J. Salatiel Arroyo Zamora
Luego de la agresión perpetrada por Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, hermano del presidente municipal de Zitácuaro (Juan Antonio Ixtláhuac), en contra del activista, comunicador y dirigente del comité municipal del PRI, Raúl Ocelotl Vilchis, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió que la flagrante conducta delincuencial no quedaría impune. Sin embargo, los gobernados ya nos hemos acostumbrado a interpretar al revés las promesas de políticos y mandatarios; es decir, si afirman que aplicarán la ley, debemos esperar lo contrario. Ojalá en esta ocasión se honre la palabra empeñada por el gobernante y la población comience a concederles credibilidad y respeto. De lo contrario, la descomposición administrativa en el municipio y en el estado seguirá hundiendo a todos en la adversidad.
El pasado 16 de febrero, Ramírez Bedolla confirmó la existencia de una denuncia formal que involucra al presidente de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, colaboradores cercanos y consanguíneos. Según el mandatario michoacano la denuncia fue presentada por la dirigencia del PRI, luego de los hechos suscitados el 5 de febrero, en la inauguración de la Feria conmemorativa a la Constitución de 1917.
Aseverando el gobernador que su administración no encubrirá actos de corrupción, ni nexos delictivos, y que estará atento a cualquier denuncia que se presente, tanto administrativa, penal o civil, en contra de funcionarios públicos del estado o municipales. Reiterando que no habrá impunidad alguna, “del color partidista que sea, aquí no puede haber picaporte”.
Al respecto, cabe precisar que, la situación caótica del gobierno de Zitácuaro se ha agravado con las imputaciones directas (y delicadas) del dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, en contra del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac, a quien acusó de “narco presidente”, fundándose el diputado local y su hermano René, dirigente de “Revolución Social”, en acontecimientos que han sido del dominio público en la región oriente del estado, como la agresión reciente en contra de Raúl Ocelotl Vilchis, que fue atacado a golpes por Juan de Dios Ixtláhuac, acompañado de civiles presuntamente armados y supuestos policías municipales.
Valencia Reyes exhibió asimismo videos donde presumiblemente se observa a Juan de Dios portando arma. Abordando también el caso de Antonio Lazcano, ex colaborador de Juan Antonio en la presidencia municipal, en el área de seguridad pública, quien sería hallado sin vida luego de discutir con el alcalde.
Lo anterior sucede cuando, quienes están obligados a ser ejemplo de pulcritud y acato a la norma, son los primeros en transgredirla, acabando con el respeto y la observancia a la ley, para dar paso al caos e ingobernabilidad. Como aconteció el domingo pasado, cuando en pleno centro de la ciudad, en la calle de 5 de mayo, a unos metros de la presidencia municipal, fue incendiado un Banco del Bienestar, sin que autoridad alguna se atreviera a impedirlo.
Pues, como siempre que se suscitan ese tipo de actos violentos, las autoridades voltean para otro lado, se resguardan o realizan caravanas en lugares opuestos a los sitios donde se encuentran los generadores de violencia, dejando en el desamparo total a la población, para después realizar aparatosos operativos (cuando pasó el peligro), emitir triunfalista declaraciones, llamados a la calma, exigencia a sólo informarse en medios oficiales:
“…Y recuerden, no vayan andar husmeando o investigando en otras fuentes, usted sólo debe escuchar y obedecer a las fuentes oficiales, son las que le dirán la verdad absoluta…” es lo que quisieran decir, con los constantes llamados a la población para “informarse únicamente a través de los medios oficiales”, como si tales medios y la clase gobernante gozaran de credibilidad.
CONSECUENCIAS DE LOS EXCESOS
Independiente de las consecuencias jurídicas anunciadas por el gobernador, la ineficacia, abusos y los excesos del grupo en el poder del ayuntamiento de Zitácuaro, traerá sin duda efectos negativos en materia electoral para el partido político en el poder (Morena).
Por lo pronto, Juan de Dios Ixtláhuac ha sumergido a su hermano Toño en delicados embrollos jurídico-penales, que obligan a las autoridades respectivas realizar amplias y profundas investigaciones, de las que podría no salir bien librado, dando el “tiro de gracia” a una trayectoria de décadas (en el PRI-PAN y PRD, ahora en Morena), que en algún momento se especuló podría proyectarse a la gubernatura del estado. Pero la ambición descontrolada, arrogancia, prepotencia e insensibilidad humana hunden al más templado.
A la par de perjudicar a su consanguíneo, el menor de los Ixtláhuac acabaría también con sus propias aspiraciones políticas, favoreciendo al mismo tiempo -electoralmente- a Raúl Ocelotl, convirtiéndolo en mártir.
Sin embargo, no sólo la agresión en contra del dirigente municipal del PRI ha perjudicado a los poderosos del pueblo. Lo que más los está hundiendo, es la incapacidad para devolver la paz y seguridad al municipio, perdiendo la credibilidad y confianza ciudadana depositada a favor de ellos que, de líderes ciudadanos, se han convertido para amplios sectores sociales en grotescos bufones, cargados de vulgaridad y mentiras, que simulan ignorar la cruel realidad que azota a los zitacuarenses, que subsisten angustiados, agobiados por la incertidumbre ante las constantes escaramuzas y sus fatales resultados, con pérdidas de vidas inocentes y daños patrimoniales, mientras ellos se la viven en fiestas de manera permanente, en la farándula, y con cargo a los impuestos de todos.
Zitácuaro se ubica, de acuerdo a informes de la Fiscalía General del Estado, entre los municipios con mayor incidencia delictiva, ratificándose dicha crisis el domingo pasado, como resultado de la muerte de uno de los lideres delincuenciales más poderosos del planeta. Lo que en Michoacán generó disturbios en municipios de la zona limítrofe con Jalisco, y en Zitácuaro. En este último la zozobra ciudadana se prolongó hasta el día miércoles por la noche y la tarde del jueves, ante la amenaza de disturbios.
DE LA REPRIMENDA A LA RECONCILIACIÓN
Mientras el gobierno del estado, intentando evadir su responsabilidad y pretendiendo congraciarse con su socio y aliado Juan Antonio Ixtláhuac, luego de la reprimenda y amago de “cero impunidad”, ha amenazado a los transportistas del servicio público concesionado de Zitácuaro, acusándolos de apoyar las acciones de los grupos armados, cuando la realidad es que el gobierno -en sus tres niveles- no ha sido capaz (o no ha querido) reestablecer las garantías de seguridad a la población, que la mayoría de ocasiones es obligada a actuar en contra de su voluntad.
Caso concreto de la coacción, son los transportistas, cuyas unidades son incineradas (San Miguel Chichimequillas, por ejemplo) y los conductores amenazados, mientras todas las corporaciones policiacas, federales, estatales y municipales, se resguardan en sus cuarteles, “realizan turismo policiaco” -con cargo a nuestros impuestos- u operativos en las zonas apartadas de los lugares en conflicto, dejando en total abandono e indefensión a la sociedad.
Es a los mandos policiacos y a los jefes políticos a quienes se debe investigar y sancionar; pues, es de ellos la obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los gobernados, someter a todos al imperio de la ley -empezando por ellos- y restituir el estado de derecho, para alcanzar la paz anhelada. Ya basta de andar repartiendo culpas, y enfiestados, es tiempo de pararse en responsabilidad, asumir las faltas y errores, para actuar en consecuencia.
Pero, desgraciadamente para los contribuyentes de impuestos y la sociedad en general, las autoridades municipales mienten de manera deliberada y ocultan datos relevantes para los habitantes del municipio, enturbian la información pública, particularmente en materia de seguridad, donde la transparencia es nula.
Y es en todos los niveles, no nada más en lo que al municipio de Zitácuaro concierne, pues la corrupción resulta más penetrante a mayor nivel de poder público. Sólo revisen los vínculos de Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel con un ex funcionario de ambos mandatarios, ex presidente de Apatzingán y presumiblemente integrante de cierta organización criminal, cuyos hermanos (al menos dos) ocupan cargos de mando y se les atribuye la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente de Uruapan.
De ahí derivan las imputaciones de la esposa del alcalde sacrificado, Grecia Quiroz, en contra de Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. Cuya información y movimiento el mandatario estatal utiliza para impedir el acceso del Morón Orozco a la candidatura al gobierno del estado. Pero todo son sólo especulaciones, que las autoridades federales -de la FGR- deben investigar, sancionar y transparentar, para dar certeza a la ciudadanía.