J. Salatiel Arroyo Zamora
En la pasada edición lamentamos los sucesos de violencia ocurridos en la Tenencia de El Olivo, municipio de Tuzantla. Donde la población, durante más de 36 horas, estuvo implorando auxilio a las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, así como al Ejército Mexicano. Pues se encontraban en medio de enfrentamientos entre grupos de civiles armados, sin que recibieran respuesta favorable de las fuerzas armadas, sólo engaños y regaños. Les aseguraban que ya habían ido y no localizaron la zona de conflicto (como si no dispusieran de costosa y avanzada tecnología, acceso a satélites y GPS, entre otras herramientas de geolocalización, adquiridas con los impuestos de los contribuyentes). Lo que, además, denotaría ausencia de trabajos previos de inteligencia y coordinación con otras corporaciones de la zona.
Finalmente, las fuerzas del orden lograron llegar a El Olivo, pero una vez que ya no había pistoleros hostigando a la población y masacrándose entre ellos, cuando no existía peligro alguno, ni a quien aprehender, pues los infractores se habían retirado de la zona. Sólo arribaron a recoger cadáveres.
En esa misma colaboración, de la semana pasada, manifestamos que omisiones de auxilio como esa dificultan que la sociedad pueda confiar en sus autoridades, gobernantes, representantes populares (alcaldes, diputados y senadores), así como en las fuerzas armadas. Relación que cada vez es más distante. Reafirmándose la hipótesis de la colusión en algunos casos, la ineptitud e indolencia en otros; pero siempre la población, ajena a dichos conflictos, resulta rehén de la complicidad e ineficacia.
Por lo anterior, expresamos el deseo de que ojalá esa indolencia no se volviera a repetir en Tuzantla y en ninguna parte de Michoacán, ni del país. Sin embargo, se trasladó también a las autoridades de Zitácuaro, responsables de respetar y hacer respetar las garantías de la población, particularmente el derecho a la seguridad pública y protección a la vida.
Desde hace días se difundió que habitantes de comunidades pertenecientes al municipio de Zitácuaro estaban siendo víctimas de desplazamiento forzado, por el constante acoso de civiles armados. Sucediendo en esta región un fenómeno que muchos no se atrevían a imaginar y otros veían lejano; ya que se padece en lugares remotos de la geografía michoacana, como en la sierra de Aquila y Coahuayana, no a dos horas de la capital del país y sede de los poderes de la Unión.
La respuesta de la autoridad fue evasiva, manifestando que el gobierno de Zitácuaro respalda a la población “ante daños colaterales de hechos suscitados en municipios vecinos”, que los pobladores afectados no estaban solos, “el compromiso de este gobierno es estar cerca de nuestra gente, especialmente en los momentos más difíciles. La Heroica siempre se ha distinguido por su fortaleza, y hoy más que nunca estamos unidos para salir adelante”. Expresó Juan Antonio Ixtláhuac, con una retórica elocuente, pero ilusoria.
Ese mismo día, miércoles 28 de mayo, en un paraje cercano a la Tenencia de Aputzio, un joven trabajador (zitacuarense) que vendía muebles, perdió la vida. Supuestamente entre el fuego cruzado de grupos delincuenciales. Donde incluso -según las autoridades- se detonaron explosivos, aparentemente arrojados desde drones.
Al fijar su postura al respecto, el edil zitacuarense informó que se ha reforzado la coordinación con la Guardia Civil y la Guardia Nacional, que ha solicitado mayor presencia federal y estatal para garantizar la seguridad, además de mantener comunicación directa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla… pero que, hasta en días próximos visitará personalmente la Tenencia de Aputzio´ (ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal), para atender las necesidades de las familias afectadas. Y que, fuera de esa zona específica, Zitácuaro está en calma y las actividades continúan con normalidad…
Usted interprete, estimado lector. Pero tome las medidas preventivas pertinentes, haciendo de cuenta que la autoridad solo cuida sus intereses personales, no le importa la seguridad y bienestar de la población. Eso, es solo contenido de discursos demagógicos.
Ni siquiera en problemas de menor gravedad, como conflictos domésticos, riñas entre vecinos, la policía de Zitácuaro actúa con eficacia. Hoy mismo (viernes), vecinos del Fraccionamiento “El Fresno Tres” solicitaron la intervención de Seguridad Pública para evitar un pleito vecinal, pero los elementos jamás se presentaron. Una de las partes involucrada en el conflicto tuvo que ir incluso a la presidencia municipal en busca de auxilio, recibiendo sólo evasivas.
LA ABERRACIÓN DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL
Es cierto, urgía una reforma al Poder Judicial, particularmente para acabar con el nepotismo y los privilegios laborales y financieros de ministros, magistrados y jueces, que han tenido copado a los juzgados, tribunales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si de propiedad privada se tratase. Que hay corrupción en el poder judicial, también es verdad, pero no es mayor a la putrefacción arraigada en los ministerios públicos y en las policías de investigación. Incluso, en las áreas del poder ejecutivo es superior la descomposición. Así que, esta reforma hecha al Poder Judicial no es con el propósito de mejorar el sistema de administración de justicia. De ser así, debió iniciar con la adecuación de las Fiscalías al combate de prácticas ilegales, entendiendo que los jueces no investigan, ellos determinan sus juicios conforme a la información que brindan las carpetas de investigación.
En esta reforma se cometieron diversos excesos y “errores” intencionales, que hacen presumir intentos de acabar con la división de poderes, como principio fundamental de la democracia en nuestro país, con lo cual se garantiza la soberanía popular y el cumplimiento de la Constitución.
El primer error, son las circunstancias que rodean la reforma y la procedencia de su propuesta, que hacen suponer un acto de venganza política, del ex presidente López Obrador contra el Poder Judicial, por los bloqueos a proyectos obradoristas. Otro desacierto es despedir, justificadamente o no, a todos los jueces, magistrados y ministros actuales, con años de servicio, con amplia experiencia y carrera judicial de respaldo.
Pero, la peor infamia, es contaminar al Poder Judicial con procesos electorales, como ha sucedido con los otros dos poderes. Rebajando a los aspirantes a Jueces, magistrados y ministros a la infamante condición de candidatos políticos mendingando votos, donde gana el más hábil para mentir y engañar, no el mejor preparado y justo (estos últimos ni siquiera de involucran en algo tan denigrante).
Elegir a los integrantes del Poder Judicial a través del voto popular no es la mejor vía para la adecuada administración e impartición de justicia; primero, porque miles de abogados que eligieron la carrera judicial como su actividad laboral, verán truncado para siempre su proyecto de vida con esta reforma. Pues la carrera judicial es la profesión más demandante, tanto como la medicina; se inicia como meritorio, notificador, proyectista, secretario de acuerdos y algunos, tras 25 años o más, no logran convertirse en jueces, a pesar de los años de preparación para ir ascendiendo.
Ahora bastará un proceso electoral (normalmente viciado, como lo son en México), el apoyo de un partido político (seguramente putrefacto), la decisión de los gobernantes (para proteger sus interese aviesos) y la probable intervención del crimen organizado, que son los que realmente mandan, frente a la ausencia del estado de derecho y el respeto a la legalidad. Ya que, al lanzarse la convocatoria respectiva, se abre la oportunidad para que cualquiera pueda acceder a dichos cargos, sin importar los 20 o 25 años de carrera judicial, tiempo durante el cual el aspirante se preparó para contender por oposición en conocimientos y capacidad jurídica para llegar a ser juez.
Pero con la reforma, cualquier abogado que conozca al dirigente o cabecilla de algún partido político, este en la lista del gobernador y tenga el aval de los que “mandan”, podrá ser juez, sin problema alguno. Aunque ignore totalmente la impartición de justicia.
Ahora bien, les confieso que tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho (en la UMSNH) y aunque estoy un tanto desactualizado, conozco lo elemental. Aun así, no me atrevería a decidir quién debe o no ser juez, mucho menos ministro o magistrado. Esa es una decisión de responsabilidad excesiva, que no intentaría echarme a cuestas.
Hasta antes de la reforma al Poder Judicial, en Michoacán, la designación de jueces se realizaba de la siguiente manera: el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, integrado por un representante del Poder Ejecutivo, uno del Poder Legislativo, un Consejero nombrado por los jueces, un Consejero nombrado por los magistrados y el presidente del tribunal, emitía la convocatoria, se practicaba un examen para definir quién debería participar en el curso y quienes lo aprobaran accedían al concurso de oposición y se integraban a una lista de reserva. El curso se llevaba a cabo por el Instituto de la judicatura.
En el caso de los magistrados, el proceso era similar, con la salvedad de que, al finalizar el curso y concurso, tres de los aspirantes participaban en una terna que era sometida a valoración y votación por el Congreso del Estado.
A nivel federal, para designar jueces de distrito, magistrados y ministros, el proceso es (era) más riguroso. Pero hoy (el domingo 01 de junio), esa responsabilidad recaerá en una muchedumbre que ignora la estructura organizativa y funcional del Poder Judicial. La inmensa mayoría de mexicanos no sabe que es el Poder Judicial, cómo se compone y cuál es su funcionamiento. Aun así, el Legislativo, por orden del Ejecutivo, se atrevió a transferirnos esa responsabilidad, a pesar de que nos hemos equivocado hasta en la elección de un presidente municipal.
La inmensa mayoría de mexicanos no estamos preparados para ejercer con responsabilidad esa libertad, que con ligereza la transformamos en libertinaje. No investigamos con seriedad los antecedentes de los candidatos, ni reflexionamos acerca de su confiabilidad y capacidad para desempeñar el cargo, con facilidad nos dejamos convencer por una retórica cautivadora, imagen encantadora y promesas esperanzadoras, aunque sean irrealizables, y nos conste que son con el propósito de manipular.
Lo peor que nos puede pasar, es condenar a jueces, magistrados y ministros a actuar de la misma manera, a usar la mentira y manipulación, a cambio del estudio y preparación. Obligarlos a salir a mendigar un ascenso, lo que antes con trabajo y preparación se lograba. Forzando a los integrantes del Poder Judicial a corromperse anticipadamente, como sucede con la clase política. Además de aceptar (en muchos casos) un cargo para el cual no se está preparado.