Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2023.- El trabajo coordinado que se lleva a cabo con los tres órdenes de gobierno se ha reflejado -en lo que va del año- en la disminución de delitos de alto impacto, en comparación con el mismo periodo del 2022, aseguró el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís.
En conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres y el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Torres Reyes, Adrián López Solís, precisó que los delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro y desaparición de personas son los que reflejaron una disminución importante.
Expresó que, “entre enero y octubre del año pasado se registraron mil 729 homicidios dolosos ocurridos en la entidad, y en 2023 se redujo a mil 220, lo que representa 509 casos menos y un decremento del 29.43 por ciento”; por lo que corresponde al homicidio doloso en agravio de la mujer, se obtuvo una disminución del 38.82 por ciento, al pasar de 188 casos a 115.
Asimismo, refirió que respecto a la investigación y persecución del delito de secuestro, se obtuvo una reducción del 50 por ciento, ya que en lo que va del año se han registrado 18 casos, mientras que en 2022 se tuvo conocimiento de 36 hechos.
En este sentido, el funcionario resaltó que otros de los delitos que han reducido su índice delictivo son el robo a comercio, que pasó de 515 casos a 445, en el citado periodo, logrando una disminución de 13.59 por ciento, así como el robo a transeúnte que disminuyó 34 casos entre enero y octubre del año pasado, en comparación con el periodo referido, al pasar de 300 a 266.
Por lo que corresponde al de desaparición de personas, de mil 829 casos que se denunciaron en el 2022, en lo que va del año, se han registrado mil 697, lo que representa una disminución del 7.2 por ciento.
Finalmente, el Fiscal General, expresó el compromiso que existe de seguir trabajando con las instituciones para hacer frente a la incidencia delictiva y en este caso, con una investigación y persecución de delitos de manera eficaz y que responda a la legítima demanda de garantizar acceso a la justicia.