J. Salatiel Arroyo Zamora
El absolutismo es el régimen político en el que una autoridad domina todas las manifestaciones del poder, el que puede ejercer sin límites. Es el principio del poder gubernamental completo e irrestricto, generalmente en manos de una persona (dictador, totalitario o déspota, normalmente disfrazado de demócrata, nacionalista y humanista), quien, teniendo poder absoluto, lo domina todo, incluyendo, y particularmente, a las expresiones opositoras. Pues el gobernante no está sujeto a cuestionamientos ni controles regulares por parte de ningún organismo judicial, legislativo, religioso, económico o electoral.
En nuestro país aún estamos un tanto distantes de ese sistema político (dictadura), sin embargo, la ausencia de una oposición sería, confiable y sólida, facilitaría o allanaría la ruta para acceder a él. Existiendo mandatarios estatales y municipales seducidos por la tentación de practicarlo, creando fuertes cacicazgos locales que defienden a sangre y fuego, sin importar que tengan que “vender el alma al diablo” con tal de mantener el dominio. Afortunadamente todavía existe el sufragio universal, directo y secreto como instrumento para acceder al poder público, aunque se carezca -en ocasiones- de la responsabilidad de emitir votos cuidadosamente analizados.
En la mayor parte del país gobiernan los mismos caciques de siempre, sus hijos o sobrinos. Son aquellos que obligaron el surgimiento de la corriente crítica del PRI y contra quienes luchó el Frente Democrático Nacional, creado en 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas y de donde surgiera el PRD, cuya incisión dio origen a Morena, a través del reciclaje -a nivel nacional y en la mayoría de las regiones- de lo más putrefacto del PRI, como Manuel Bartlett Diaz (por ejemplo), quien fue el instrumento del partido en el poder para arrebatar a la “izquierda” la presidencia de la república y entregarla a Carlos Salinas de Gortari, con la famosa “caída del sistema”.
En Zitácuaro, los dos liderazgos emblemáticos en el PRI eran encabezados por la Familia Orihuela y Cenobio Contreras Esquivel. Contra ellos surgió y lucharon en la región el Frente Democrático Nacional y el PRD, costando vidas de militantes y simpatizantes, que ya poco se recuerdan. Irónicamente los lideres priistas del pasado, son los mismos que hoy gobiernan, directamente o a través de hijos y sobrinos. En tanto sus antes adversarios, hoy son aliados, empleados y subordinados.
Pero eso no es lo más grave. Lo realmente delicado, es que no existe oposición real en Michoacán, ni en los municipios donde gobierna Morena. Los gobiernos surgidos de la 4T han eliminado por medio de retórica seductora, promesas financieras y cargos públicos, cualquier intento de disidencia, a pesar de tratarse de un movimiento político que utiliza la democracia y libertades cívicas como estandarte.
El liderazgo y control del grupo en el poder en el municipio de Zitácuaro es total y absoluto (igual que a nivel nacional y estatal), en Cabildo no existe oposición, ni se informa a la población lo que ahí sucede. Se acabaron las sesiones públicas. Los medios de comunicación ya no son invitados por los representantes populares; ni siquiera por los opositores, que son “mayoriteados”, pero les queda el recurso de la denuncia pública, que no están ejerciendo.
Si no existe resistencia en Cabildo, con regidores que perciben salarios para representar con responsabilidad y ética a la población, menos la habría entre los dirigentes de los partidos políticos, que han sido desmantelados y se encuentran en el exterminio, mientras sus “lideres” buscan acomodo y mantener sus prerrogativas individuales y familiares.
El PRI-PAN y PRD, partidos de origen, que dieron vida política y fortaleza a Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, hoy gobernante de Morena-PT, se encuentran en la ruina, sin posibilidad (ni voluntad) de reconstruirse.
La únicas alternativas u opciones de competencia electoral la representan en el municipio MC y el PVEM con las comunidades indígenas, encabezadas por Silvestre Chávez Sánchez y Armando Carmona Guzmán, bajo la figura de Autogobierno. Estos últimos han comenzado a tomar ventaja, con trabajo y resultados (aunque parezca eslogan de campaña).
Lo cierto, es que las condiciones se han estado construyendo de manera favorable para los lideres indígenas de la región de Zitácuaro, teniendo de su parte la voluntad del gobernador y el respaldo del Secretario de Gobierno, y en contra al presidente municipal Antonio Ixtláhuac, que se ha insubordinado a la decisión del mandatario estatal, quien además es su jefe político. Situación que concede legitimidad social a las comunidades originarias, por tratarse -en este momento- del único grupo organizado capaz de crear equilibrio ante los excesos del poder.
Por lo pronto, quienes dirigen el movimiento de las comunidades originarias y el derecho de las mismas a acceder al presupuesto participativo directo, empiezan a tomar ventaja, pues habían anunciado que trabajarían en las 13 Tenencias y 5 encargaturas del orden en la instauración de Autogobiernos y así lo están haciendo. Ahora, además de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, van por San Felipe de Los Alzati (donde la consulta ciudadana, para constituirse en Autogobierno, será este lunes 11 de noviembre), después seguirían Francisco Serrato y Aputzio de Juárez.
Lo que ha alertado a los opositores de dichas acciones constitutivas de Autogobiernos, que reaccionan intentando desacreditar al movimiento y a sus dirigentes. Lo que es normal y de acuerdo a la fuerza de la resistencia, es el temor por entregar a las comunidades parte del presupuesto que les corresponde, de acuerdo a la cantidad de habitantes. Pero más grande es la ansiedad por perder el control político y electoral.
Por ejemplo, en el Municipio de Morelia, ayer jueves, en la Tenencia de Capula, sus pobladores rechazaron la instauración del Autogobierno en sus comunidades. No obstante los esfuerzos del gobernador y del secretario de gobierno. Lo que demuestra la fortaleza y liderazgo del alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Caso contrario a lo que sucede en Zitácuaro con el gobierno municipal, cuyos actores principales vienen a la baja, confirmándose las “irregularidades” durante el proceso electoral para aferrarse de la presidencia.
Hemos insistido que ni toda la oposición junta hace más daño a un partido, gobierno o movimiento, que un mal funcionario surgido de sus filas, y en el caso de Zitácuaro abundan los pésimos “servidores públicos”. Pues no se perciben resultados tangibles que demuestren eficiencia gubernamental: no somos la capital financiera del estado, como se nos prometió; el desempleo crece, demostrándose con el incremento de la economía informal y el aumento del comercio ambulante. No hay obras de impacto social, solo parches en algunas vialidades, así como el arreglo innecesario en calles que no lo necesitan, mientras se desatienden carreteras destrozadas y prácticamente intransitables.
Prevaleciendo el desorden y caos en calles y banquetas, ocupadas por comerciantes que tienen mercados semi vacíos; anarquía en el transporte público, especialmente el servicio colectivo que inunda las calles del centro de la ciudad, obligando a otros conductores a transitar a la velocidad que a ellos se les antoja y haciendo paradas donde quieran y sitios de taxis apropiándose de la vía pública, lo mismo que automovilistas particulares que se adueñas de carriles para estacionarse en el arroyo vehicular, convirtiendo en costumbre la irregularidad. Pues no existe autoridad, municipal ni estatal, capaz que imponer orden.
Las anteriores, son sólo algunas debilidades que no han sido atendidas y dan elementos a la oposición -si la hubiera- para fortalecerse. Obviamente el gobierno jamás aceptará lo negativo de su administración, resultando más cómodo culpar a otros; en este caso a la “reducción presupuestal” y a los Autogobiernos por el dinero que se les destina, aunque sea mínimo y con el que sí están haciendo obras, mejor analizadas, planeadas, ejecutadas y auditadas, que el propio ayuntamiento.
Otro problema que podría detonar, evidenciando insensibilidad de algunos funcionarios con sus propios compañeros y colaboradores, es el despido masivo de trabajadores -hombres y mujeres-. Empleados municipales de diversas áreas que, de un día para otro se quedaron sin trabajo, enfrentándose a un futuro incierto. Algunos de ellos han afirmado que recibieron promesas verbales de recontratación, si continuaban prestando sus servicios fuera de nómina durante 90 días. Pero temen se trate de una treta para que el gobierno municipal se “ahorre” el pago de liquidaciones.
De ser fundado el temor de los empleados despedidos, en el sentido de negarles sus derechos laborales y el pago de sus finiquitos, se estaría frente a una cruel burla para con sus colaboradores y las familias que de ellos dependen. Se trataría así mismo de una violación flagrante a los derechos laborales de los trabajadores. Situación similar pudiese estar sucediendo con las promesas de contratación de los nuevos empleados, a quiénes se les a informado que serán contratados en enero, que mientras trabajen. Dudándose si se les compensará de manera retroactiva. Resultando injusto se juegue con las esperanzas de sustento de las familias. Esperemos solo se trate de temores infundados.
Ante dicha incertidumbre, es urgente que el ayuntamiento realice un censo real del personal necesario en cada área. Las promesas vagas y la confusión generalizada en torno a las bajas y nuevas contrataciones no solo dañan la imagen del gobierno municipal, también fomentan una atmosfera de caos y desconfianza. Además, deben transparentarse las políticas laborales y de finiquito, para evitar que esos abusos se normalicen como una practica aceptable en el servicio público. Pues se debe también velar por la dignidad y el respeto a los trabajadores, lo que debe ser una premisa para creer que la preocupación del gobierno por servir a la comunidad es real, y no se trata nada más de proteger sus interese personales.