«Una ciudad no es solamente aquello que hace su gobierno. También es aquello que sus habitantes permiten, hacen y dejan de hacer».
Por Marco Aguilar
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Tenemos malos gobernantes. A veces, pésimos.
Gobiernos incapaces, indiferentes, improvisados; gobiernos que confunden administrar con promocionarse, que utilizan los recursos públicos como propios, que escuchan poco y explican menos. Gobiernos frente a los cuales resulta legítimo inconformarse, exigir, señalar y denunciar.
Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos:
¿Tener un mal gobierno nos permite ser malos ciudadanos?
Creo que no.
La responsabilidad de quien gobierna es mayor. Recibió un mandato, administra recursos que no le pertenecen, ejerce autoridad y está obligado por la ley. No podemos colocar en el mismo nivel al funcionario público y al ciudadano común.
Pero reconocer esa diferencia tampoco puede convertirse en una cómoda absolución de nuestras propias responsabilidades.
Es fácil exigir una ciudad limpia y arrojar basura. Quejarnos de las heces de los perros y no recoger las de nuestra mascota. Reclamar banquetas transitables y ocuparlas con mercancías, automóviles u objetos. Defender los árboles mientras dañamos el que está frente a nuestra casa. Pedir respeto al patrimonio y modificarlo cuando la norma estorba a nuestros intereses. Condenar la corrupción y buscar, cuando nos conviene, una excepción, una recomendación o un privilegio.
Entonces aparece una contradicción incómoda:
queremos mejores gobiernos sin preguntarnos siempre si estamos dispuestos a ser mejores ciudadanos.
La ciudad se construye desde arriba, ciertamente, pero también desde abajo. Desde el Palacio Municipal y desde la banqueta frente a nuestra casa. Desde un presupuesto público y desde una bolsa de basura. Desde un reglamento y desde nuestra decisión cotidiana de respetarlo aunque nadie nos esté mirando.
Porque ciudadanía no significa solamente votar cada tres años.
Significa participar, preguntar, informarse, cuidar lo común, respetar al otro, cumplir obligaciones y exigir derechos. Significa entender que la calle, la plaza, el jardín, el árbol, la banqueta y el patrimonio no pertenecen al gobierno: nos pertenecen a todos y, precisamente por ello, no pertenecen exclusivamente a nadie.
Pero tampoco toda ausencia significa indiferencia.
Hay ciudadanos que dejaron de participar porque están hartos. Preguntaron, solicitaron, denunciaron, insistieron una y otra vez y encontraron silencio, simulación o puertas cerradas. El cansancio ciudadano también puede ser consecuencia de un gobierno que ha convertido la participación en un ejercicio inútil.
Y existe una razón todavía más grave para callar:
el miedo.
Hay personas que prefieren no denunciar, no señalar y ni siquiera opinar públicamente porque temen las consecuencias. A ellas no podemos juzgarlas con la misma medida. Cuando un ciudadano siente que expresarse, denunciar o enfrentarse a determinados intereses puede poner en riesgo su tranquilidad, su trabajo, su patrimonio o su seguridad, ya no estamos solamente ante un problema de participación ciudadana. Estamos ante un serio deterioro de la vida pública.
Muy distinto es quien decide convertirse en cómplice.
Quien sabe que algo está mal y guarda silencio porque recibe un beneficio. Quien justifica aquello que antes criticaba porque ahora ocupa un cargo, recibe un contrato, obtiene una concesión, disfruta un privilegio o simplemente encontró acomodo cerca del poder.
El miedo puede explicar el silencio.
El cansancio puede explicar el alejamiento.
El beneficio personal difícilmente puede justificar la complicidad.
Hay, además, una consecuencia peligrosa del mal gobierno que pocas veces advertimos.
Cuando durante años una autoridad incumple las normas, tolera irregularidades, privilegia a unos, abandona el espacio público o simplemente deja hacer, poco a poco transmite una enseñanza: que las reglas no importan demasiado.
Y esa enseñanza termina extendiéndose.
Si la autoridad puede hacerlo, ¿por qué yo no?
Así comienza un círculo difícil de romper: el mal gobierno deteriora la cultura cívica y una cultura cívica deteriorada permite gobiernos cada vez peores.
Pero existe otra responsabilidad ciudadana que no deberíamos eludir: los gobernantes no llegan solos al poder.
Los elegimos.
Y nuestra responsabilidad democrática no termina al depositar una boleta en una urna. También consiste en preguntarnos por quién votamos, conocer su trayectoria, distinguir propuestas de propaganda, exigir resultados y recordar lo ocurrido cuando nuevamente se nos solicita el voto.
Equivocarnos al elegir es posible.
Persistir en el error sin memoria es otra cosa.
La democracia también debe tener consecuencias. Quien gobierna mal debe saber que existen instituciones, leyes y mecanismos para exigir responsabilidades y, cuando jurídicamente corresponda, buscar su sanción, separación o revocación.
Pero existe además una herramienta elemental que pertenece directamente al ciudadano:
no volver a entregar nuestra confianza a quien la defraudó.
Ni para el mismo cargo ni, por simple costumbre política, para el siguiente.
Un mal gobierno no debería convertirse automáticamente en candidato para otro puesto público.
La memoria también es una forma de ciudadanía.
Por eso resulta tan peligrosa la indiferencia.
Un gobierno mediocre no necesita necesariamente una ciudadanía que lo apoye. En ocasiones le basta con una sociedad cansada, resignada o desmemoriada; una sociedad que termina aceptando que «así son las cosas», que «todos hacen lo mismo» o que «nada va a cambiar».
Y entonces dejamos de ser solamente víctimas del deterioro para convertirnos, en alguna medida, en participantes de él.
Esto no significa trasladar al ciudadano las obligaciones del gobierno.
Un ayuntamiento debe limpiar, ordenar, vigilar, sancionar, mantener la infraestructura, proteger el patrimonio, garantizar la movilidad y administrar correctamente los recursos públicos. Para eso existe y para eso recibe nuestros impuestos.
Pero ninguna autoridad puede construir por sí sola una buena ciudad.
Puede poner un bote de basura; no puede obligarnos moralmente a utilizarlo.
Puede plantar un árbol; difícilmente podrá cuidarlo si la comunidad no lo reconoce como suyo.
Puede restaurar una plaza; no podrá conservarla si quienes la utilizan consideran que lo público es aquello que no pertenece a nadie.
Puede escribir el mejor reglamento; será letra muerta si autoridad y ciudadanos aprendemos juntos a ignorarlo.
Quizá por eso una ciudad revela mucho más que su arquitectura.
Revela una forma de convivencia.
Pátzcuaro posee una extraordinaria memoria histórica, arquitectura, tradiciones y paisaje. Hablamos constantemente de conservarlos, protegerlos e incluso de obtener reconocimientos por ellos.
Pero el patrimonio más difícil de conservar quizá sea otro:
la conciencia de comunidad.
Podemos restaurar una fachada, cambiar un pavimento, rehabilitar una plaza o plantar nuevamente un árbol. Mucho más difícil es reconstruir una sociedad que ha dejado de sentir responsabilidad por aquello que comparte.
Por eso, frente a un mal gobierno, la respuesta no debería ser convertirnos en malos gobernados.
Debería ser exactamente la contraria.
Ser ciudadanos más atentos, más críticos, más participativos y más responsables.
Y cuando alguien tenga miedo, que encuentre una comunidad que no lo deje solo.
Cuando alguien esté cansado, que encuentre razones para volver a participar.
Y cuando alguien utilice el poder para beneficio propio, que encuentre ciudadanos con memoria.
No para suplir al gobierno ni para justificar sus omisiones, sino para impedir que sus defectos terminen convirtiéndose también en los nuestros.
Porque llegará el día en que este gobierno, como todos, termine.
Nosotros seguiremos aquí.
Y también quedará la ciudad que entre gobernantes y ciudadanos hayamos sido capaces de construir, deteriorar o conservar.
Al final, quizá la pregunta no sea únicamente qué gobierno tenemos.
Hay otra, bastante más incómoda:
¿qué clase de ciudadanos somos frente al gobierno que tenemos?
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