Arturo Hernández
Desarmar y pacificar en Michoacán está más allá de buenas intenciones o anuncios mediáticos que soslayan o minimizan el clima de alta violencia que sacude a gran parte de la entidad.
Parece broma convocar al canje de armas por electrodomésticos y reforzar puntos estratégicos, en tanto no se emprenda prioritariamente el combate frontal y decidido a más de una docena de agrupaciones criminales.
Si los cárteles controlan importantes espacios territoriales y actividades económicas diferentes a al producción, venta y trasiego de drogas, por qué tendrían que edejar lucrativas acciones ilícitas para incorporarse a tareas legales y menos remunerativas?
Alfredo Ramírez Bedolla sólo pretende aplicar la estrategia amloista en suelo michoacano, cuando ésta es inviable para el tamaño de reto que implica el crimen organizado, tanto a nivel nacional como internacional.
En una primera lectura de la iniciativa bedollista, todo apunta a que se pretende administrar un desafío para el cual la 4T no tiene ni la capacidad ni la intención de encarar con todos los costos políticos que ello implicaría.
Con la trillada frase de que las causas de raíz de la violencia que sacude a gran parte de México son de larga data y su solución es, por lo tanto, imposible en el corto plazo, los gobiernos federal y estatal le apuestan al menor desgaste posible en tiempos de una sucesión adelantada.
La jugada es altamente arriesgada, toda vez que en la mayoría de las encuestas la 4T sale reprobada en el rubro de seguridad púbica, ya sea federal o estatalmente.
Al menos que el centenar de agrupaciones delictivas que operan a lo largo y ancho del suelo nacional entren en una especie de paz narca, Amlo y Bedolla podrían vender el discurso del desarme y la paz sin la confrontación directa con el crimen organizado.
Suena tan utópico como el que México tendrá en un par de años un sistema de salud pública del nivel de Dinamarca.