilitar a EU la intromisión abierta en asuntos que competen exclusivamente a nuestra nación, incluso crear una necesidad tal, que los mismos mexicanos imploren o avalen la invasión extranjera, aterrorizados ante las masacres, que cada vez alcanzan a más personas ajenas a las guerras entre cárteles, así como la corrupción y colusión de los gobernantes.
Es tan grande la desesperación, ante el temor de perder la vida, así como el deseo de ser liberados de funcionarios corrompidos y el pago de doble tributación, que algunos mexicanos han llegado a depositar sus esperanzas en Trump, para ser liberados del azote del crimen organizado y de los gobiernos omisos y cómplices.
No obstante estar corroborando como el repudiado Donald Trump está cumplimiento sus promesas y amenazas, los gobernantes y sus funcionarios (mexicanos y michoacanos) no reaccionan, siguen con las mismas prácticas degradantes, de saqueo, corrupción, protección a criminales… pero con mayor cinismo. De tal manera que nuestro estado (Michoacán) fue exhibido en la “mañanera del pueblo”, como la cuarta entidad federativa en la que se cometieron más homicidios dolosos durante el mes de enero.
Cómo bien, y extrañamente, lo declaró el presidente del CDE del PRI, Guillermo Valencia Reyes: estamos peor que Sinaloa, en ese sentido (y otros más). Pero allá la población se ha organizado para exigir se expulse a Rubén Rocha Moya de la gubernatura. Tarea titánica del pueblo sinaloense, pues están luchando contra uno de los amigos predilectos de los dueños de la 4T y, presuntamente, pariente cercano a uno de los contribuidores financieros de los candidatos (as) de Morena.
Mientras en Michoacán, el mandatario estatal disfruta de las bondades del poder y se la vive de luna de miel. Precisamente cuando en palacio nacional se daban a conocer las cifras fatales, directamente por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, Alfredo Ramírez Bedolla se encontraba nuevamente en Europa, viajando con cargo al erario público, bajo el pretexto de buscar que Pátzcuaro sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, en la categoría de Sitio Histórico.
Así que, teniendo el estado en el caos por el desgobierno, Ramírez Bedolla se atribuye funciones de Embajador de México ante la UNESCO, con la complacencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le permite hacer la pantomima, fingiendo que él es quien entregó el expediente, para que Pátzcuaro obtenga dicho reconocimiento (de Patrimonio Mundial, en la categoría de Sitio de Memoria Histórica).
IMPUNIDAD PARA INFLUYENTE FAMILIA DE POLITICOS CARDENISTAS
En el mes de agosto del 2024 un video se viralizó en las redes sociales, se trataba de un joven con visibles huellas de violencia en el rostro, quien, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, denunciaba públicamente haber sido privado de la libertad y sometido a actos de tortura por integrantes de la familia Mendoza Oropeza, para la cual el denunciante trabajaba.
El acusador se identificó como Carlos Escobedo Suárez, de profesión abogado y trabajador de la Notaría a cargo de Claudia Oropeza Miranda, esposa de Ignacio Mendoza Jiménez, Coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán. Cargo que había asumido desde octubre del 2021 y, pese al constante señalamiento de maltrato, hostigamiento y abuso laboral en su contra, por parte de la población penitenciaria y trabajadores de la institución, Alfredo Ramírez Bedolla lo sostuvo en el cargo, desde el cual era señalado de controlar diversos negocios al interior de los CERESOS, desde el suministro de comida, hasta la venta de agua potable, entre otros.
Fue la denuncia de Carlos Escobedo y el escándalo que ello generó, que lo obligó a renunciar al cargo de Coordinador, pero sin perder el control del Sistema Penitenciario, ni los “privilegios” al interior de las cárceles en el Estado, mucho menos el poder en la estructura y cúpula del gobierno de Michoacán.
De tal manera que, a pesar de tratarse de un delito grave la tortura y existir señalamientos directos de la víctima, así como peritajes, testimonios y más medios de prueba que incriminan a los imputados, el Ministerio Público ha resuelto “el no ejercicio de la acción penal” dentro de la carpeta de investigación del caso en mención, pese a que el mismo resolutivo cuenta con información consistente y peritajes médicos que coinciden con el acto denunciado, además de testimonios de policías municipales que acudieron en auxilio del denunciante.
Afirmando la victima que le Ministerio Público a intentado llevar la denuncia de forma poco “ortodoxa”, primero trató de cambiar el tipo penal, modificando el delito de tortura por el de lesiones dolosas, después renunció a la causa el Ministerio Público litigante y finalmente se turnó el caso de la Fiscalía de Personas Desaparecidas a la Fiscalía Regional de Morelia. Donde, de acuerdo a la víctima, se trató de minimizar el asunto, requiriéndolo a la mediación. Pero como el denunciante no accedió, el Ministerio Público optó por el desistimiento de la acción penal.
Lo anterior, más el temor fundado de la victima al enfrentarse con pernas altamente peligrosas, por el poder político que ostentan, más la ´protección evidente el gobierno del estado que sigue proporcionando escoltas armados a los presuntos infractores, se decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar las medidas de auxilio necesarias para garantizar su derecho a la justicia.
En este y otros asuntos, algunos colaboradores le están tratando de “picar los ojos” al Fiscal General, Adrián López Solís, único funcionario todavía rescatable del gobierno del estado, de acuerdo a los resultados que está aportando la Fiscalía en materia de investigación de delitos, integración de carpetas, ejecución de órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y sentencias condenatorias. Dando la impresión de ser la única, o de las pocas, dependencias donde se trabaja con resultados positivos, todos los días se aclaran delitos y se detiene a los infractores. Pero se ha fallado en materia de prevención, responsabilidad que compete a la Secretaría de Seguridad Pública.
Ejemplo de la eficacia en la Fiscalía -vele reconocerlo- es la detención de dos de los presuntos responsables del homicidio de Alejandro Ruiz, trabajador de la construcción de Tuxpan. No obstante, hay elementos negativos en la institución, que siguen conduciéndose como si todavía mandara ahí Alfredo Castillo Cervantes y su banda de “chilangos”, que ven en la procuración de justicia un botín a repartirse, cobran hasta por entregar los cuerpos de victimas de homicidio a sus deudos.
La impunidad, o ausencia de castigo a personas que han cometido algún delito y que normalmente se encuentran encumbradas o protegidas por el poder público, no es nuevo. Pero resulta lamentable que persista en políticos y gobernantes que prometieron ser diferentes, que combatirían esas prácticas y teóricamente pugnan por la transformación.
Más repugnante resulta cuando, quienes violentan las normas en perjuicio de los desprotegidos, son precisamente aquellos que juraron protegerlos y arribaron al poder ostentándose seguidores de la izquierda que, se supone, persiguen el objetivo de la igualdad social y repudio a los privilegios de los potentados. Pero nuestros nuevos izquierdistas, lo son sólo en el discurso cuando andan de candidatos y una vez aferrados al poder, la lucha es por conservarlo y proteger los intereses de la clase a la que pertenecen, la de los opresores.
Para nadie es secreto que integrantes de la familia Mendoza Jiménez han sido cercanos colaboradores y protegidos de la dinastía Cárdenas, uno de ellos fue Secretario de Seguridad Pública cuando Lázaro Cárdenas Batel cobraba como gobernador de Michoacán. Fue con ese Secretario y en ese periodo de gobierno cuando inició abiertamente la operación del crimen organizado en Michoacán. Incluso algunos capos portaban las entonces famosas charolas de policía, de la desaparecida Procuraduría General de Justicia, con doña Lucila Arteaga Garibay de Procuradora.
En esos días llegaron los Zetas a territorio michoacano a dominar el estado, exprimirlo y sembrar terror entre la población… y ni Obama pudo ayudar… Pero como la mayoría de ex priistas, luego perredista y todos los “ilustres luchadores de izquierda”, ya están en Morena, donde han sido purificados, y los ciudadanos hemos olvidado quiénes permitieron el fortalecimiento, expansión, proliferación y abierta operación de las organizaciones criminales.
Desde ahí se empezó a extrañar a los “gobernantes corruptos del PRI” que, al menos en Michoacán, tenían controlada a la delincuencia organizada, los narcos se dedicaban a lo suyo: cultivar y transportar droga a EU, en su mayoría marihuana; generaban riqueza y la distribuían entre la población del estado, no se la quitaban, tampoco hostigaban, ni asesinaban, como ahora, que, según los gobiernos y seguidores de la 4T, estamos mejor.
El aquel tiempo, durante el último gobierno del PRI en Michoacán, los famosos “hermanos Almada”, tenían control. Lo que se reflejaba en seguridad y tranquilidad para los michoacanos. Hoy tenemos payasos fanfarrones, coludidos hasta la médula y al servicio absoluto de los intereses propios y de los llamados “poderes fácticos”.