J. Salatiel Arroyo Zamora
“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderá hasta la muerte tu derecho a decirlo” … Esta frase que se atribuye a Voltaire, aunque historiadores afirman pertenece a su biógrafa, resume perfectamente la tolerancia política, así como el respeto a la libertad de opinión y libre manifestación de las ideas, bases para una sociedad democrática.
El derecho a disentir, a no estar de acuerdo con los demás, es una garantía que se encuentra establecida en nuestra Carta Magna, por lo que resulta preocupante que en ciertas ocasiones sean las autoridades quienes quebranten o induzcan la violación de dichos principios y preceptos Constitucionales, cuando deberían ser ellas las que vigilen y acaten su cabal cumplimiento.
El peor error en el que puede incurrir un gobernante, es que su ambición descontrolada o ineficaz operación política deriven en la muerte de alguno de sus gobernados, precisamente por la falta de tolerancia y ausencia de respeto a la discrepancia de pensamiento y formas de gobierno o fomentar la discordia entre ciudadanos que buscan experimentar distintas maneras de organización, como pudiese estar sucediendo con los pueblos indígenas de Zitácuaro que están explorando los autogobiernos, ante el claro y rotundo fracaso de los modelos gubernamentales actuales.
El martes 16 de agosto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el restablecimiento de relaciones del gobierno de Michoacán con las comunidades Mazahuas de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, del municipio de Zitácuaro y se manifestó contento al recibir por primera vez a dos comunidades Mazahuas, afirmando que la política de su administración es de puertas abiertas para todos los niveles de gobierno y pueblos originarios que quieran ejercer el autogobierno, pues el objetivo -dijo- es trabajar coordinados para atender las necesidades que tengan.
Así mismo, el mandatario aseguró que los 21.3 millones de pesos que corresponden a Crescencio Morales y 3.3 millones de pesos a Donaciano Ojeda, de sus presupuestos directos, llegarán en tiempo para que puedan ejercerlos en obras y acciones prioritarias para sus habitantes.
Ramírez Bedolla señaló que ambas comunidades están contempladas para recibir recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ) y que en breve comenzará la capacitación a sus rondas comunitarias, mientras que el Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los Servicios Públicos (FAEISPUM), tiene apoyos para la construcción de infraestructura prioritaria. Además, se les reconoció a ambas comunidades, por parte del ejecutivo estatal, el cuidado que realizan en las 54 mil hectáreas de bosque, ubicado en parte de la Biosfera de la Mariposa Monarca y del que se abastece el Sistema Cutzamala. Así mismo, informó que se están llevando a cabo las gestiones para que los dueños de los bosques reciban un pago por servicios ambientales hidrológicos.
Las anteriores son magníficas noticias para algunos, principalmente para los pobladores de las comunidades indígenas que simpatizan con el autogobierno y aviesamente, pudieran ser también malos informes para otros, particularmente para quienes se oponen al ejercicio de dicha figura y son manipulados algunos y lanzados para impedir u obstruir el avance en los trabajos, que los dirigentes de dicho movimiento realizan, para entregar buenos resultados y demostrar con ello que dicha iniciativa es viable.
Ese mismo día, mientras las comunidades indígenas con autogobierno eran reconocidas en la capital del estado y se anunciaban importantes apoyos económicos y materiales para el ejercicio administrativo, en la comunidad de El Lindero, perteneciente a Crescencio Morales, se suscitaba un enfrentamiento entre pobladores, que ocasionó la muerte de una persona y dos o tres lesionados.
Aunque se trató de desvirtuar la causa de los hechos, atribuyendo la pugna a un conflicto entre familias, la versión oficial del gobierno estatal, municipal y corporaciones policiacas indican que se debió a diferencias entre seguidores del autogobierno y contrarios a dicha figura, ya que estos últimos intentaron impedir la realización de una obra carretera solicitada por sus propios vecinos.
Lo ruin del asunto son los intereses perversos atrás del conflicto, que seguramente son de carácter económico y electoral (en ese orden), ojalá no tenga que ver con el presupuesto directo asignado a dichas comunidades para su ejercicio, porque eso sí sería injustificable. Grave también resulta la omisión de las autoridades municipales para operar y destrabar el conflicto.
Si bien es cierto que dicha comunidad o parte de ella, ha decidido independizarse del municipio, lo es sólo en materia administrativa y seguridad pública, por la pérdida de la confianza en las administraciones municipal, estatal y federal; pero, no por ello dichos gobiernos dejan de tener obligaciones con la población, en cuanto a la jurisdicción territorial, económica y jurídica.
Luego entonces, en otros temas siguen perteneciendo al municipio de Zitácuaro y las autoridades locales deben intervenir para conciliar, no para polarizar. Y si no se confía en las autoridades, por alguna razón debe ser.
En lugar de andar fomentando divisiones y confrontaciones, los funcionarios municipales respectivos deben concentrarse en atender las diferencias que puedan derivar en conflictos sociales y de manera oportuna impedir desgracias como la descrita, que ya ocasionó la muerte de una persona. Sucesos como esos pueden afectar negativamente la imagen del gobierno municipal, así como la trayectoria del líder del equipo que gobierna, quien es considerado por las diversas empresas encuestadoras como el segundo presidente municipal mejor evaluado del estado y el político más posesionado en el PRI, de Michoacán.
NECESARIO MODIFICAR FORMATO DE LOS INFORMES DE GOBIERNO
Los informes de gobierno han dejado de ser un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la administración pública, para convertirse en un costoso culto a la personalidad de los gobernantes, con cargo a los contribuyentes. El objetivo de un informe de gobierno es transmitir a los ciudadanos el trabajo que se ha desempeñado durante un año de labores en el servicio público.
Pero, irónicamente, los grandes ausentes son precisamente los ciudadanos, quienes inundan los espacios reservados para ellos, son los mismos funcionarios y lambiscones que acuden a ”engordarle el caldo” al gobernante, que sólo habla de logros, nunca de las ineficiencias e incompetencias, mientras es aplaudido por sus acarreados, que posteriormente son excluidos de la agenda, pues el informante debe atender a sus invitados “especiales”, familiares, amigos, socios en los negocios que se hacen bajo el amparo del cargo público y colaboradores cercanos, quienes son agasajados con manjares y vinos, con cargo también a los impuestos de los gobernados.
En resumen, al informe acuden servidores públicos, es un evento de rendición de cuentas para funcionarios y políticos en busca de reflectores, no para el pueblo. El ciudadano que se atreva a ingresar al recinto público, aunque haya sido invitado, pero no lleve consigo la invitación, se le prohibirá el paso. Hasta a los mismos reporteros se les obstruye el acceso, como sucedió el pasado lunes, en el Teatro Benito Juárez de Zitácuaro, por no llevar consigo la invitación… ya podrán imaginar lo que suele suceder con el ciudadano común que no sea parte de las comitivas de los privilegiados o de los acarreados para “decorar” el espacio.
En lo personal considero que se trata de eventos inútiles y gastos excesivos infructuosos, por lo que el formato de la rendición de cuentas a la población por parte de los gobiernos debe cambiar. Por principios de cuentas, el informe debe ser emitido por los órganos internos de fiscalización, como es la Contraloría, a través de un resumen por escrito en el que se establezca que cantidad de dinero ingresó a las arcas públicas, el concepto de los ingresos, así como especificar en qué cómo y cuánto se erogó, si se encontraron inconsistencias e irregularidades administrativas, entre otros aspectos de interés.
Además de la Contraloría, también los representantes populares, integrantes de cada comisión, deben elaborar un informe de sus actividades y presentarlo cuando menos a los militantes de sus respectivos partidos políticos y a todo ciudadano interesado. Pero estos servidores públicos, algunos, no cumplen siquiera con las cuotas al partido, además de encontrase condicionados o sometidos por el gobernante y su equipo, a cambio de “favores”, entre ellos integrar en la nómina a familiares y amigos.
LÓPEZ EL “COMUNISTA” PRO IMPERIALISTA
Esta colaboración seguramente no será del agrado de muchos lectores. A ellos les anticipo que se harán observaciones a quien preside el gobierno federal y sí no soportan una opinión adversa, les sugiero dejar de seguir leyendo esta colaboración y eviten así un mal momento. Pues les digo que no acepto reconvenciones al respecto, ya que esta opinión es mía y como bien ajeno debe respetarse. El día que también se nos pretenda limitar o prohibir la libertad de pensar y reflexionar, estaremos jodidos.
Una vez aclarado lo anterior, les comento a los que no tienen la piel sensible, que en los 30 años realizando esta actividad de compartir estas líneas, no he conocido político más perverso e hipócrita que el que actualmente dirige el destino de la nación: Salinas fue malvado, incluso se le acusa del asesinato de su malogrado sucesor; Ernesto Zedillo, ni bueno ni malo; Vicente Fox, un payaso ocurrente que constantemente nos ridiculizaba como nación en el extranjero; Felipe Calderón, un arrojado que intentó combatir al crimen organizado sin conocer hasta donde estaba infiltrado en la estructura del poder político, ese fue su pecado y su supuesta dependencia al alcohol; Enrique Peña Nieto, su debilidad aceptar públicamente no ser aficionado a la lectura, considerado ignorante por ello y acusado de “burro”.
Pero hoy somos inmensamente felices porque estamos siendo gobernados por un genocida, con inclinaciones a la psicopatía, que simula de manera excelente con gestos de generosidad a los “desvalidos”, mientras permite sean exterminados al enrolarse en actividades delictivas, en las que su periodo de vida se reducirá a cinco años máximo, pero la paz y tranquilidad de ellos y sus familias se terminan al momento de ser reclutados.
Hace unos días, después de los sucesos violentos en los estados fronterizos de nuestro país, el gobernador de Texas solicitó al presidente de Estado Unidos incluir a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. De inmediato, el embajador gringo en México, Ken Salazar, afirmó que, aunque los disturbios de la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no son terrorismo, en México “ya es tiempo para resultados en seguridad”.
En lo personal, siempre he tenido una hipótesis, que se fortalece con la complacencia de AMLO ante el fortalecimiento, expansión y diversificación delictiva de los grupos del crimen organizado, que impunemente siembran caos y terror en la mayor parte del territorio mexicano. Al grado que algunos sectores de la población están a punto de implorar la intromisión del gobierno de EU para que apacigüe a los criminales. Eso es precisamente lo estaría buscando AMLO, la intromisión injerencista del “policía mundial”. Entregar la seguridad de la patria a un gobierno extranjero, para que combata a los grupos terroristas, surgidos del narcotráfico.
AMLO se ha definido así mismo como un izquierdista, simpatizante del comunismo mundial y aliado de las dictaduras que gobiernan bajo ese régimen, por ello el envío de dinero mexicano a países como El Salvador, Guatemala y su estrecha relación con los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, pero en realidad el presidente mexicano también al bloque comunista está engañando, pues él, es más pro imperialista que el mismo Donald Trump.
Sin duda, vea cómo viven sus hijos, que jamás han trabajado, ni han sido productivos (el mismo presidente se ha dedicado a vivir de las prerrogativas de los partidos y las extorsiones a los simpatizantes de su movimiento). Además, sus hijos que viven en el extranjero, no lo hacen en ninguno de los países aliados… No, ellos radican en EU e Inglaterra. Tampoco usan indumentaria confeccionada por artesano indígenas, prendas más valiosas que las de los mismos diseñadores extranjeros, pero menospreciadas por los “malinches”, que prefieren tenis de 20 mil pesos, que un obrero o campesino mexicano tendría que destinar cuatro meses de salario para adquirirlos. Y todavía seguimos creyendo que no existe un “gobierno rico con pueblo pobre” y que se ha terminado la corrupción, la mentira y deslealtad.