J. Salatiel Arroyo Zamora
A Silvano Aureoles Conejo, desde hace años, se le ha incriminado como el peor o más grande
ladrón de Michoacán. Imputación proveniente especialmente de sus adversarios políticos. Pero ¿O
es demasiado hábil para no dejar evidencia o sus acusadores son en exceso estúpidos para no
encontrarla?
Antes de continuar, se debe aclarar que el delito de robo no se encuentra tipificado en contra de
los políticos, ni en perjuicio de quiénes ejercen funciones públicas. Ellos, cuando mucho incurren
en “inconsistencias administrativas y desvío de recursos”, y son castigados con “observaciones”.
Pero se les concede la oportunidad de “desvanecer” esas “faltas” que se cometieron.
Para quiénes procuran y administran la ley en nuestro país, bandido, ratero, ladrón, es aquél que
se roba una gallina para saciar su hambre y la de su familia o el que hurta medicina para curar a su
hijo enfermo… a esos sí hay que aplicarles todo el peso de ley sin misericordia… al político y
servidor público no, a ellos hay que premiarlos por saber trabajar y “ponerlos donde hay”, para
que se “mochen” o protegerlos con acuerdos políticos, por tratarse de bestias de la misma calaña.
Bueno, pues el día martes se llevó a cabo un fuerte operativo policiaco en un rancho cercano a
Morelia.
Los primeros informes indicaban que se trataba de un inmueble propiedad del ex
gobernador Silvano Aureoles. Algunos medios de comunicación afirmaban que se habían
localizado bóvedas blindadas repletas de dinero. De inmediato las redes sociales se saturaron con
cometarios aniquilantes en contra del ex mandatario, acusándolo de ladrón, narcotraficante,
incluso que el dinero ahí encontrado era producto de las cuotas sindicales y salarios del magisterio
michoacano.
Las acometidas en contra de Aureoles eran masivas y los insultos agresivos. Todos daban por
hecho que lo filtrado por el gobierno era cierto y pronosticaban la caída del odiado enemigo
político.
Arrojado como es, hábil como pocos y experto en manejo de crisis, Aureoles Conejo aprovechó la
coyuntura que se le presentaba, de inmediato salió a dar la cara, acusando montajes armados por
el gobierno de Michoacán, negando que la propiedad invadida y vulnerada fuese suya, que el
propósito era imputarle cosas que no son, querer desprestigiarlo, lastimar su nombre e imagen,
tendiendo una cortina de humo por parte de “Juanito Bedolla”… que en su afán por golpearlo, el
gobierno del estado lastima a terceros que nada tienen que ver con sus diferencias políticas, acusando de incompetentes y mediocres a quienes gobiernan Michoacán.
Las afirmaciones de Aureoles de inmediato fueron ratificadas por el supuesto verdadero
propietario del rancho intervenido por las corporaciones policiacas, el ex aspirante a gobernador y
acaudalado agro empresario Valentín Rodríguez. Mientras los comentarios en contra de Silvano
disminuían, el gobierno del estado se exhibía una vez más y aportaba elementos de proyección y
crecimiento a su más férreo adversario.
Pero la batalla mediática continuaría, más tarde se involucró a la esposa de Miguel Ángel Aguirre
Avellaneda, Auditor Superior de Michoacán, como propietaria del inmueble cateado. El
funcionario vinculado con Aureoles salió a desmentir la versión, manifestando que involucrar el
nombre de su esposa en un incidente del que no se sabe nada con certeza, podría ser parte de una
campaña de desprestigio en su contra para presionarlo a renunciar al cargo (como ya se había
intentado días antes).
El mismo miércoles por la noche, el diputado federal Francisco Huacus denunció, vía twitter, que
representantes del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estaban presionando al poder judicial
para “después de su fallido montaje” se les otorgue una orden de cateo (otra), “siendo un tema
desfasado e intrascendente, además violatorio de toda norma”.
Y, efectivamente, al día siguiente (jueves) la Fiscalía General del Estado, con orden de cateo de un
juez, volvió al rancho “La Joya”, en el municipio de Lagunillas, donde aseguraron una camioneta
presuntamente relacionada en un secuestro. Mientras el Auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda
convocó a medios de comunicación al mismo lugar para mostrar la propiedad de su esposa, que se
localiza frente al inmueble asegurado por la Fiscalía… Así que la pugna continuará.
Los adversarios del ex gobernador michoacano pasan por alto que Silvano, lo que necesita en este
momento es difusión, que se hable de él, bien o mal, pero estar presente en el imaginario
colectivo, y si es en calidad de mártir, de víctima y perseguido político del gobierno, mucho mejor
para él. En tal sentido, los funcionarios del estado actúan más como sus aliados, que rivales.
Evidenciando poca contundencia en la legitimación de las imputaciones, ante las habilidades del
presunto infractor. Pues en primera instancia el gobierno acusó, pero no demostró, generando
confusión y dando oportunidad a que los señalados reaccionen, se prevengan, oculten evidencias
y el gobierno tenga que fabricarlas o ser acusado de ello.
DÍAS SANGRIENTOS EN MICHOACÁN
Durante los últimos días se ha intensificado la violencia en Michoacán (a la que muchos sectores
de la sociedad se han venido acostumbrando, hasta que no llega al seno familiar), aunado al
incremento alarmante de homicidios dolosos en Zamora, Jacona, Uruapan y Morelia, dos
luchadores sociales de la sierra costa nahua de Michoacán desaparecieron y no han sido
localizados; en Coalcomán, un Coronel, comandante de esa zona militar, fue asesinado; en
Morelia, en la zona residencial de mayor plusvalía de la capital del estado, y por ello
presumiblemente con más seguridad, un ex diputado local priista fue ejecutado; y en Juangapeo,
los asistentes a un palenque fueron acribillados con armas de fuego, desconociéndose con certeza
el número de víctimas mortales
Aunque el gobierno del estado y las corporaciones policiacas se empeñen en afirmar que hay una
reducción del 32 % en la comisión de homicidios dolosos en Michoacán, registrados en enero del
2023, en comparación con enero del 2022. Lo cierto, es que la sensación de zozobra e
incertidumbre va en aumento y la aplicación de los millonarios recursos del “FORTAPAZ” y las
“estrategias” de la SSP, no están arrojando los resultados esperados, de protección a las garantías
elementales de la población, que se encuentra en absoluto estado de indefensión.
En tanto, el gobierno pretende descargar parte de su responsabilidad en las Kuarichas o guardias
comunitarias, que se están creando en las comunidades indígenas con auto gobierno y que
pudiese tratarse de un pretexto o estrategia para justificar la multimillonaria erogación a través
del Fortapaz. Pues el ejecutivo estatal no tiene control siquiera de los mandos de la SSP, que se
supone está directamente subordinados a su dirección, para impedir sean infiltrados. Menos se
podrá supervisar a policías de pueblos autónomos.
Aunque, efectivamente las guardias comunitarias no son lo mismo que “las autodefensas” de
Alfredo Castillo, también se contaminarán. Sólo es cuestión de tiempo. Ni que los líderes de dichas
comunidades fueran extraterrestres, ajenos a las pasiones, vicios y “aspiraciones” de la clase
política del país. Sin excepción, todos andan ahí en busca de dinero y poder… al tiempo.
LOS ASPIRANTES
En la colaboración pasada iniciamos con la lista de los políticos, funcionarios y ciudadanos que
podrían ser partícipes o actores en el proceso electoral del 2024, en este municipio (Zitácuaro) y la
región, como proyectos, aspirantes, candidatos o coordinadores de campaña, de manera indistinta
y de los diversos partidos políticos y coaliciones (actualmente la doctrina y filiación partidista
resulta estorbosa en quiénes buscan el poder, cambian de “ideología” de acuerdo a las
conveniencias).
La enumeración se inició con el presidente municipal Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Mary
Carmen Bernal Martínez, Rocío Santos de la Cruz, Gloria Tapia Reyes, Rosa María Salinas Téllez y
Juan Carlos Campos Ponce.
A dicha relación se suman los nombres de Santiago Jiménez Baca, Emma Rivera Camacho, Catalina
Arguello Flores, Erika Karina Alvarado Alcántar, Nancy Vilchis Hinojosa, Norma Angélica Yáñez
Sierra, Eduardo Miranda Cambrón, Karen Sánchez Marín, Sergio Freeman Hernández, Raúl Ocelotl,
Rosa María Pérez Chaires, Rafael Colín Benítez, Alberto Hope Gómez, Gotardo León Villalobos,
Froylan Vázquez Aragón, Andrés Hernández Lindoro, Pedro Peralta Villegas, Sidney Ricardo
Santana Pérez, Víctor Manuel Torres Morales, Octavio Ocampo Córdoba, Guillermo Estefan
Abuchard, Carlos Alberto Paredes Correa, Jaime Hinojosa Campa, Ulises Romero Hernández,
Leticia Fernández Durán, Miguel Ángel García Díaz, Kenia del Carmen García Lemus, Mirna Merlos
Ayón, J. Ricardo Garduño Moscosa, Sergio Jairo González Correa, Juan Carlos Guzmán Jalili, Jorge
Arredondo, Omar Contreras Ramírez, Sofía Ruíz Ambriz, Jorge Armando Rubio Monroy, Carlos
Alberto Arriaga Flores, Amado Gómez González, René Garfias García, Julio César Vaca Camargo,
Carlos Reyes Reynoso, Joaquina Jordán Hernández, Moisés Guzmán Pérez, Víctor Hugo Garduño
Monroy, Rogelio Sosa López, Francisco Bastién Avalos, Jesús Chávez Sandoval, Aldo Gabriel
Argueta, Aldo Emilio Tello Carrillo, Humberto Bastién Avalos, Rodolfo Velázquez Araujo, Salvador
Alanís Boyso, Leonel Martínez Maya, Javier Méndez Carmona, Raúl Duarte Soto, Francisco Álvarez
Díaz, Javier Saavedra Blanco, Francisco Emmanuel Duarte Valdés…. Entre muchos otros que se irán
incorporando a la lista.
Vale precisar que en la presente relación se ha incluido a ciudadanos con solvencia moral, que
poco tienen que ver con el activismo partidista, algunos incluso ignoran que están siendo
considerados como proyectos políticos. Sin embargo, ya se encuentran en el “radar” de los
cazadores de talentos.