Uruapan, Mich., a 18 de abril de 2026. — Tras el cateo realizado a su vivienda en el municipio de Uruapan la mañana de este viernes, el exalcalde Ignacio Campos Equihua rompió el silencio y lanzó acusaciones directas: denunció un presunto uso político de las instituciones de justicia y responsabilizó públicamente a la actual alcaldesa —viuda de Carlos Manzo Rodríguez— y al hermano del alcalde asesinado y actual funcionario estatal, Juan Manzo, de encabezar una campaña de señalamientos en su contra.
En un video difundido en redes sociales, el exedil calificó la diligencia como “mal realizada” y aseguró que durante el operativo no se le permitió a su defensa revisar la orden judicial, lo que —dijo— pone en duda la legalidad del procedimiento.
Mensaje
A las y los representantes de los medios de comunicación:
Informo a la opinión pública que en se llevaron a cabo diligencias de cateo en mi domicilio por parte de la fiscalía general del estado. Este acto, más que responder a un genuino interés de justicia, forma parte de una estrategia de hostigamiento e intimidación que busca distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el municipio que tuve el honor de gobernar.
Esta campaña de linchamiento mediático y sin pruebas desató manifestaciones de odio que provocaron que nos saliéramos de Uruapan para garantizar la seguridad de mi familia, que es mi deber como padre y esposo.
Quiero ser claro: estoy tranquilo. Tengo la conciencia limpia y la certeza de haberme conducido siempre en el marco de la legalidad, trabajando con responsabilidad, compromiso y profundo respeto por el pueblo. Mi trayectoria pública ha estado guiada por un solo principio: servir y garantizar bienestar para las y los ciudadanos.
Rechazo categóricamente el uso de las instituciones de justicia como herramientas para perseguir o intimidar a quienes piensan distinto o representan una alternativa política. Este tipo de prácticas lastiman la vida democrática y debilitan la confianza en las instituciones.
Emprenderé todas las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos y defender mis derechos que han sido vulnerados. No descarto acudir a instancias federales para garantizar que exista imparcialidad y que el caso sea revisado bajo los estándares más altos de legalidad.
Hago un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma, a no caer en provocaciones y a mantenerse informada a través de canales oficiales. En su momento, estaré compartiendo información puntual y transparente sobre esta situación.
Seguiremos firmes, con la frente en alto, defendiendo la verdad y el trabajo honesto.