Marco Aguilar
Vivimos tiempos en los que la crítica suele confundirse con la confrontación y la defensa del interés público con un ataque personal. Tal vez ello explique por qué, cuando un ciudadano cuestiona una decisión de gobierno, con frecuencia se le responde con descalificaciones en lugar de argumentos.
Conviene, entonces, hacer una distinción esencial.
No es lo mismo atacar a una persona que señalar los actos de una autoridad. No es lo mismo desacreditar a un individuo que analizar una obra pública, una política gubernamental, una omisión administrativa o el cumplimiento de la ley. La primera actitud degrada el debate; la segunda constituye un derecho y una responsabilidad en toda sociedad democrática.
Quien ejerce una función pública administra bienes, recursos y decisiones que pertenecen a todos. Por ello, sus actos están sujetos al escrutinio ciudadano. La crítica no disminuye la dignidad de las personas; fortalece la responsabilidad de las instituciones.
Sin embargo, nuestra cultura política aún arrastra una vieja costumbre: confundir el respeto con el silencio. Durante mucho tiempo se enseñó que cuestionar al poder era una falta de lealtad, cuando en realidad la verdadera lealtad pertenece a la comunidad, a la ley y al bien común.
También existe el extremo opuesto. Hay quienes convierten toda acción gubernamental en motivo de descalificación automática. Tampoco ahí existe un auténtico ejercicio ciudadano. La democracia no se construye con aplausos incondicionales ni con condenas permanentes. Se construye con razones, con evidencia y con la disposición de escuchar.
Recuerdo una enseñanza del filósofo Mauricio Beuchot, quien afirmaba que los hombres son como el péndulo de un reloj: buscan continuamente sus extremos, cuando la sabiduría consiste en encontrar el equilibrio. Esa idea ha acompañado mi forma de entender la participación ciudadana. Ni la complacencia frente al poder ni la oposición por sistema conducen a una sociedad más justa. El camino debe ser el de la reflexión crítica, sustentada en hechos y abierta al diálogo.
Esa ha sido siempre la intención de mis escritos.
No nacen del deseo de exhibir personas ni de obtener protagonismo. Nacen de una profunda convicción: el patrimonio histórico, cultural y urbano de Pátzcuaro pertenece a todos y su defensa constituye una responsabilidad compartida.
Cuando señalamos una intervención inadecuada, una omisión, una decisión contraria a la normativa o una falta de transparencia, no lo hacemos contra alguien. Lo hacemos a favor de un legado que recibimos de generaciones anteriores y que estamos obligados a entregar, en las mejores condiciones posibles, a quienes vendrán después.
Por ello, nunca he esperado que todos compartan mis conclusiones. Lo que sí espero es que las diferencias puedan discutirse con argumentos, documentos y razones. Si existe un error en mis afirmaciones, que se demuestre con evidencia. Si una interpretación puede enriquecerse, que se dialogue. Esa es la esencia de una comunidad democrática.
El insulto nunca sustituirá al argumento. El anonimato nunca reemplazará a la verdad. La descalificación personal jamás responderá a una pregunta legítima sobre el interés público.
Pátzcuaro merece una conversación de mayor altura.
Merece ciudadanos que participen sin miedo; autoridades que escuchen sin sentirse agraviadas; instituciones que respondan con transparencia; y un debate público donde las ideas valgan más que los adjetivos.
No escribo contra un gobierno ni contra una persona.
Escribo por Pátzcuaro.
Escribo porque creo que el patrimonio no tiene partido político.
Tiene memoria.
Tiene identidad.
Y tiene ciudadanos con la obligación moral de defenderlo.