J. Salatiel Arroyo Zamora
Hace algunos años, a la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, al constatar que la lucha contra la violencia e inseguridad que generan los grupos armados en México crecía y se expandía, comenté el riesgo que ello representaba para la soberanía de nuestra república, al convertirse en un problema de Seguridad Nacional para nuestros principales socios comerciales y vecinos del norte. La inacción del gobierno federal contra la creciente criminalidad, la impunidad brindada a los cabecillas delincuenciales, así como la errática política de “abrazos y no balazos” a los generadores de violencia, se convertían en caldo de cultivo para el fortalecimiento, crecimiento, expansión y proliferación de las organizaciones criminales, que cada vez empleaban métodos más inhumanos y espeluznantes contra sus adversarios, generando miedo y terror, incluso en la sociedad ajena a sus actividades delictivas.
Cómo si se tratase de un acuerdo previo, para facilitar la intromisión de Estados Unidos de Norteamérica en asuntos internos de nuestro país, la violencia y criminalidad crecen de manera desenfrenada, haciendo creer a la población que su poderío es superior incluso a las fuerzas armadas del estado, pues han infiltrado a las instituciones públicas y amenazando con someter y controlar a los mismos gobiernos de diversas maneras, siendo una de ellas el financiamiento a candidatos y provocando miedo en la clase política, con el asesinato de algunos de sus integrantes.
El control social de territorios de la mayor parte del país, la infiltración y dominio de las instituciones de la Patria, el sometimiento de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del estado (particularmente del ejecutivo, al cual pertenecen las fuerzas del orden), así como el establecimiento de gobiernos paralelos de facto (más eficientes en la recaudación tributaria que el mismo SAT), han hecho creer a ciertos sectores de la población que los grupos armados son más poderosos y con mayor capacidad de fuego que las fuerzas armadas del gobernó federal, y que es necesario una fuerza superior externa que “ proteja” la vida de los connacionales.
Es decir, de manera dolosa o culposa el gobierno ha creado las condiciones para que los mexicanos imploremos la intromisión de fuerzas extranjeras que vengan en nuestro auxilio y recibamos a los invasores de nuestra soberanía con banderas gringas, dándoles la bienvenida. Nada más faltaba otro pretexto, para que EU justificara la intrusión: el terrorismo.
TERRORISMO, es la sucesión de actos de violencia ejecutados con el propósito de infundir terror. Se trata así mismo de la actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos de dominación y control. Siendo una de las manifestaciones más comunes de actos terroristas, en el mundo, la explosión de coches bombas. Que es el pretexto que nos faltaba, y ya sucedió en Guanajuato.
Sólo el gobierno norteamericano sabe cómo y cuándo sucederá, pero de que habrá injerencia abierta en los asuntos internos del Estado Mexicano no existe duda. El ultraje a nuestra soberanía nacional hace décadas ha sido tolerado, con agentes de la CIA (denunciados en su momento por el periodista Manuel Buendía Tellezgirón), así como de la DEA en la época de Enrique Camarena Salazar y Rafael Caro Quintero. Pero lo hacían de manera discreta o simulada.
En esta ocasión, irónicamente con la 4T y sus “revolucionarios izquierdistas y pro comunistas”, el entreguismo de la soberanía de la Patria está siendo abierta, descarada, e implorada por esa mayoría de mexicanos que, por migajas unos y otros por ambición a comodidades personales, se niegan a aceptar la realidad y que las condiciones así están siendo creadas por los gobiernos por ellos electos, que, en el discurso se oponen a la dominación del imperialismo, pero en la praxis, con sus omisiones, complacencias y negligencias lo fomentan, generando elementos de sobra para que la potente policía mundial alegue riesgos de seguridad nacional para sus compatriotas, al tener por vecinos a “terroristas”.
Sí el terror y terrorismo no fueran suficientes para que el “extraño enemigo profane con sus plantas nuestro suelo…” está también la derogación de facto de los derechos universales de la población, particularmente la libertad…
Sí, somos esclavos en nuestra tierra, donde no existe derecho de libre tránsito, mucho menos de expresión. Incluso hay zona donde niñas y adolescentes son arrebatadas del seno familiar y ultrajadas sexualmente. Lo mismo que niños y jóvenes son obligados a reclutarse como integrantes de grupos armados. Violentándose flagrante y reiteradamente garantías tuteladas por organismos y tratados internacionales, de los cuales México forma parte y ha signado, obligándose a acatar dichas disposiciones.
ASESINATO DE PERIODISTAS
La impunidad del gobierno para los criminales (asesinos, secuestradores y extorsionadores) contrasta radicalmente con el hostigamiento, persecución y campañas de odio contra el gremio de los comunicadores, que ha traído como consecuencia (de sus aliados “acomedidos”) 168 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha: 03 con Ernesto Zedillo, 22 con Vicente Fox Quesada, 48 con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 47 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 47 con Andrés Manuel López Obrador y uno con Claudia Sheinbaum Pardo que, desafortunadamente, se trata de un paisano michoacano: Mauricio Cruz Solís, de la ciudad de Uruapan.
Así que, la cifra negra de la 4T ha alcanzado al ex mandatario de la derecha en México y su guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón y su encarcelado colaborador Genaro García Luna. Número funesto que seguramente será superado por el movimiento “transformador” y su histórica presidenta de la república.
Los políticos, supuestamente opositores, afirman que, “quien mata a un periodista desafía al Estado y pretende amordazar al pueblo”. Declaración timorata y servicial, pues nadie desafía a quien se tiene a su servicio, y al pueblo no se le pretende amordazar, se le tiene esclavizado, aterrorizado y a dos fuegos: la corrupción del gobierno y la violencia de los poderes fácticos.
Asesinar a un periodista, es la manifestación más clara de la putrefacción de la clase política, más perversa que el propio crimen organizado. Los capos o cabecillas delincuenciales saben perfectamente que los periodistas no son rivales para ellos, no les representan ningún peligro. Basta con decir que no se escriba o aborde determinado tema, para que así suceda. No es necesario quitarles la vida, una advertencia es suficiente. Pues, el poder que el gobierno les ha conferido es real y su capacidad de fuego indiscutible. En tanto los comunicadores, la única arma que poseen es una computadora, cámara y micrófono.
Además, a los jefes delincuenciales de hoy en nada les perjudica que se conozca su identidad, todos saben quiénes son y donde están, especialmente aquellos que presumiblemente los persiguen. A los Capos más bien les interesa la publicidad, que hasta corridos se mandan hacer, otros buscan que se escriban libros de sus hazañas y andanzas.
A los que incomoda se conozca lo oscuro de ellos, es a los políticos, gobernantes y funcionarios corruptos, criminales e hipócritas. Por ello la certeza de que, en el asesinato de un periodista, comúnmente el autor intelectual es un político, o alguien cercano a él. Los otros, los “malos”, son sólo peones, instrumentos, piezas desechables o reemplazables en el ajedrez criminal.
NADA DAÑA MÁS A UN MOVIMIENTO, QUE UN MAL GOBERNANTE
Ni toda la oposición junta causa más daño a un movimiento político, que un mal gobernante o funcionario público surgido de sus filas. Sin embargo, ahora, que la disidencia política es ficción, los seres encumbrados en el poder están en condiciones de hacer lo que quieran y nada pasará. La indignación es breve y pasajera, y el beneficio personal para ellos permanente.
Si lo duda, revise el caso de Michoacán. Mientras el estado se cae a pedazos, se asesina a personas todos los días, incluido un periodista, las carreteras se encuentran destrozadas e intransitables, la economía paupérrima… el gobernador visita Europa en viaje de placer y con cargo al erario público.
Si eso hubiese pasado en un gobierno priista y teniendo a AMLO como opositor, el gobernante o funcionario hubiese sido separado del cargo o presentada la licencia respectiva. Recuérdese el caso más reciente, el de David Korenfeld, que renunció a la Conagua al ser descubierto usando un helicóptero oficial con fines personales, como transporte personal, para llevar de paseo a su familia. Durante el gobierno de Peña Nieto. Hoy, las frivolidades se premian. No se diga los latrocinios.
Pero de todo lo negativo se seguirá culpando al pasado, ahora convenientemente al poder judicial. A pesar de que Andrés Manuel se presentó ante los mexicanos como un gobernante amante de la justicia, respetuoso de la ley y combatiente de la corrupción. No obstante, si bien no se trata de un narcotraficante, como sus detractores han intentado hacerlo parecer, si se trató de un importante facilitador de las actividades, fortalecimiento y expansión de ciertas organizaciones criminales.
Sim embargo, nada pasará, aun cuando la sentencia en contra de García Luna es con el propósito de dar un escarmiento a los funcionarios que facilitan las actividades de los carteles de la droga… EU iría tras los facilitadores. Gracias a esos “facilitadores”, el país se encuentra hundido en un infierno de violencia, inseguridad e impunidad. El crimen organizado nunca fue más poderoso, como en los tiempos de López Obrador.
Pero toda esa información y la facilitada por “el Mayo Zambada”, EU la utilizará con fines “diplomáticos” en nuestro país, teniendo de los testículos a los lideres más poderosos de la nación.