Juan José Rosales
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Así inicia el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo uno de los derechos humanos que es pilar de toda democracia: La libertad de expresión.
Enardecido en su rueda de prensa de este lunes, Alfredo Ramírez Bedolla descalificó a los ministros de la iglesia católica; no hizo ninguna diferencia o excepción a todos los acusó sin pruebas (clásico de los cuatrotés), de la siguiente manera: “Critican al estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas criminales. Desafortunadamente, es una realidad”. Para el morenista, los sacerdotes transmutan en voceros de los sicarios.
La ira de Ramírez contra los ministros católicos fue desatada por las palabras que el Obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, ofreció en su homilía dominical: “Ayer, nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder. Él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente allá en el Zócalo, por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional, no solo por los fieles de mi Diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México”.
La pertinente reflexión del Obispo ocurre en un escenario de violencia sin precedente en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. Operación de grupos paramilitares con armamento que supera a las fuerzas estatales y en muchos casos al propio ejército; la aparición de minas terrestres que ya cobraron la vida de un civil y herido a varios integrantes de la milicia; la erosión de la autoridad municipal suplantada por los capos en turno y, el brutal asesinato de Hipólito Mora, fundador de los grupos de Autodefensa, en La Ruana.
Además, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han cometido más de 156 mil asesinatos, convirtiéndose en el periodo más sangriento de la historia y son más de 38 mil los desaparecidos en el mismo lapso. Tiene razón Monseñor Cristóbal Ascencio García al invitar a que reflexione el presidente y exigirle que en lugar de festejar, “cinco años de haber llegado al poder”, convoque a “un día de duelo para reconocer y pedir perdón por las faltas, por no haber encontrado las estrategias necesarias para la paz”.
El gobierno que encabeza el abogado Alfredo Ramírez Bedolla está desorientado, sin rumbo y temeroso. Su miedo lo demuestra tratando de ocultar la verdad, atacando y tratando de callar a quienes lo critican. Retar al Obispo de Apatzingán a “que se quite la sotana”, si quiere hacer política, es renegar de la Constitución que, en su artículo primero, párrafo tercero lo obliga a, “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Ramírez, y todas las autoridades, están obligados a respetar y promover la libertad de expresión de todos los mexicanos.
Un gobernador temeroso que exhibe su impotencia intentando desacreditar la verdad expuesta por un sacerdote que, con sotana o sin sotana, tiene el derecho de expresar sus ideas como cualquiera. Ramírez Bedolla muestra su limitación al reducir la actividad política al mero ejercicio electoral o calificar de “inconvenientes” lo dicho por el Obispo. No hay actividad humana ajena a la política, ni política que no se asocie a las diversas actividades de los hombres.
Para cerrar, el abogado Ramírez Bedolla está obligado a presentar las denuncias correspondientes dándole soporte con pruebas incontrovertibles a su dicho, que existen sacerdotes encubridores de “generadores de violencia” o que son “voceros de bandas criminales”. Si no se presenta ante la autoridad competente “con los pelos de la burra” en la mano, le tocará poner en práctica una de las frases de Abraham Lincoln, “hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacerse es no despegar los labios”.