° DECRETO DE SEGURIDAD NACIONAL Y RESERVA DE INFORMACIÓN PÚBLICA: “ENCUBRIMIENTO” DEL SAQUEO DEL ERARIO PÚBLICO.
° EL GASTO PÚBLICO DEL OBRADORATO: ENTRE EL NEPOTISMO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
° LA CUARTA TRANSFORMACIÓN: USO INDISCRIMINADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS.
Julio César Silva Alemán
Al menos en el discurso, Andrés Manuel López Obrador insiste en que la “tolerancia a la corrupción terminó y blande un pañuelo blanco, como un símbolo demoledor a los corruptos”, con la elección del 2018. Sin embargo, las compras públicas de la administración Obradorista evidencian otra realidad. Andrés Manuel, ha beneficiado con contratos multimillonarios a personas cercanas, colaboradores, primas, hijos y amigos de los hijos, sobrinos, empresarios “favoritos” Carlos Slim y Ribó.
TRABAS A LA TRANSPARENCIA.
El problema no es sólo el tráfico de influencias, sino que el gobierno de la Cuarta Transformación ha promovido medidas que aumentan la “discrecionalidad” en la asignación de contratos públicos. Esta opacidad se ha fomentado desde Palacio Nacional. Ha limitado al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Cada vez se publica menos información sobre contratos públicos y cada vez existen más trabas que impiden “saber en que se gasta nuestro dinero. También es cada más común que López Obrador, “reserve información pública” bajo el argumento de que se trata de “asuntos de seguridad nacional”, incluso cuando eso es llanamente falso. Ahora, además, busca cambiar las “leyes a modo”, al margen de la Constitución, para promover mecanismos “pocos transparentes y menos competitivos en las compras públicas”.
SIMULACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó una investigación sobre los contratos de la Administración Pública Federal en el 2023. “Y encontraron que la transparencia ha disminuido” debido a “vacíos de información y datos mal clasificados”. MCCI asegura que:” Es una estrategia del gobierno federal para simular mejoras en las compras públicas cuando, en realidad, promueve el uso indiscriminado de las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas, al tiempo que aumenta la discrecionalidad en las contrataciones”.
Esto sucede porque los requisitos para no abrir una licitación –es decir– un concurso abierto a todas las firmas interesadas—son ahora más laxos permiten seleccionar a los proveedores. En teoría, las licitaciones públicas “deberían” ser el principal mecanismo para el gobierno Obradorista “contrate a proveedores privados”, de acuerdo con las leyes de compras y lo que establece la Constitución.
Las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas “deberían ser excepcionales”. La Ley establece que las autoridades “deben justificar” los motivos por los cuales quieren usar estas alternativas a la licitación. Uno de los motivos que permiten” no licitar” es que el monto del contrato no supere cierta cifra. Para así reducir los costos administrativos que generan las licitaciones cuando se trata de contratos pequeños. Para ello, año con año, la Secretaría de Hacienda Pública en Presupuesto de Egresos de la Federación, tablas que establecen los montos máximos de los contratos públicos, ya sean para la obra pública o adquisición de bienes, tanto para adjudicaciones directas como para invitaciones restringidas. Este límite evita abusos de la “excepción de los montos máximos”, pues cualquier compra más cara tendría que ser licitada.
JUSTIFICACIÓN: NO HACER LICITACIONES.
En las investigaciones de campo del MCCI “arrojó” que “En el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2023, de “manera inusual, se ampliaron los montos máximos permitidos. Los aumentos de montos máximos, tanto para obra pública como para adquisiciones de bienes y servicios, fueron desde el 60% hasta 153%, mayores que en el 2022. En años anteriores, los aumentos eran promedio de 6%. Es decir: en el 2023, “se elevaron de manera irregular” los límites para hacer adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, de manera que no se tuviera que justificar más por el monto.
Todos los contratos que utilizan para “justificar no hacer licitación por ser de montos menores, pero que exceden el monto permitido, incurren en una violación a la ley”. En el 2023 el número de contratos que excedieron el monto máximo fue el menor de los últimos cinco años, con un total de 971. Comparados con los 1804 del 2022, es una disminución de casi la mitad de los contratos. Sin embargo, el motivo de la disminución no fue por mayor apego a la ley, sino por el ajuste del monto máximo.
OBRA PÚBLICA: “PLAGADA DE CORRUPCIÓN”.
Dentro de las investigaciones de MCCI “encontraron” que: “Los contratos que se excedieron del límite de lo permitido que los 971 contratos que excedieron el monto de dos mil 751 millones de pesos, esto con el aumento de los límites. Por su parte, los 2 mil 461 contratos superaron en 2023 el límite establecido en 2022 alcanzan un total de 5 mil 251 millones de pesos.
La diferencia implica que alrededor de 2 mil 500 millones de pesos adjudicados de forma indebida se “legalizaron con los aumentos de los límites permitidos”. El problema no es nada más haber modificado las reglas para que a primera vista “parezca que hubo una reducción de las ilegalidades del gobierno Obradorista. Adicionalmente al ampliar los montos están “dando permiso para que se legalice” que la selección de proveedores por
adjudicación directa o invitación restringida “sea más discrecional y plagada de corrupción”. ¡Si ya la tendencia en las contrataciones por adjudicación directa es más la regla que la excepción, pues “ocho de cada diez contratos son por esta vía…! adjudicación directa!” aumentar el límite para “no hacer la licitación promueve el abuso de estas figuras más opacas y menos competitivas”.
EN EL OBRADORATO: INEXISTENCIA DE COMPETITIVIDAD.
Sin embargo, si cada año el gobierno de López Obrador, “suaviza los límites a las adjudicaciones directas, vemos que contratos más grandes evaden hacer una licitación”. Este incremento del monto máximo, “busca incrementar la discrecionalidad, la corrupción e impunidad del Obradorato”, para elegir con “poca o nada de competencia a su proveedores y empresarios favoritos”.
Esto incrementa que las decisiones del gasto público se envíen directamente al “nepotismo y trafico de influencias”, en lugar al criterio competitivo, como la experiencia, capacidad y calidad de los bienes o servicios ofertados…. QUANTA EST.