Morelia, Mich., a 3 de septiembre del 2020.- Por la deshonestidad del proceso de ingreso a las ocho escuelas normales michoacanas fuimos vergüenza nacional una vez más en este 2020. Superando las irregularidades que año tras año se suscitaban, en esta ocasión el proceso fue aún más desastroso. Se exhibieron pruebas del desaseo con el que se condujeron aspirantes, estudiantes, consejo estudiantil, la ONOEM, la CNTE, maestros, directivos de las normales y funcionarios de la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado, así como todos aquellos integrantes de los comités de transparencia quienes con su silenciosa presencia y su firma incondicional señalaron estar explícitamente de acuerdo en validar un proceso que fue repudiado públicamente por la sociedad michoacana y a escala nacional
Hubo cientos de incidencias, inconformidades e irregularidades documentadas, ante las cuales se asumió la intención de proclamar una especie de “verdad histórica”, a pesar de que la razón, la lógica y las evidencias apuntaban masivamente en contra del discurso oficialista. Numerosas voces, entre las cuales destacan organismos de la sociedad civil, académicos expertos en estadística, actores legislativos, políticos de oposición y el Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se sumaron a los clamores por justicia que elevaron aspirantes, padres de familia y Mexicanos Primero capítulo Michoacán desde un inicio. La narrativa quedó perfectamente relatada en los medios de comunicación estatales y nacionales, recorriendo desde la primera plana hasta rozar las páginas de la nota roja.
Al no haber atraído el tema el Gobernador del Estado, el carpetazo que ha dado la SEE parece gritarles a todos aquellos que deseen ser normalistas que, para la próxima ocasión que deseen ingresar busquen la respuesta en sus carteras o en sus uñas, ya no en su cabeza ni en su esfuerzo.
Increíblemente, las autoridades educativas, hasta en tres oportunidades no pudieron avanzar en transparencia ni en rendición de cuentas. Con su discurso aceptaron abiertamente cargar con el estigma de haber conducido el proceso más corrupto de ingreso a las escuelas normales de la historia de Michoacán. Ante el alud de evidencias optaron por negar lo evidente y por intentar remitir las inconformidades ante el Ministerio Público o ante sus propias instancias de control, donde ó son juez y parte o resultarían improcedentes las denuncias, lo cual no puede ser interpretado sino como una burla rampante que linda en la revictimización para los afectados.
Sin embargo, la protesta e indignación por el corrupto proceso ha amainado, producto de la decepción y el desánimo. Paralelamente, los rumores de las negociaciones entre aspirantes, tanto aceptados como rechazados son estridentes. A pesar de la ineficacia, ilegitimidad e ilegalidad demostradas en el proceso, ya se encuentran realizando inscripciones los planteles normalistas. Los consejos estudiantiles están convocando ya a sus campamentos de inducción, donde se amenaza, somete y se les imbuye ideología a los recién llegados. La autoridad sigue sin reaccionar al respecto.
Será cuestión de dejar pasar unas semanas para compulsar el número e identidad de quienes intentaron ingresar respecto al de los estudiantes reconocidos como inscritos en escuelas normales. Se habla de que en Cherán, Arteaga y normales morelianas habrá un exceso de matrícula respecto al programado inicialmente, lo cual comprometerá el presupuesto -ya de por sí enormemente deficitario de la SEE- en el largo plazo, garantizando la presencia de un boquete financiero hasta por lo menos el año 2065, en caso de no darse un cambio en el estilo de presupuestación estatal. ¿Quién responderá por la violación a la convocatoria, al proceso completo de ingreso y al daño patrimonial que se está realizando desde ahora?
Desde Mexicanos Primero Michoacán, así como en su momento nos dimos a la tarea de denunciar y testimoniar lo acontecido, ahora realizamos propuestas para que el proceso de ingreso a las escuelas normales no se vuelva a repetir en los términos que hoy laceran el derecho a aprender de los aspirantes rechazados por no haber tenido dinero para sobornar a las redes de corrupción, así como amenazan enormemente el respectivo derecho de al menos cuarenta generaciones de estudiantes de escuela pública michoacana a partir del 2024, año en el que egresarán y, con ello prácticamente recibirán a cambio una plaza docente.
Estamos convencidos que, una sociedad educadora es aquella en la que se aprende de los errores, tomadas como experiencias perfectibles que requieren mejores prácticas, sin que ello menoscabe las cuentas pendientes que desde diferentes ámbitos del derecho quede pendiente sobre los responsables de este atropello, ni tampoco se merme el derecho a la reparación del daño que poseen todos los afectados. Teniendo presentes ambos considerandos expuestos anteriormente y habiendo analizado el proceso conjuntamente con diversos afectados es que elaboramos las siguientes propuestas de política pública para mejorar el normalismo michoacano:
1) Realizar un diagnóstico profundo del estado en que se encuentran las escuelas normales, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, infraestructura, equipamiento, para con base en ello realizar un plan estratégico de desarrollo institucional con visión de largo plazo, conformando participativamente un horizonte de futuro posible en torno al cual se realicen las programaciones y presupuestaciones anualizadas, el cual contemple la conformación de un consejo para la planeación del normalismo michoacano que dirija los trabajos de revisión periódica de la visión de futuro desarrollada, en pleno contacto con la comunidad académica.
2) Universitarizar las normales, preponderando las actividades sustantivas de toda institución de educación superior: académicas, de planeación, vinculación y extensión, investigación y posgrado, infundiendo una mística de mejora continua y desarrollando cada una de las áreas respectivas de toda universidad, para que los indicadores de medición sean análogos, medibles y comparables.
3) Regular la operación de las escuelas normales estatales, mediante la creación de un Instituto Estatal de Formación Inicial Docente, como organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio, lo que brindaría fiscalización tanto federal como estatal, pero a la vez las posibilidades de radicar directamente los recursos en la entidad sin que ingrese a la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, evadiendo con esto la ignominiosa “licuadora”, mala práctica financiera que a la fecha aún persiste y que motiva quejas a raudales por parte de los planteles; pero también, obligando a las escuelas normales a llevar registro, control y seguimiento de todos los ingresos y egresos económicos que se realicen, conforme a la normatividad aplicable en la materia.
4) Asimismo, conformar un consejo ciudadano plural en torno a la formación inicial docente, para que el organismo descentralizado cuente con elementos de gobernanza, cuya primera tarea sea elaborar un manual de organización y reglamento interior de las escuelas normales, que incluya un manual de perfil de puestos, escalafón y reglamento de titulación, así como un reglamento para la creación y operación de los consejos estudiantiles internos, donde se definan sus alcances y limitaciones, de acuerdo con los valores institucionales del normalismo.
5) Implementar toda clase de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que respondan al principio de máxima publicidad en la vida interna de las normales, comenzando por publicar los resultados de los procesos de ingreso a las escuelas normales en tiempo real, en transmisión en vivo, protegiendo su legalidad mediante el respectivo aviso de privacidad.
6) Diseñar un comité académico estatal para estudio del normalismo, que permita la participación externa, plural, incluyente y con vigilancia mutua. Que incluya un análisis estadístico histórico de cada uno de los procesos de ingreso a las escuelas normales, así como un seguimiento de los estudiantes matriculados y la realización de investigaciones, análisis y diseño de proyectos de innovación educativa en la formación de formadores basados en evidencias construidas con base en el método científico. Se cuenta con cuatro cohortes en formación que deben ser materia de investigación educativa rigurosa para constatar sus logros en aprendizaje y un seguimiento de egresados a lo largo de su vida profesional.
7) Realizar evaluación independiente y externa para el ingreso a las escuelas normales, así como las evaluaciones semestrales y, en la medida de lo posible, para las titulaciones de licenciatura, así como para las graduaciones, en caso de existir ya maestrías y doctorados. En ello debe de buscarse la colaboración de instituciones externas dedicadas a la evaluación de la educación como facultades de educación de diversas universidades públicas y privadas o el propio CENEVAL. El punto es que, en esta propuesta, no se incurra en entregar la evaluación de maestros, directivos, estudiantes de las normales, ni funcionarios de la SEE, ni en el diseño, aplicación, evaluación ni publicación de los resultados del instrumento evaluativo.
8) Tipificar en el Código Penal del Estado de Michoacán como delitos el tráfico de plazas y espacios en el sector educativo; lo cual incluiría definir las conductas delictivas en cuanto a modo, tiempo y lugar relacionadas con la oferta por fuera de la norma de cursos, exámenes respondidos, inscripciones directas y matriculación extemporánea en las normales, así como el tráfico y herencia de plazas docentes y de personal de apoyo a la educación sin que medie concurso de oposición abierto de por medio, así como la herencia y el mercadeo de espacios de adscripción en los centros de trabajo educativos de la entidad.
9) Involucrar a los funcionarios federales cuyas atribuciones empaten con la formación inicial docente en la gobernanza del normalismo estatal, así como a los diputados michoacanos, tanto federales como estatales, basados en el principio de corresponsabilidad entre ordenes de gobierno, así como en la constitucional división de poderes para reforzar la integralidad de las políticas públicas que se conformen.
10) Implementar exámenes de ingreso, control de confianza y permanencia para los funcionarios que temporalmente se encargarán de las responsabilidades de regir la política pública normalista en la entidad, implementando controles que aseguren que nuestros empleados en el rubro estén libres de malos antecedentes en el servicio público, así como de conflictos de intereses, tales como la consanguineidad con líderes sindicales, directivos de planteles de escuelas normales o ser proveedores de productos y servicios, por citar algunos ejemplos de malas prácticas que han arraigado entre quienes sempiternamente buscan ser parte de la estructura de la SEE en este rubro.
Resulta ya insostenible el hecho de que aún, al día de hoy, en materia de tráfico de plazas, espacios de adscripción y de lugares de ingreso a las escuelas normales, Michoacán siga siendo, literalmente, un estado sin ley. Tomar en cuenta las recomendaciones hechas sería sumamente conveniente para lograr una entrega digna del sistema educativo a la próxima administración pública estatal, la cual, en un año, un mes y tres días tomará posesión del cargo. Podrían rectificar notablemente los pasos errabundos que han dado en torno a hacer efectivo el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad, a la vez que, con ello, los actuales funcionarios demostrarían cómo desean ser recordados. Al tiempo.
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