Marco Aguilar
«El poder público no es un escenario para recibir aplausos. Es una responsabilidad para rendir cuentas».
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Se anuncia en Pátzcuaro la presentación de La Arrolladora Banda El Limón para las festividades de la Virgen de la Salud, el próximo 8 de diciembre.
En un video difundido desde las redes sociales del presidente municipal, Julio Arreola, los integrantes de la agrupación envían un saludo especial al alcalde, a quien llaman su amigo.
Podría parecer un detalle insignificante. Un saludo de cortesía, una invitación a disfrutar de la música, una celebración más.
Pero vale la pena mirar más allá del acontecimiento.
Hace unas semanas fue La Trakalosa de Monterrey. Hoy es La Arrolladora. Mañana podría tratarse de cualquier otro espectáculo, inauguración, ceremonia escolar o entrega de apoyos gubernamentales.
El asunto no es la música ni la celebración. Es la manera en que se ejerce el poder y el lugar que algunos gobernantes buscan ocupar en las actividades de la vida pública.
Un presidente municipal no es un benefactor de la comunidad. Es un servidor público. No regala obras, servicios ni espectáculos cuando estos se pagan con recursos del erario. Administra, bajo su responsabilidad, dinero que pertenece a todos.
Sin embargo, existe una forma de gobernar que tiende a transformar las obligaciones institucionales en aparentes actos de generosidad personal.
El gobernante inaugura, entrega, anuncia, encabeza, agradece y recibe agradecimientos. Su nombre aparece una y otra vez, mientras la institución que representa parece quedar en segundo plano.
Así, la vida pública corre el riesgo de convertirse en una sucesión de escenarios donde importa tanto el reconocimiento al funcionario como el beneficio que recibe la comunidad.
Y aquí surge una pregunta fundamental:
¿Cuándo dejamos de reconocer el cumplimiento de una obligación y comenzamos a agradecerla como si fuera un favor?
Nuestra Constitución establece límites a la promoción personalizada de los servidores públicos. No significa que toda aparición de un alcalde sea indebida, pero sí que la comunicación gubernamental debe conservar su carácter institucional y responder al interés público.
Por ello, resulta legítimo preguntar cuánto cuestan estos espectáculos, quién los contrata, de qué partidas presupuestales provienen los recursos y cuáles son los criterios que justifican su realización.
También debemos preguntarnos por qué una celebración que pertenece a toda una comunidad necesita acompañarse de reconocimientos personales a quien gobierna.
En mi experiencia, la búsqueda de respuestas tampoco ha sido sencilla. He presentado numerosas solicitudes y escritos ante la autoridad municipal para conocer información sobre distintos acontecimientos públicos, sin obtener las respuestas correspondientes.
La transparencia no consiste solamente en publicar lo que conviene mostrar. También implica responder a las preguntas que incomodan.
Cuando una autoridad guarda silencio frente a solicitudes ciudadanas de información, el problema deja de ser únicamente administrativo o presupuestal: se convierte en una cuestión de responsabilidad democrática.
No se trata de negar el valor de la música, las tradiciones o el entretenimiento popular. Pátzcuaro tiene derecho a celebrar, como también tiene derecho a conocer el destino de sus recursos.
Pero mientras las luces de los escenarios se encienden unas cuantas horas, las necesidades cotidianas permanecen: calles, banquetas, servicios públicos, mantenimiento urbano, seguridad, espacios públicos y patrimonio cultural.
Gobernar implica establecer prioridades, tomar decisiones y responder por sus resultados. La popularidad puede ser una consecuencia de ese trabajo, pero no debería convertirse en su propósito.
Hay, además, una responsabilidad ciudadana que no podemos eludir.
Una sociedad democrática no debe acostumbrarse a confundir el dinero público con la generosidad de sus autoridades. Tampoco debería medir la calidad de un gobierno por la cantidad de espectáculos que organiza o por la frecuencia con que sus funcionarios aparecen ante las cámaras.
El reconocimiento político debe construirse sobre resultados verificables, no sobre la espectacularidad de los anuncios.
El gobernante administra lo público. No es su propietario, ni su benefactor.
Y cuando olvidamos esa diferencia, no solamente se desdibuja la responsabilidad de quien gobierna: también comienza a debilitarse nuestra propia condición de ciudadanos.