Ciudad de México, 5 de marzo de 2021.- Para frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular, se presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”.
Se trata del seguimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para prevenir y sancionar la violencia política, así como proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco.
Durante la Conferencia Matutina, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso que es necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional resumió la estrategia en ocho acciones específicas.
Primero, hacer un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.
Segundo, establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
El tercer aspecto es consultar a los gobernadores la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
En cuarto lugar, está el reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.
El quinto aspecto es la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
Las otras medidas son coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales.
Además, a raíz del diálogo entre instituciones, se acordó establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.
Por último, la servidora pública destacó la importancia de evaluar de manera semanal el avance de la estrategia y presentar un informe en el Gabinete de Seguridad Nacional.
“Por eso hemos acordado mantener reuniones periódicas en la Mesa de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, en las que participarán todas las instituciones que están colaborando con acuerdos específicos.
“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó el partido de la delincuencia organizada’; y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, advirtió Rodríguez.
Destacó que se hará todo lo necesario para proteger el proceso electoral y la ciudadanía sea la que decida.
Lo anterior debido a que hubo regiones del país donde los grupos delictivos decidían a candidatos en busca de mantener el control mediante campañas de miedo.
En esta unión de esfuerzos participan la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería Jurídica (CJ), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para establecer una mesa de trabajo y tomar las previsiones necesarias.
Todos con el objetivo de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal.
El partido del crimen que intenta también competir, acotó Rodríguez, hacen campañas de miedo para intimidar: Asesinan, Amenazan, Cooptan, Imponen y Financiar.
El próximo 6 de junio en México habrá comicios para elegir 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; más de mil 900 presidencias municipales; mil 63 posiciones en congresos locales y más de 17 mil espacios entre regidurías, sindicaturas y concejales. En suma, más de 21 mil cargos.
En tanto, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país.
El diagnóstico arroja que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Por otra parte, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.
Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.
Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral.
Ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal para sus campañas.
En algunas regiones, agregó Rodríguez, el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, extorsionan, piden moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.