J. Salatiel Arroyo
A los michoacanos debe quedarles claro que las principales causas de la violencia son la impunidad y la debilidad institucional. Combinación de elementos que han creado condiciones de inseguridad crónica en el Estado. Lo que se agrava con la proliferación de grupos criminales que se disputan control de territorios, dominación gubernamental y la diversificación de las actividades ilícitas, que incluye prioritariamente la explotación de la clase trabajadora y el sector productivo, a través de la extorsión y “cobro de piso”.
Lo que empeora con la normalización de las agresiones, complacencia de las autoridades y apatía ciudadana, así como indolencia en la procuración y administración efectiva de la justicia; ausencia, ineficiencia e infiltración de las fuerzas de seguridad pública. Y, en lo anteriormente descrito, poco o nada tiene que ver la “derecha”. Aunque sí pretenderá cosechar electoralmente las consecuencias… malo sería si no lo hicieran…igual que lo aprovecharon en su momento los que hoy gobiernan.
ZOZOBRA EN ZITÁCUARO
El sábado pasado se escenificaron en Zitácuaro (como ya es costumbre), más incidentes de pánico. Según la versión oficial, la causa fue la detención de cinco presuntos generadores de violencia. Aunque esos desmanes se suscitan cada vez que la paranoia (por exceso de drogas, alcohol y reclamos de conciencia) alcanza las neuronas de los jefes de plaza, que se imaginan que otros colegas suyos les quieren arrebatar el feudo y arman desorden para que la autoridad o el gobierno actúe con operativos blindándoles el territorio y cuidándoles el negocio, del que se benefician todos, particularmente los jefes políticos – al fin para eso les pagan a los mandos policiacos-.
Pero esta vez -según la versión oficial- si se debió a detenciones de presuntos delincuentes. Lo extraño es que, teniendo información y trabajos previos de “inteligencia”, no se emplearon estrategias y tácticas que inhibieran los bloqueos, incendio de establecimientos comerciales, vehículos, zozobra y pérdidas millonarias en la principal actividad de los zitacuarenses, que es el comercio.
La autoridad informó sólo de daños materiales, incendio de vehículos del servicio público y privado, afectando el patrimonio (tal vez el único) de familias zitacuarenses que vieron reducido a cenizas (literal) el esfuerzo de años de trabajo. Sin que nadie se haga responsable de esos daños y perjuicios, que la negligencia y complicidad gubernamental ocasionan.
Además, el gobierno del federal, estatal y municipal omitieron informar de los “daños colaterales”, entre ellos los ocasionados a una mujer, adulta mayor (de origen mexicano, pero nacionalidad norteamericana), a cuyo vehículo se le arrojó gasolina y fue incendiado con ella dentro de la unidad. Afortunadamente no perdió la vida, solo su camioneta y las lesiones requirieron que fuera hospitalizada.
Dando pretextos para que Donald Trump se ande entrometiendo donde no es requerido, con el argumento de cuidar y defender a sus connacionales. Porque en México no existen garantías, ni siquiera para los mexicanos, mucho menos para visitantes con otra nacionalidad.
CULPABLES LOS TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PÚBLICO
Como la corrupción, colusión y el descaro es una práctica común de los gobiernos, y algo normal desde la perspectiva ciudadana, para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es más sencillo amenazar a los transportistas (que son obligados a hacer lo que les indican los aliados y protegidos del régimen), que restablecer las garantías para que puedan negarse y denunciar.
Bien valiente contra los trabajadores del volante, el mandatario anunció que ya hay una indicación de su parte, “una instrucción”, de investigar la participación en estos bloqueos del transporte público concesionado de Zitácuaro y que, de llegar a encontrar que hubo colusión con estos actos -bloqueos- perderán su concesión quien haya participado… “Es un mensaje clarísimo ¿he? Van a perder la concesión si demostramos en la investigación que fueron los causantes de los bloqueos el transporte público, no vamos a ser omisos en el tema”. Declaró de manera literal el mandatario.
Al respecto, puedo asegurar que la ciudadanía afectada esperaba otro anuncio, uno que afirmara que ya tenían identificados a los verdaderos causantes del desastre y a sus cómplices dentro de las corporaciones policiacas (esos que les informan de los operativos) y que era cuestión de horas para que estuvieran tras las rejas. Pero no, se lanzó contra otras de las víctimas, las obligadas a acatar indicaciones fuera de la norma porque el gobierno se encuentra ausente, y que, a los trabajadores del volante (concesionarios y choferes), les importa más conservar la vida que una concesión, aunque sea la única alternativa honrada que tienen para llevar comida a la mesa de sus familias.
ELECCIONES BAJO CONDICIONES DE TERROR
Así, bajo esas circunstancias de incertidumbre permanente y terror constante, los diferentes partidos y actores políticos se preparan para el proceso electoral del 2027. Algunos, afines al régimen, sin pudor están utilizando los recursos públicos bajo su custodia -que deberían ejercer de manera transparentes y eficaz- para la autopromoción personal, ultrajando flagrantemente la legalidad, a un año de distancia de la jornada comicial.
La inmensa mayoría de funcionarios públicos y representantes populares del partido en el poder (Morena), así como del PT y PVEM, emplean el cargo, recursos humanos, financieros y materiales, propiedad de la nación, estado y municipios, para seducir electores de la jurisdicción territorial de su interés.
Vemos Senador@s de la República en supuestas reuniones informativas, diputad@s, alcaldes, regidor@s, recorriendo sus territorios, llevado “beneficios” y palabras de aliento. Funcionarios estatales, desde el secretario de Finanzas y Administración “haciendo barrio” con la pinta de bardas, lo mismo que Gladys Butanda, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, desde hace meses realizando pre campaña electoral abierta, igual que la Secretaria de Educación en el Estado. Todos haciendo lo que de otros criticaban y condenaban.
Y con ansias incontrolables de permanecer en el poder, a sabiendas que son otros los que “mandan” y el riesgo mortal que implica participar en política bajos las condiciones actuales.
El jueves se llevó a cabo un cónclave en Morelia, entre los aspirantes de Morena a la gubernatura con la dirigente nacional, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y la secretaria general del CEN del partido. En dicha reunión estuvieron Fabiola Alanis, Raúl Morón, Carlos Torres Piña, Celeste Ascencio, Gabriela Molina y Gladys Butanda, así como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Más tarde se realizó una asamblea con diputados federales, locales, presidentes municipales y la dirigencia estatal del partido.
Según los enterados, la primera encerrona fue para obligar a los aspirantes y al gobernador a firmar un pacto de unidad y no agresión. Pero el propósito central es mandarlos a la calle a organizar y realizar asambleas informativas en defensa de la soberanía y en apoyo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el menoscabo de credibilidad y el desplome en las preferencias ciudadanas, provocadas por la férrea defensa a los políticos acusados por el gobierno norteamericano de vínculos criminales.
Dificultades que se incrementarían frente a una eventual crisis financiera provocada por la baja calificación crediticia de México, riesgo de fuga en inversión extranjera por las condiciones de inseguridad en el país y la tensa relación con EEUU, los gastos excesivos en programas sociales, crecimiento de la deuda pública, entre otros factores que minan las finanzas del país.
Pero, sin duda, lo que más perjudica, es la negativa del gobierno federal a combatir de manera frontal y decidida la corrupción, incitadora y protectora del crimen organizado, causante de la peor tragedia nacional. Y tendrá que hacerlo, sin más simulaciones, además de impedir que la clase política esté concentrada sólo en robar y lucrar con el cargo, dejar de ver el servicio público como una forma de enriquecerse, pues ciertos sectores de la sociedad se están viendo obligados a despertar, ya existen más auditorias independientes y personas que se preocupan por escudriñar, que saben hackear. Por lo que no habrá más verdades ocultas, pues todo lo que se dice y se hace queda registrado.
Más vale conducirse con rectitud. Por lo pronto, ya cayeron los dos jueces que han conocido del caso de Armando Linares López, el periodista asesinado en Zitácuaro. Al menos uno de ellos incurrió en responsabilidad penal -seguramente ambos- y no habrá manera de evadirse, al menos qué permitan que la corrupción siga creciendo en el poder judicial e intoxicando a más integrantes, que tampoco encontraran a donde huir, sin que la justicia los alcance, tarde o temprano, gracias a la globalización también policiaca.