Pedro Fernández Carapia
Por mandato Constitucional, los Organismos Autónomos tienen una enorme responsabilidad frente al Poder Legislativo en lo referente a rendición de cuentas, actividades, resultados y programas de acción que adoptan y aplican en beneficio del gobernado en un determinado tiempo. Esto con el fin de que sea posible evaluar los avances que se hacen y los retos que la institución habrá de enfrentar.
Grandes y graves son los problemas que hay en Michoacán y enormes son los retos que el Estado debe de enfrentar. Para ello, se debe de actuar en base al respeto del marco constitucional federal y estatal. Es decir, en primer momento, los Organismos Autónomos y los Poderes del Estado, deben cabalmente cumplir con lo que la Constitución y Ley establecen, para que no haya afectaciones a la sociedad por sus acciones y/u omisiones.
A nivel nacional, Michoacán es uno de los estados con mayor índice en cuanto a violaciones a derechos humanos. Esto quiere decir que las políticas de protección, prevención y difusión de derechos humanos en Michoacán, han sido deficientes, en gran medida porque no se adaptan a las necesidades y demandas de la sociedad. Esto está empeorando notablemente debido a la dilación, omisión y desinterés de los Legisladores, por nombrar al nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.
Después del bochornoso suceso ocurrido en el Congreso de Michoacán, el pasado diciembre de 2019, donde se vieron envueltos intereses políticos por parte de algunos Legisladores, el Congreso ha pospuesto el nombramiento del nuevo Ombudsman, lo cual ha ocasionado que en la misma Comisión se incumpla con lo que la Ley prevé. Esto no puede ser permitido por ningún motivo.
La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 71, específica que a la Comisión de Derechos Humanos le corresponde conocer, participar y dictaminar en lo relativo al nombramiento y destitución del presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En el mismo sentido, la fracción V del artículo 21 de la Ley Estatal de los Derechos Humanos, señala: “Si realizadas dos rondas de votación no se alcanzara la mayoría requerida, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia deberán presentar una nueva terna entre los aspirantes registrados.”
Pero lo anterior no ha pasado, violentándose así la Ley por parte del Legislativo. Así mismo, se ha violentado a toda luz lo que dispone el artículo 26 de la Ley en cita, que señala: “Cuando el Consejo declare la ausencia definitiva del presidente de la Comisión, quedará como encargado del despacho el titular de la Secretaría Ejecutiva, en tanto se designa al nuevo titular conforme al presente ordenamiento, en un plazo no mayor de treinta días se determinará el procedimiento de designación.” Dicho proceso nunca fue realizado y a partir de ese momento, quien funge como titular de la CEDH, realizó acciones internamente dentro del Organismo, que no tiene potestad para realizarlas. Tal es el caso de la facultad del Ombudsman de “Presentar al Congreso en el mes de enero el Programa Anual de Trabajo.”
El encargado de despacho no esta facultado para realizar dicha presentación, por lo que en 2020 no existe un Programa Anual de Trabajo, lo que nos ha puesto en un completo estado de vulnerabilidad ya que nunca fue presentado ante el Congreso de Michoacán un programa anual de acciones de trabajo en pro de los derechos humanos, lo cual, nos dice, que lo que actualmente se está implementando en la CEDH, es el último plan de trabajo, de la anterior administración, correspondiente al año 2019, el cual ya no se adapta a las necesidades que actualmente se suscitan en el contexto social y más aún frente a la problemática de salud derivada del COVID-19.
Otro de los graves problemas que se ven dentro de este organismo autónomo, derivados de la falta de un titular legítimo y al que debe dársele solución inmediata, es el que refiere al tema presupuestal. Lo anterior en razón de que si las cosas siguen el mismo rumbo, se corre el riesgo de que para 2021 tampoco haya Programa Anual de Trabajo ni presupuesto, ya que en septiembre se debe presentar dicho programa para elaborar presupuesto y si no hay titular ¿Quién los elaborará? La respuesta es nadie, simplemente porque nadie más esta facultado para hacerlo.