Marco Aguilar
El día de ayer, domingo 8 de junio, durante una entrevista concedida a medios de comunicación, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, fue cuestionado sobre la polémica rehabilitación de la Plaza Gertrudis Bocanegra. En su respuesta, sin argumentos técnicos y eludiendo la responsabilidad de rendir cuentas, optó por desacreditarme públicamente, señalando en alusión a mi persona: “lo digo porque hay una persona que siempre está buscando cómo atacar, es un avecindado que lo único que ha hecho…”
Esta declaración no es menor. No sólo es impropia de un servidor público, sino que incurre en una serie de prácticas discriminatorias, denigrantes y profundamente preocupantes. El alcalde, una vez más, recurre a un recurso cada vez más desgastado: descalificar a quienes pensamos distinto. Y lo hace desde el poder que le confiere su cargo, olvidando que el ejercicio de gobierno se debe a la legalidad, a la rendición de cuentas y a la inclusión de todas las voces, no sólo las que le son cómodas.
Me presenta como “el que ataca”, como “el que no es de aquí”, como si no vivir en Pátzcuaro toda la vida invalidara mis opiniones, argumentos, observaciones o aportaciones. ¿Qué tipo de democracia local pretende construir quien, en lugar de responder con hechos, opta por desacreditar a las personas según su origen? ¿Qué tipo de madurez política hay en un gobierno que desprecia la crítica ciudadana y convierte la diferencia de opiniones en enemistad?
Estas expresiones no sólo carecen de sensibilidad y madurez institucional: también constituyen violaciones a principios fundamentales del marco jurídico mexicano e internacional. Descalificarme por mi origen o residencia atenta contra los siguientes principios:
– Artículo 1° de la Constitución Mexicana, que prohíbe toda forma de discriminación y garantiza los derechos humanos a toda persona, sin distinción de origen o condición.
– Artículo 6° Constitucional, que garantiza el derecho a la libre manifestación de ideas.
– Artículo 8°, que garantiza el derecho de petición a toda persona.
– Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a participar en los asuntos públicos y a expresar opiniones sin represalias.
Además, al emitir expresiones públicas que buscan denostar mi participación cívica y desacreditar mis aportaciones, el presidente municipal podría estar incurriendo en actos de discriminación y abuso de poder, y vulnerando mi derecho al honor y la integridad moral, lo que puede constituir responsabilidad administrativa conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En los últimos años he participado de buena fe en numerosas reuniones convocadas por esta administración municipal: para el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Manejo de la candidatura UNESCO, entre otros procesos. En todas esas ocasiones he hecho propuestas formales, presenté oficios, sugerencias técnicas, aportaciones críticas y análisis sustentados. Pero de esas reuniones no ha resultado absolutamente nada: ni respuestas, ni minutas, ni seguimiento. Sólo listas de asistencia y fotografías para redes sociales.
Cuando un ciudadano participa con respeto, argumentos y propuestas, y es sistemáticamente ignorado, y luego atacado públicamente por opinar, el problema no es el ciudadano. El problema es un gobierno que confunde el poder con el control, y la crítica con el ataque.
Yo no ataco: participo. Y participo porque me importa este municipio. Porque he elegido vivir aquí y porque creo que una ciudad mejor se construye con diálogo, transparencia y voluntad de hacer bien las cosas, no con propaganda, simulación y silencio.
La plaza Gertrudis Bocanegra, como otros espacios públicos de esta ciudad, merece intervenciones responsables, planificadas y con respeto a su historia, a su escala urbana y a los derechos colectivos. Cuestionar lo que se hace con recursos públicos no sólo es legítimo: es un deber ciudadano. Lo que el gobierno considera «ataque», en realidad es una exigencia de legalidad.
Finalmente, le recuerdo al alcalde que su cargo no lo exime de observar la ley ni de comportarse con respeto hacia los ciudadanos. Las diferencias no deben combatirse con descalificaciones personales, sino con argumentos, con pruebas, con resultados. El poder no le da razón: le da responsabilidad.