Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, compartió cómo fue que se logró un precedente judicial histórico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta acción defiende la dignidad humana de las víctimas y frena la tendencia de magistrados de reducir las sentencias de feminicidio bajo argumentos de reinserción social.
El ombudsperson michoacano participó en un conversatorio celebrado en el Congreso local, donde intercambió diálogo con legisladoras, así como con la recién nombrada fiscal especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, Lorena Bedolla Ponce, a quien reconoció públicamente por ser la abogada que asesoró a la familia de la maestra Jéssica hasta llegar a la Corte.
Josué Mejía detalló la lucha legal que acompañó en este caso, mismo que conoció desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. A pesar de lograr una sentencia inicial de 50 años para el feminicida, esta fue reducida a 42.5 años en una segunda instancia.
Subrayó que, el motivo de la intervención ante el máximo tribunal no fue solo la reducción numérica, sino el argumento esgrimido por un magistrado que aseveró que el feminicida «tenía una vida por delante», mientras que la vida de su víctima «no sumaba ni restaba porque ya no existía».
Calificó esta postura como “frívola y soberbia”, señalando que la reducción de 7.5 años de condena, sumada a la justificación que mancillaba la dignidad de la víctima, demostraba una debilidad sistémica en el Poder Judicial que debía ser corregida desde la instancia más alta.
Estrategia y Precedente Histórico
Ante la confirmación de esta sentencia en tribunales colegiados, la CEDH encabezada por Josué Mejía, y en alianza con el titular de la Fiscalía General, Carlos Torres Piña, optó por elevar el conflicto a la SCJN, en acompañamiento al recurso legal que presentaron familiares de la maestra Jéssica, en su condición de víctimas indirectas.
El recurso presentado fue un Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que evidenció cómo la interpretación inadecuada del derecho a la reinserción social pone en riesgo el castigo ejemplar en casos de feminicidio. La estrategia se centró en asegurar que las garantías del sentenciado no vulneren la justicia integral para la víctima y sus familias.
El resultado, sostuvo el ombudsperson, es un precedente que obliga a los jueces a reconsiderar la aplicación de beneficios de reducción de pena en delitos de alta gravedad. Esta victoria legal blindaría las penas de 50 y 60 años aprobadas por el Congreso local.
«La disminución de la pena en el caso de la maestra, Jéssica González, nos dolió mucho, pero su caso tenía que dejar un precedente más importante. Logramos una sentencia histórica para que ya ningún feminicida pueda tener la ventaja de una reducción a su sentencia, bajo el argumento de que tiene derecho a la reinserción social», concluyó.