J. Salatiel Arroyo Zamora
Cuando un gobierno reconoce que no existen condiciones de seguridad para llevar a cabo una actividad cívica y acepta su incapacidad para brindar garantías a la población en el desarrollo de una asamblea, donde se pretende expresar con libertad la voluntad sobre el destino de un núcleo ciudadano, sin duda se está frente a un claro ejemplo de ingobernabilidad. Que no es otra cosa que la ineptitud de los gobernantes para atender las demandas sociales de manera eficaz, estable y legítima.
Lo anterior, es lo que está sucediendo en Zitácuaro y en todo el territorio del Estado de Michoacán, donde la ausencia de escrúpulos de la clase gobernante y la ineficaz operación política, no permiten siquiera la realización de asambleas comunitarias, como sucedió en San Felipe de los Alzati, durante el inicio de semana.
La inseguridad, como consecuencia del abandono en la aplicación de la ley, ha trasladado la violencia al ejercicio cívico, evidenciando la incapacidad del gobierno en el restablecimiento del orden público y profundizando el caos social. Deficiencias que, de haberse expuesto en los gobiernos corruptos del pasado, hubiesen sido causa suficiente para la remoción del o los mandatarios responsables… recuérdese el caso del ex gobernador Luis Martínez Villicaña, quien, comparado con los incompetentes que hoy gobiernan, sería una excelsitud.
En Zitácuaro, hace más de un año que pobladores de San Felipe iniciaron el proceso para constituirse en Autogobierno, ingresaron la solicitud respectiva IEM, órgano controlado por quienes gobiernan el municipio desde el proceso electoral reciente. Luego de presentar la petición ante el órgano “ciudadano”, algunos solicitantes afirman que comenzaron a ser hostigados. Hasta que se logró hacerlos desistir de continuar en la consecución de ese derecho.
Al inicio del presente año (2024), quienes resistieron a las amenazas y presiones, continuaron con el proceso; sin embargo, el IEM les informó que por estar inmersos en el proceso electoral habría que esperar.
Pasando la jornada comicial del 02 de junio los interesados en instituir la figura del Autogobierno en su comunidad dieron seguimiento al trámite, solicitando nuevamente al IEM programar la consulta ciudadana, requiriéndoles la autoridad electoral que firmaran la reactivación los mismos solicitantes. Lo que se hizo. Programándose la consulta para el día lunes 11 de noviembre.
Una vez autorizada por el IEM la fecha para realizar la consulta, para que el pueblo de San Felipe de los Alzati decidiera si se crea o no el Autogobierno en su comunidad, el 04 de noviembre se inició la pega de propaganda, anunciando la realización del evento para el día 11 de noviembre. Pero, de manera clandestina los anuncios fueron retirados. Lo que alertó a los ciudadanos solicitantes, quienes, el día viernes 08 de noviembre, durante la gira por el municipio de Alfredo Ramírez Bedolla, solicitaron al gobernador su intervención para garantizar el desarrollo de un proceso consultivo popular seguro.
Pidieron -así mismo- al mandatario estatal dialogara con su homólogo municipal, para que ambos gobiernos tomaran las previsiones correspondientes e impedir más amenazas y cualquier acto intimidatorio que obstaculizara el desarrollo de una consulta libre y abierta, que se respetara la voluntad de la comunidad, si decidía transitar al Autogobierno.
No obstante, la noche del domingo 10 de noviembre, unas horas antes a la realización de la asamblea popular deliberativa, el IEM anunció la suspensión de la consulta. A pesar de ello, ciudadanos llegaron al lugar citado, pero otro grupo incitaba a la violencia. Al sitio arribaron el sub secretario de gobierno de Michoacán, Humberto Urquiza y el secretario del ayuntamiento, Eduardo Sánchez Guerrero, quienes fueron insultados y expulsados de la reunión.
De acuerdo a información de analistas y conocedores de los sucesos, los actos de provocación y violencia obedecen a una estrategia diseñada y realizada por operadores del gobierno municipal de Zitácuaro, quienes tendrían la consigna de posponer la consulta y no cumplir el acuerdo establecido con el gobernador, quien a su vez estaría incumpliendo una promesa con los pueblos originarios de Michoacán, especialmente con las comunidades indígenas de Zitácuaro, en particular la de San Felipe, a la que se prometió se le acompañaría y respaldaría en la realización de la consulta ciudadana.
Reiterando la administración gubernamental de Ramírez Bedolla, en voz del Secretario Carlos Torres Piña, el pasado 04 de noviembre, que habría garantías por parte del gobierno del estado de establecer las condiciones para que las comunidades indígenas (de Morelia y Zitácuaro) ejerzan su derecho a decidir sobre su Autogobierno y su presupuesto directo.
Incluso se hizo el llamado a los ayuntamientos (municipios) de Morelia y Zitácuaro a respetar dichas consultas, evitar la intervención en los procesos y contribuir a generar las condiciones para que los ejercicios democráticos de las comunidades indígenas se realicen en total calma, “que sea la asamblea la que determine su interés para transitar al presupuesto directo”, exhortó el Secretario de Gobierno.
Pero las promesas y obligaciones legales del gobernador y colaboradores no se cumplieron. Al contrario, la tensión creció en la comunidad de San Felipe de los Alzati el día de la asamblea para llevar a cabo la consulta, cuando un camión que circulaba por la localidad fue baleado a unos metros de donde se realizaba la concentración, resultando el conductor herido de gravedad.
Obviamente las autoridades estatales y municipales omitieron el comunicado oficial respectivo. Intentando ocultar dicha información por no convenir a sus intereses personales y políticos, para impedir se confirme la realidad del caos e ingobernabilidad institucional que prevalece en la región y el estado, donde la violencia está escalando e infiltrando actividades sociales consideradas en otro momento como fiestas cívicas y democráticas. Demostrándose una vez más que la inseguridad y violencia se están normalizando en el imaginario colectivo, en tanto la población dócilmente se adapta a esa nueva y terrorífica realidad.
El gobernador de Michoacán ha hecho creer a las comunidades originarias del estado que es aliado de ellas, que respalda la creación de Autogobiernos, donde así lo decida la mayoría de asistentes a las asambleas de consulta. Incluso, se ha especulado que con ello pretende crear una importante base social, paralela a la estructura de su gabinete y a la militancia del partido (Morena).
Por eso se entiende que, en Morelia, su principal adversario político: Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital del estado por el PAN y PRD, impidiera la creación del Autogobierno en Capula. Pues con ello se fortalecería el proyecto del gobernador Ramírez Bedolla. Pero no se explica porque en Zitácuaro, donde ganó Morena la presidencia municipal y se supone gobierna un aliado del gobernador, se impide avance el proceso para crear la figura de Autogobierno y que las comunidades indígenas puedan acceder al presupuesto directo.
Sería importante conocer la razón que tiene el gobierno municipal de Zitácuaro para obstruir que las comunidades indígenas decidan si se integran o no al Autogobierno. Ojalá no se trate de un impulso obsesivo compulsivo o de algún capricho por mantener el control financiero y electoral.
Pues con el Autogobierno se destinaría de manera directa el presupuesto a las comunidades indígenas, de acuerdo al numero de habitantes, para que lo ejerzan ellas. Como ha estado sucediendo en Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, donde se ha avanzado considerablemente en la realización de obras de infraestructura, haciendo mucho con poco. A diferencia del ayuntamiento, que con mucho no hacen nada, o muy poco.