Marco Aguilar
Lo ocurrido este domingo en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín puede reducirse fácilmente a unas imágenes: una reunión interrumpida, inconformidad, mesas y sillas incendiadas.
Sería la lectura más sencilla.
También la menos importante.
No estoy a favor de la violencia. Quemar, destruir o intimidar no debería ser la manera de resolver nuestras diferencias. Pero condenar únicamente esos actos y dejar de preguntarnos qué llevó a ellos sería otra forma de no querer mirar.
Porque detrás de lo sucedido existe una pregunta mucho más profunda:
¿qué significa realmente consultar a una sociedad?
El Gobierno federal convocó a los pueblos indígenas para conocer su opinión sobre una ley destinada, precisamente, a regular sus derechos.
Sobre el papel, las palabras son impecables: consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y con participación efectiva.
El problema comienza cuando esas palabras tienen que convertirse en hechos.
Las comunidades inconformes cuestionan que una iniciativa de 453 artículos pueda analizarse adecuadamente en reuniones de unas cuantas horas; denuncian que numerosas comunidades quedan fuera del procedimiento; rechazan que determinadas representaciones puedan sustituir la deliberación de sus asambleas y reclaman algo aparentemente elemental:
tiempo para conocer, discutir, pensar y decidir.
Quizá ahí comienza la lección.
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LA PARTICIPACIÓN QUE HEMOS APRENDIDO A ACEPTAR
Durante décadas hemos confundido participación ciudadana con convocatoria.
El gobierno organiza una reunión, invita representantes, instala mesas, toma fotografías, levanta una lista de asistencia y después puede decir que la sociedad participó.
Lo vemos en los tres niveles de gobierno.
Sucede con planes urbanos, obras públicas, programas sociales, proyectos turísticos, patrimonio, medio ambiente y prácticamente cualquier asunto donde aparece la expresión “participación ciudadana”.
Se nos informa cuando las decisiones están avanzadas.
Se nos escucha cuando queda poco por modificar.
Se nos invita cuando el proyecto ya existe.
Y después nuestra presencia sirve para legitimar el procedimiento.
Nos hemos acostumbrado tanto a ello que muchas veces consideramos normal que gobernar sea decidir por los demás.
Pero existe otra responsabilidad que pocas veces reconocemos:
hemos permitido que así se gobierne.
Participamos poco.
Preguntamos poco.
Exigimos poco.
Frecuentemente esperamos hasta que una decisión afecta nuestra casa, nuestra calle, nuestro negocio, nuestro territorio o nuestro patrimonio para interesarnos en aquello que durante meses o años se decidió frente a nosotros.
El mal gobierno no nace solamente de quien gobierna mal.
También encuentra terreno fértil cuando la sociedad renuncia a participar.
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UNA COMUNIDAD NO ES SU REPRESENTANTE
Aquí las comunidades originarias colocan frente a nosotros una diferencia fundamental.
Una autoridad comunitaria puede tener una representación legítima y una responsabilidad determinada, pero no por ello sustituye a la comunidad.
Porque una comunidad no es solamente quien firma o quien ocupa temporalmente un cargo.
Es quien discute.
Es el mayor que conserva la memoria; la mujer que sostiene buena parte de la vida cotidiana; el joven que imagina un futuro diferente; el agricultor que conoce la tierra; el pescador que conoce el lago; el artesano que conserva un oficio; quien habla la lengua; el profesionista que puede interpretar una ley; el vecino que conoce los problemas de su calle.
Eso es comunidad.
Por ello existe una profunda contradicción cuando se pretende consultar a los pueblos sobre una ley que reconoce su autonomía sin permitir suficientemente sus propias maneras y tiempos de deliberación.
No basta preguntarles qué piensan.
Hay que permitirles pensarlo juntos.
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GOBERNAR TAMBIÉN SIGNIFICA ACEPTAR UN NO
Quizá uno de nuestros mayores problemas políticos sea haber confundido gobernar con administrar.
Administrar consiste en organizar recursos, programas, calendarios y procedimientos.
Gobernar exige algo mucho más difícil:
escuchar.
Y escuchar significa aceptar incluso la posibilidad de que la sociedad diga no.
Una consulta cuyo único resultado aceptable es la aprobación deja de ser consulta.
Se convierte en legitimación.
Una participación ciudadana donde podemos hablar pero nuestras palabras difícilmente pueden modificar lo previamente decidido termina convirtiéndose en escenografía democrática.
Y una autonomía reconocida solamente mientras coincida con las decisiones del poder difícilmente puede llamarse autonomía.
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LO INCÓMODO DE ESTE DOMINGO
Por eso los acontecimientos de Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín resultan incómodos.
No porque las comunidades hayan descubierto algo nuevo.
Sino porque hicieron algo que buena parte de nosotros hemos dejado de hacer:
detuvieron un procedimiento y preguntaron quién lo había decidido, cómo se había organizado y quién había autorizado a otros a hablar en su nombre.
Podemos y debemos discutir las formas.
La violencia no puede normalizarse ni convertirse en sustituto del diálogo.
Pero sería un grave error utilizar el incendio de unas sillas para incendiar también las preguntas que dieron origen a la protesta.
Porque entonces nuevamente estaremos mirando la consecuencia y no la causa.
Y existe además una diferencia fundamental entre la violencia ejercida por algunos ciudadanos y aquella que puede ejercer el poder.
La primera es visible: grita, rompe, confronta.
La segunda puede ser mucho más silenciosa.
Puede aparecer cuando se decide sin escuchar, cuando se excluye, cuando se desacredita al inconforme, cuando se utilizan instituciones, fuerza pública o comunicación oficial para imponer una decisión previamente tomada.
Ninguna violencia debería justificarse.
Pero tampoco deberíamos aprender a reconocer solamente aquella que produce las imágenes más espectaculares.
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LA LECCIÓN
Tal vez estas comunidades nos están recordando que la autonomía no consiste únicamente en recibir presupuesto directo o elegir autoridades propias.
Autonomía significa asumir responsabilidad sobre las decisiones colectivas.
Y democracia tampoco consiste únicamente en votar cada determinado número de años.
Consiste en involucrarnos en aquello que transforma nuestro territorio y nuestra vida.
Una sociedad que entrega completamente sus decisiones al gobierno termina dependiendo del buen gobernante.
Una sociedad que participa, vigila, cuestiona y propone construye instituciones capaces de poner límites incluso al mal gobernante.
Esa diferencia es enorme.
Por eso lo sucedido en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín debería importarnos también a quienes no pertenecemos a una comunidad indígena.
Porque finalmente la pregunta es la misma para todos:
¿queremos solamente que nos gobiernen o queremos participar en la manera en que somos gobernados?
Las comunidades p’urhépecha respondieron este domingo a su manera.
Dijeron que no basta convocarlas.
Que no basta representarlas.
Que no basta hablar en su nombre.
Que antes de decidir hay que escuchar.
Quizá quienes vivimos fuera de esas formas comunitarias tengamos algo que aprender.
Porque gobernar bien no significa conseguir que todos digan que sí.
Gobernar bien significa crear las condiciones para que podamos informarnos, hablar, disentir, deliberar y decidir.
Y quizá la verdadera participación ciudadana comienza justamente ahí:
cuando dejamos de comportarnos como invitados del gobierno y volvemos a reconocernos como parte del gobierno de nuestra propia comunidad.
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