J. Salatiel Arroyo
El lunes, en Zitácuaro, se suscitó otro hecho violento, que ya son cotidianos en nuestro municipio…
también comienza a ser común que actividades ilícitas de alto impacto se ejecuten en pleno centro
de la ciudad y frente a las corporaciones policiacas, que difícilmente se enteran de los sucesos. Ese
día (03 de abril), sobre la avenida Revolución un vehículo blanco perseguía a un coche azul y de
este los tripulantes disparaban armas de fuego en contra de sus persecutores.
Al llegar a la esquina con Mariano Matamoros, un hombre con las manos atadas se arrojó del
vehículo azul en movimiento, cuando por el lugar – de acuerdo a versión de testigos presenciales, circulaban elementos del ejército, quiénes auxiliaron a la persona privada de la libertad y
detuvieron a los tripulantes del carro azul que, presuntamente, resultaron ser integrantes de una
célula delictiva que llevaban secuestrado al individuo que se arrojó del carro, mientras sus
familiares perseguían a los plagiarios en el coche blanco, que era agredidos a balazos por los ahora
detenidos.
Más tarde se informaría que también la pareja del raptado se encontraba privada de la libertad
por integrantes del mismo grupo delictivo, siendo liberada por las corporaciones policiacas y
militares.
Cómo en esta ocasión el saldo fue favorable para las fuerzas de seguridad, que lograron detener a
dos presuntos infractores, auxiliar a quien se liberó de sus captores y rescatar a su pareja, de
inmediato la Guardia Civil o policía de la Secretaría de Seguridad Pública estatal intentó atraer los
“reflectores” a su favor, atribuyéndose el mérito a través de comunicados de prensa; cuando la
labor de detención –de acuerdo a testigos oculares- la realizaron integrantes del ejército
mexicano.
Esa actitud, de los mandos locales de la Guardia Civil, nos recuerda el reciente protagonismo del
General Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, cuando vino a Zitácuaro a “coordinar” la
ofensiva en contra de un presunto grupo delictivo que enfrentó a las corporaciones policiacas por
el rumbo del Cetis, que llegó cuando la escaramuza había terminado, nada más a modelar
posando para las cámaras fotográficas. Pero, minutos después, un subordinado suyo, Comisario
Regional de Zitácuaro, era exhibido de tener vínculos con un presunto cabecilla delincuencial.
Conducta similar volvió adoptar el Secretario José Alfredo Ortega Reyes durante el enfrentamiento
en Misión del Valle, municipio de Tarimbaro, a donde el mando policiaco arribó escoltado por más
de una veintena de escoltas. Elementos que resultan indispensables para fortalecer la capacidad
de fuego de sus compañeros en combate, las tareas de disuasión del delito y protección
ciudadana, fuerza policiaca del estado que es distraída para el lucimiento personal del máximo jefe
policial.
Lo que tampoco es novedad, que mandos policiacos y militares tengan lazos cercanos con el
crimen organizado, que se reúnan, dialogue y convivan. Lo negativo, es que los acuerdos y alianzas
entre ellos se traduzcan en beneficios económicos para las autoridades gubernamentales, a
cambio de impunidad, fortalecimiento y expansión de las agrupaciones delictivas, en perjuicio de
la población productiva, que cada vez en más azotada por la inseguridad, violencia y crisis
económica, con la fuga de capitales, inhibición de inversiones y desempleo.
Y, mientras la inseguridad crece, se multiplican las extorsiones, secuestros, asesinatos (incluso de
luchadores sociales y activistas ambientales) y desplazamientos de núcleos poblacionales que
huyen de la inseguridad en sus lugares de origen, para buscar refugio en otros municipios, estados
o fuera del país… los mandos policiacos, además de “convivir” con los jefes criminales, se dedican
a presionar a sus subordinados para que hagan comentarios favorables en redes sociales y a
engañar a la población con simulaciones y declaraciones, en el sentido de que todo está bien en el
estado, que los comentarios en contra son infundios de adversarios políticos y personas que
buscan hacer daño a la imagen del gobierno y pretenden perjudicar la paz, armonía y estabilidad,
para detener los cambios que impulsa la 4T en todo el país.
LA NUEVA ESCLAVITUD EN MÉXICO y LA COMPLACENCIA GUBERNAMENTAL
No obstante que en la Constitución General de la República y las particulares de los estados se
encuentra abolida, en el territorio nacional prevalecen diversas formas de esclavitud. Que es la
condición de personas que carece de derechos fundamentales, como son la igualdad y libertad,
arrebatados por terceros que los mantienen en situación de sometimiento en contra de su
voluntad, pero con la complacencia de los tres niveles de gobierno.
En nuestro país desde hace décadas, por negligencia, y ahora por costumbre, se ha tolerado la
trata de personas para el tráfico sexual, más recientemente el contrabando humano de migrantes.
Pero, actualmente con la descomposición ética de la clase gobernante y la degradación en la
aplicación de la ley, se ha incrementado la desaparición de niños, que son arrancados del seno
familiar para ser explotados sexualmente o utilizados para el tráfico de órganos.
Sin embargo, en determinadas regiones del país, la esclavitud más común, es la que las
organizaciones criminales, en colaboración con las diversas instancias de gobierno, ejercen sobre
la población. A la que mantienen sometida con actos de terror, mientras se les arrebata parte de
los ingresos para costear sus pugnas, cobrándoles cuotas, derecho de piso o coaccionándolos a
estar bajo su servicio o supervisión.
Otra esclavitud tortuosa, es la que ejercen grupos del crimen organizado en contra de jóvenes que
son privados de la libertad para enrolarlos en sus filas y mandarlos al frente de batalla como
“carne de cañón”, en las disputas con cárteles enemigos y para extorsionar a la sociedad.
En diversas regiones de Michoacán, y del país, jóvenes son “levantados” y llevados contra su
voluntad para incorporarlos a las actividades ilícitas del grupo que los capturó, generando angustia
indescriptible en los padres de los jóvenes privados de la libertad, que en ocasiones son llevados a
enfrentar a agrupaciones enemigas, donde son asesinados y los cuerpos desaparecidos. Esto es del
dominio público, aunque las autoridades simulan ignorarlo. Pero lo que no se mitiga, es la
desesperación en la familia de los desaparecidos.
Mientras la sociedad toda padece los estragos de la inseguridad y violencia, los gobernantes –de
todos los niveles- siguen en su luna de miel con el poder, culpando a otros para evadir su
responsabilidad y confrontando a la sociedad entre defensores y detractores de las políticas
públicas, incluso de los personajes que llegaron ahí para servir con diligencia, honestidad y
transparencia… “mandar obedeciendo” nos prometieron… estar bajo el escrutinio ciudadano, sin
llenarse de furia cuando sectores sociales no coinciden con lo que consideran equívocos, pues
juraron cumplir y hacer cumplir la ley… sino, que el “pueblo se los demande”.