Marco Aguilar
La construcción del nuevo Mercado Municipal de Pátzcuaro ha sido presentada por el gobierno estatal como un emblema del “progreso” y la “modernización”. Sin embargo, detrás del corte de listones y los discursos institucionales, se esconde una preocupante violación al orden jurídico del Estado de Michoacán: la intervención directa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) en un proyecto de obra pública que, por ley, no le corresponde ejecutar.
I. Las competencias legales: ¿quién debe construir?
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) es la dependencia facultada para planear, ejecutar y supervisar obras públicas estatales, incluyendo mercados, vialidades, centros de salud, escuelas y más. Esta atribución no es un asunto menor: forma parte del diseño institucional para asegurar la técnica, la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de recursos públicos.
Por su parte, la SEDUM tiene facultades de planeación, normatividad urbana, movilidad y desarrollo urbano sostenible. Puede formular planes, coordinar con municipios y emitir criterios técnicos, pero no ejecutar directamente obras públicas. Esta diferencia entre planear y ejecutar no es meramente administrativa: es el principio que evita la concentración de poder y permite un control cruzado entre dependencias.
II. El caso del Nuevo Mercado de Pátzcuaro
Contraviniendo lo anterior, el proyecto del Nuevo Mercado Municipal de Pátzcuaro fue totalmente conducido por la SEDUM, bajo el mando directo de su titular, Gladyz Butanda Macías, por instrucción expresa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Durante el proceso no hubo intervención alguna de la SCOP, ni siquiera como organismo técnico auxiliar. La SEDUM contrató directamente a la empresa constructora, supervisó la ejecución de la obra y la entregó como si fuera parte de sus competencias legales.
La ejecución de una obra de esta envergadura sin el respaldo técnico ni administrativo de la SCOP constituye una usurpación de funciones públicas. Además, evidencia un patrón preocupante: el debilitamiento de las instituciones técnicas del Estado en favor de decisiones personalistas y verticales.
III. ¿Dónde está la ley?
Este proceder transgrede principios constitucionales de legalidad, división de competencias y control del gasto público. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo establece que los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, es decir, deben derivarse de atribuciones expresas en la ley. Lo ocurrido con el mercado de Pátzcuaro no encuentra sustento legal alguno y, por tanto, es susceptible de ser impugnado administrativa y judicialmente.
Además, existen responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales en caso de desviaciones de poder o uso indebido de recursos públicos. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán prevé sanciones para funcionarios que actúen fuera de su marco legal. Hasta el momento, nadie ha cuestionado ni investigado este desvío de funciones.
IV. La forma de gobernar: autoritarismo maquillado
Más allá de lo jurídico, este caso revela una forma de operar que se ha vuelto costumbre: la concentración del poder estatal en manos de unos pocos, bajo la narrativa del progreso. La secretaria Butanda Macías ha convertido cada proyecto en un escaparate personal, anulando procesos participativos y apropiándose de funciones que no le competen. En lugar de fortalecer al Estado, lo reduce a un teatro político de conveniencia.
Pátzcuaro, un municipio con profundo valor cultural y simbólico, no merece ser tratado como escenario de simulación. La ciudadanía merece saber cómo se toman las decisiones que afectan su territorio y quién se beneficia de ellas.
V. Exigencia de rendición de cuentas
Este artículo no busca desacreditar una obra pública por sí misma. Se trata de exigir que las cosas se hagan conforme a derecho. Que se respeten las instituciones, que los funcionarios actúen dentro de sus atribuciones y que los recursos públicos no se utilicen con fines personales o políticos.
Pátzcuaro no necesita un mercado impuesto, necesita un gobierno que lo respete. Y Michoacán necesita urgentemente recuperar el sentido de legalidad en su quehacer institucional.