Morelia, Mich., 26 de agosto de 2024.- Los jueces del Poder Judicial de Michoacán, rechazaron tajantemente el propósito de vincular la designación de los jueces y juezas a instancias político – electorales y la elección popular pretendida como solución para la justicia en todos los niveles previstos.
Pronunciamiento de las juezas y los jueces de Michoacán frente a la reforma judicial
México vive tiempos de trascendencia en su historia de democracia social, las necesidades y aspiraciones de su gente lo enfrentan al reto de satisfacer, a plenitud, los justos reclamos de bienestar y de paz que
en aspectos diversos son una deuda con sus ciudadanos: La seguridad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desempleo, el ingreso justo, la salud, la educación, la violencia de género, la discriminación, el medio ambiente y por supuesto, la justicia misma.
Todas y todos debemos ser activos en las estrategias de solución, en las propuestas de cambio, en el necesario diálogo para el debate de soluciones alcanzables. Especialmente quienes estamos directamente
involucrados en las estructuras del Estado que atienden esas causas.
Por eso la necesidad de un pronunciamiento, independiente y serio, por parte de las juezas y jueces del Estado de Michoacán, sobre la inminente reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de los Estados, asumiendo la responsabilidad de nuestra exposición.
No reconocemos la confrontación ni los adjetivos como elementos del diálogo: la cultura de paz, debe ser la base de un diálogo responsable y constructivo, que supere argumentos meramente emotivos, interesados o dogmáticos. El poder judicial, como toda actividad humana y del Estado, merece también un juicio justo y por ello ser escuchado.
No coincidimos en el propósito de vincular la designación de los jueces y juezas a instancias político electorales: Una democracia constitucional, para serlo, debe interesarse en fortalecer la independencia del juzgador, como elemento esencial del estado de derecho. Los jueces nunca deberían estar en la encrucijada de elegir entre agradar al votante o respetar la ley, por ello somos categóricos en rechazar la elección popular pretendida como solución inmejorable para la justicia en todos los niveles previstos por la Constitución, hay otras formas, solo falta escucharlas para tomarlas en cuenta.
Y, para conocimiento general, dejamos claro que las juezas y jueces michoacanos pertenecemos al pueblo, provenimos de familias esforzadas en el trabajo, que se preocuparon por nuestra educación, nos inculcaron principios y valores.
Con esa firme base ética y moral, logramos concluir la carrera de licenciados en derecho, que desde la etapa de estudiantes, tocamos puertas para iniciarnos en la vida laboral, primero como meritorios y posteriormente ya como empleados en los primeros puestos dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Con sueños legítimos e ilusiones alcanzables, emprendimos una larga carrera judicial, llena de esfuerzo y entrega, empeñando la mayor parte del tiempo en la preparación profesional y a la par escalando hasta lograr ser jueces. Juezas y jueces de carrera.
Ser juez no siginifica tener privilegios, se trata de una actividad que nos da el Estado, para brindar a sus habitantes el servicio de justicia, basada en los derechos reconocidos por las leyes siempre con la visión del respeto a los derechos humanos, tal y como lo ordena nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el pueblo ejerciendo su democracia así lo manda.
Por todo ello, refrendamos nuestro compromiso de servicio, con humanismo, profesionalismo, eficiencia y honradez, tomando decisiones legítimas, apegadas a las normas y a los derechos humanos.
En la actualidad, el nombramiento de una jueza o juez de primera instancia se obtiene por exámenes de oposición, con vigencia de tres años, y para ser ratificados por otro periodo igual, están sometidos a la
evaluación de su desempeño ético y profesional durante ese período, por lo tanto, nunca dejamos de prepararnos, más allá del estudio que implica cada sentencia dictada.
El cuerpo colegiado que evalúa y ratifica a los jueces se denomina Consejo y se integra por representantes de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
Por tanto, consideramos que la legitimidad que podría ofrecer el voto directo, puede perder su objetivo porque con ello se generan grandes compromisos que opacan los nobles fines del ciudadano, ya que la
elección popular implica la necesidad de responder a expectativas ideológicas, económicas, políticas e incluso intereses de poderes fácticos.
Además, la descalificación de los actuales juzgadores, compromete claramente la posibilidad real de aspirar a la continuidad de la carrera judicial, como vía que garantiza al pueblo el servicio de justicia independiente, lo que a su vez constituye un derecho humano para satisfacer sus reclamos.
Pensamos en cada ciudadano, en los altos costos que pagaría el pueblo a consecuencia de la inminente reforma, pero también pensamos como parte de ese pueblo que reclama justicia, por lo que ahora nos convertimos en un sector que pide ser tomado en cuenta por quienes tienen el compromiso de realizar una verdadera reestructura del sistema judicial y hacemos un llamado a los señores legisladores, al señor Presidente de la República, a los señores Gobernadores, para que asuman la responsabilidad de hacer un trabajo real, cuyos propósitos sean alcanzables y mejorar a corto plazo el sistema integral de Justicia en México, ajenos a sentimientos partidistas, a ideologías personales o intereses de grupo, trabajemos todos genuinamente por el pueblo de México, nada se transforma con una reforma por buena que parezca, si no se trabaja objetivamente por y con amor a la patria.
Como legado del Ilustre Melchor Ocampo, honremos la idea de que es hablándonos como debemos entendernos.