Jorge Hidalgo Lugo
En un enredo de carácter legal donde podría haber sanciones judiciales por desacato, la Mesa Directiva del Congres de Michoacán mayoritariamente bedollista por entreguismo de opositores, a cargo de Julieta García Zepeda, se negó a recibir la notificación del amparo concedido en las últimas horas por la justicia federal a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor superior del Estado.
En la cacería emprendida por actores y diputados ligados al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, prepararon sobre las rodillas dictámenes plagados de ilegalidades para guillotinar al responsable del órgano fiscalizador y ello dio pauta a que el amparo fuera concedido y evitar que se votara esta misma noche su derrocamiento que obedece a consignas palaciegas más que a cuestiones legales.
De esta forma, el documento cuya copia obra en poder de esta redacción consigna lo siguiente:
“…Con fundamento en los artículos 128, 129, 135, 137, 138, 139, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto que sin suspender el procedimiento de remoción de cargo que se lleva en contra del peticionario de amparo, una vez concluido el periodo de alegatos, se abstenga de resolver lo relativo a la separación de cargo que ostenta el quejoso como Auditor Superior de Michoacán, hasta que reciba la notificación de lo que se resuelva en la audiencia incidental.
“La medida cautelar se decreta sin fijar garantía alguna, en atención a los efectos de la suspensión concedida, máxime que con el otorgamiento de la suspensión no se contraviene disposición de orden púbvñlico ni se sigue perjuicio al interés social, ni se advierte que exista tercer interesado que pueda sufrir daños y perjuicios de difícil reparación.
“Lo anterior, en el entendido que la presente medida cautelar no surtirá efectos si la causa del procedimiento resulta de una conducta que constituya un delito, pues, en caso de ser así se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público…”.
Pese a ser de inmediato conocimiento para los 40 diputados que constituyen la 75 Legislatura local, y tener claro que se había concedido el amparo y protección al quejoso, en cuanto la suspensión provisional para todos los efectos legales, la actitud retadora y a todas luces arbitrario de quienes se supone deben ser los primeros en catar las leyes que surgen de este tipo de asambleas, no aceptaron firmar de recibido al notificador por indicaciones de la presidencia del Congreso en manos de la morenista García Zepeda, acérrima aplaudidora de Alfredo Ramírez Bedolla quien está detrás de esta persecución contra el auditor.
El dilema es que tampoco se decretó un cambio en la orden del día, y hasta el momento de enviar este despacho se mantenía firme la lectura de los dictámenes amañados para destituir a Aguirre Abellaneda, lo que de prosperar daría pauta a un desacato, arbitrario, ilegal y de franco atropello por abuso de poder, como es característica de Morena y sus actores, como se ha visto en la federación y que hoy se busca replicar en la entidad.
Pese al formulismo la autoridad judicial federal da por un hecho que los diputados ya están legalmente avisados por un ente que tiene fe pública y la notificación es legal y surte sus efectos a partir de ese momento y si la violan incurren en una responsabilidad por desacato.