Ciudad de México, 21 de marzo de 2024.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal informó sobre la situación de Grupo Salinas frente a la hacienda pública federal; a la fecha, adeuda 63 mil millones de pesos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Félix Arturo Medina Padilla, señaló que el pago proporcional y equitativo de contribuciones, como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todos, debido a que es una fuente de recursos económicos que se destina a educación, salud, programas sociales e inversiones de proyectos. Añadió que las cantidades millonarias de impuestos que están obligados a pagar los grandes consorcios deben recaudarse oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo.
El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Antonio Martínez Dagnino, detalló que, a la fecha, Grupo Salinas adeuda 53 mil millones de pesos por 17 juicios fiscales, de los cuales más de 90 por ciento tienen que ver con el Régimen de Consolidación Fiscal, una figura vigente hasta 2013, que permitía diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sumar ganancias y pérdidas dentro de un mismo grupo empresarial.
Indicó que, durante la actual administración, el SAT ha emitido créditos fiscales a empresas del Grupo Salinas por 10 mil millones de pesos, por lo que el adeudo total asciende a más de 63 mil millones.
Al respecto, Medina Padilla dijo que la consolidación fiscal, principal tema de las auditorías relacionadas con los adeudos de este grupo, otorgaba a los contribuyentes dos beneficios: la posibilidad de sumar ganancias y pérdidas de un solo grupo y con ello tener un mismo resultado, y diferir o aplazar el pago del ISR.
Explicó que, si una empresa tenía utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de cinco, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente ISR sobre cinco pesos y no sobre los 10, es decir, solamente sobre la diferencia.
Aclaró que dicho esquema terminó en 2013 y las empresas tenían obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado. La consolidación fiscal, acotó, fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación.
Puntualizó que dichas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligue al pago de sus impuestos.
A manera de ejemplo, apuntó que, en uno de los juicios —marzo de 2014—, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos; en noviembre de 2015, el SAT revisó el tema, pero no estando de acuerdo con la determinación, la empresa se inconformó y promovió un juicio de nulidad que, cinco años después, en octubre de 2020, reconoció la validez del cobro, lo que muestra cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial.
Abundó que, posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. Asimismo, desde diciembre de 2022, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de atraer el caso y, en esta etapa, el expediente estuvo guardado ocho meses, sólo para resolver si la SCJN tenía o no interés en conocer el fondo del asunto.
Mediante una votación, que también es pública, en la que sólo el ministro Aguilar Morales apoyó su proyecto, los ministros de la Segunda Sala determinaron que este caso ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales y lo devolvieron al tribunal colegiado, del cual se espera resuelva en breve el fondo del asunto.
La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, enfatizó que la autoridad fiscal ha demostrado la constitucionalidad de las normas que aplica. Señaló que ha aportado pruebas y ha demostrado que las notificaciones, plazos y cobros realizados al Grupo Salinas se han efectuado en tiempo y forma, por lo que rechazó el argumento de la empresa de que ha tenido desconocimiento de los actos de autoridad que no les han sido favorables, buscando obtener resoluciones que no son procedentes y paralizar así a las autoridades administrativas, pudiendo generar perjuicios a la sociedad.
Precisó que las autoridades han acudido a todas las instancias judiciales para responder cada una de las demandas interpuestas por el grupo empresarial, en las que se ha señalado que son parte de estrategias cuyo propósito es retrasar la resolución de los juicios y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Apuntó que, en todo momento, las autoridades fiscales han defendido la legalidad de sus actos y procedimientos, así como la correcta interpretación de las normas aplicadas en los juicios contra Grupo Salinas, ganando la mayoría de los casos.
La presentación expuesta en la conferencia por las autoridades mencionadas está disponible en https://bit.ly/4a0nFIB