Por Marco Aguilar
«Si en la primera parte mostramos el problema, esta segunda parte aborda lo que con frecuencia se silencia: el marco jurídico que protege al comerciante y al ciudadano frente a obras públicas mal ejecutadas y decisiones administrativas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio».
La discusión pública en torno al nuevo mercado no puede reducirse a molestias, confusiones, pérdida de ventas o desorden administrativo. Estamos frente a algo más grave: la afectación directa a derechos humanos y patrimoniales, derivada de un proyecto de obra pública deficiente en su planeación, ejecución y supervisión.
No se trata solamente de “detalles por corregir”. Las instalaciones de gas, eléctricas, hidrosanitarias y estructurales presentan deficiencias que no son menores. Cualquier falla en ellas implica riesgos reales: explosiones, intoxicaciones, fallas eléctricas, colapsos parciales, pérdidas económicas, lesiones o incluso pérdida de vidas. El riesgo no es hipotético: es técnico y es jurídico.
LO QUE LA LEY ESTABLECE — Y LO QUE HOY SE ESTÁ INCUMPLIENDO
En México, el comerciante y el usuario no están desprotegidos. Hay un marco legal claro:
– la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°, establece la obligación de todas las autoridades de prevenir violaciones a derechos humanos;
– el artículo 4° tutela el derecho a la protección de la salud;
– el artículo 14 y 16 garantizan la seguridad jurídica frente a actos de autoridad;
– el artículo 113 reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado: cuando la administración pública causa daños por su actuación irregular, debe reparar.
A nivel estatal, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado señalan con claridad los deberes de planeación, supervisión, seguridad, transparencia y calidad técnica. Si la obra presenta fallas desde su origen, si no cumple normas, si pone en riesgo a la población, estamos frente a una actuación irregular de la autoridad.
Eso implica dos cosas:
1. obligación de corregir de manera inmediata, con responsabilidad técnica y pública,
2. posibilidad real de que comerciantes y usuarios reclamen indemnización por daños y perjuicios causados por la mala ejecución y planeación.
La autoridad no puede esconderse detrás de pretextos administrativos, ni dividir a los comerciantes, ni distraer con culpables menores. La ley es clara: quien decide, proyecta, contrata, supervisa y presume la obra, responde por sus consecuencias.
NOMBRES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En este caso, la responsabilidad pública fue personalizada desde el inicio. La titular de la SEDUM, Gladyz Butanda, se atribuyó la autoría política y técnica del proyecto; lo presumió como logro personal y condujo a la autoridad municipal —Julio Arreola— conforme a sus intereses.
Hoy, frente a fallas estructurales, instalaciones riesgosas y afectaciones económicas a cientos de familias, no pueden presentarse como aspirantes a nuevos cargos públicos sin antes rendir cuentas. Quien pretende ascender políticamente mientras deja tras de sí una obra defectuosa y riesgosa, no representa progreso: representa impunidad.
La ciudadanía y la ley deben impedir que los errores convertidos en riesgos se traduzcan en premios electorales.
LO ESENCIAL
No estamos únicamente ante un mercado mal resuelto. Estamos frente a:
– riesgo a la salud y a la vida,
– afectación patrimonial de comerciantes,
– daño a la confianza pública,
– utilización política de la obra pública fallida.
La ruta correcta no es el silencio, ni la resignación, ni el “ya se irá componiendo”. La ruta correcta es:
– exigir auditorías técnicas independientes,
– documentar daños,
– activar mecanismos de responsabilidad patrimonial del Estado,
– impedir que la mala administración se traduzca en carrera política.
Porque el derecho no sólo está escrito: se ejerce. Y cuando la ciudadanía se organiza y lo hace valer, la obra pública deja de ser botín político y vuelve a ser lo que siempre debió ser: servicio para la vida común.
LLAMADO A LA ACCIÓN CIUDADANA
Nada cambiará por inercia. Los derechos se defienden ejerciéndolos. Hoy corresponde a los comerciantes, a los usuarios del mercado y a la sociedad organizada dar el siguiente paso: documentar, denunciar y exigir formalmente la reparación de los daños y la corrección integral de la obra. No se trata de valientes aislados, sino de una comunidad que decide no normalizar el riesgo ni premiar la irresponsabilidad política. Cuando la ciudadanía se une y habla con fundamento, el poder deja de sentirse impune.